Para las madres que esperan con paciencia.
Tengo una playera que tiene la pregunta: ¿Dónde están? Leo el cuestionamiento cada vez que la acomodo dentro de uno de los cajones de mi buró. Aunque conservo la alegría de manera natural, me es imposible sonreír cuando la sujeto entre mis manos.
De inmediato me pregunto dónde están Roy Rivera, César Salazar, Gino Campos, Omar Celaya y una lista de nombres que no parece terminar y que tampoco caben en este espacio. Probablemente, ni siquiera en la memoria.
Ellos están desaparecidos no de manera voluntaria. Es decir, han sido forzados.
El delito de desaparición forzada es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos (OMDHAC) es: “la privación de la libertad cometida por agentes del Estado o por personas que actúan con su consentimiento.
Que también se caracteriza por la falta de información o la negativa por parte de éste a reconocer dicha privación. Por lo que esto impide el ejercicio de los recursos legales, las garantías procesales y la protección de la víctima”.
La principal diferencia entre la desaparición forzada y un secuestro, es que el primer caso es cometido por agentes del Estado o por apoyo o consentimiento de ellos y el secuestro es cometido por particulares.
Es altamente probable que ahora te imagines por qué algunas autoridades, sobre todo las de los estados, evitan hablar del tema.
Lamentablemente, en Nuevo León la falta de tipificación de este delito aunado al miedo a las represalias hace que pocos casos sean los denunciados o expuestos públicamente.
Pero no es sólo eso lo que nos tiene sumidos en el silencio legal. A tales factores debemos sumar los prejuicios que desde la sociedad se han impuesto sobre las víctimas sin siquiera exigir las investigaciones sobre cada uno de los casos.
Los comentarios dolosos, entonces, se convierten no sólo en el reflejo de la ignorancia sobre el tema y de la falta de empatía de nuestras sociedades, sino en la justificación perfecta para que este crimen suceda vez tras vez en total y franca impunidad.
En el último par de años se ha incrementado el número de casos.
Aunque existe una cifra aproximada de 30 mil desapariciones en este último sexenio, todavía no se cuenta ni en lo formal o lo informal con datos exactos.
Esto también es grave, ¿cómo se puede perseguir un delito si nadie está dispuesto a hablar? Y tampoco es para menos, ¿quién quiere hacerlo en estas condiciones?
Detrás de cada víctima, hay amigos, esposas, hijos.
Existen historias de vida que duelen a los familiares.
La mayoría que emprende esta búsqueda y reconocimiento de sus derechos ante la justica son mujeres y son las madres.
Recuerdo entonces las historias de Amada, Blanca, Lety, Lulú, entre otras, que más que sentarse a llorar han puesto todos sus esfuerzos para encontrar a sus hijos y, además, hacer las transformaciones necesarias para que a nosotros no nos pase lo que ellas han tenido que enfrentar a raíz de esto.
Con entereza emocional, a veces en quebranto por las ausencias que duelen, estas mujeres están haciendo visible uno de los más importantes delitos que es efecto de esta guerra sin nombre.
Han creado un colectivo llamado (apoyado por FUNDEM y el OMDHAC) “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León” –FUNDDENL-.
Es una estrategia simbólica similar a la utilizada por las madres argentinas de la Plaza de Mayo, bordan junto a otros, cada domingo en el Kiosko Lucila Sabella del centro de Monterrey.
Ellas tejen historias de impunidad con la esperanza de que la pregunta: “¿dónde están?”, tenga una respuesta, porque a estas alturas todos deberíamos estarlos buscando.
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