Es claro ya que, en México, la promoción del cuidado y la defensa efectiva del medio ambiente han quedado, en su mayor parte, en manos de la sociedad civil, asediada y desprotegida en su lucha, porque, desafortunadamente, en nuestro país ser activista hoy en día representa un riesgo de muerte: de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), en los últimos tres años han sido asesinados 58 defensores del medio ambiente, 25 de ellos en 2021.

La noche del sábado 3 de abril, un grupo de hombres interceptó, torturó y mató, delante de sus hijos, a Carlos Márquez Oyorzábal, en un camino de la sierra de Guerrero, narra un reportaje de Mongabay, medio de comunicación que cubre las historias más importantes de América Latina en materia ambiental. Era comisario municipal en Las Conchitas, San Miguel Totolapan, donde trataba de detener la tala ilegal de bosques que realiza el crimen organizado para cultivar amapola.

Casos como este suceden por todo el país, por diferentes motivos y con distintos perpetradores. Detalla el Cemda que la mayoría de las víctimas, ya sea de intimidación, hostigamiento, amenazas o agresiones físicas que pueden terminar en muerte, son integrantes de comunidades indígenas, seguidos por miembros de organizaciones civiles y finalmente defensores independientes.

Por sector, el mayor número de actos violentos se dio en 2021, en el sector minero, luego en el hídrico, energético, vías de comunicación y forestal. Por estado, el número de casos fue más alto en Oaxaca, seguido por Guerrero, Sonora, Yucatán y Morelos.

Cemda identifica como probables perpetradores a los tres órdenes de Gobierno, con 41 por ciento de los casos; delincuencia organizada, con 8.3 y empresas, con 5.6.

A esta triste realidad se suma el hecho de que el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Acuerdo de Escazú se ha ralentizado, en el mejor de los casos, por la disminución drástica de los recursos para el sector ambiental.

Si bien se elevó el presupuesto para 2022, en 2019 sufrió un drástico recorte, cuyos dañinos efectos, a consideración del Cemda, no podrán ser resarcidos con este aumento.

En tanto, nos sigue ganando el deterioro forestal, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de aguas, tierras y aire. Cada año disminuyen en 500 mil hectáreas nuestras selvas y bosques; el agua escasea por las sequías producidas por el cambio climático, la sobreexplotación y la polución por drenajes domiciliarios e industriales o lamentables accidentes, como el ocurrido hace casi ocho años, cuando la minera Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en lo que ha sido considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de México.

Aunque ciertamente dicho derrame no tiene precedentes, no hay que perder de vista que la contaminación, tanto de aguas, como de tierras y aire, es masiva, constante y multifactorial, lo cual evidencia que el verdadero desastre ecológico de México está constituido por el desinterés hacia los problemas del medio ambiente, el desdén o la hostilidad hacia sus defensores y la impunidad.