“No es la primera vez que se habla sobre un posible alcoholismo del Presidente…, es importante saber si tiene o no problemas de alcoholismo…, las sociedades tienen derecho a saber las condiciones de quienes los gobiernan…”.
Palabras más palabras menos, esto fue lo que Carmen Aristegui comentó en febrero de 2011 cuando perredistas acusaban manta en mano en el Congreso el alcoholismo del Presidente.
Este hecho, uno de los goznes en los que se apoya el conflicto de la 2.5, merece un breve análisis. Desde un punto de vista de deontología periodística, ciencia que estudia la conducta ética de los comunicadores, Carmen no faltó a la ética, porque no acusó.
Los rumores, decía Carlos Soria, se investigan, no se publican, y esto fue lo que pidió Carmen, un esclarecimiento de los rumores. Es el derecho de los gobernados a conocer las condiciones de quienes nos gobiernan, es la misma ética periodística quien habla de las faltas privadas de los hombres públicos y los compromisos de los comunicadores de mantener informada a la sociedad y buscar siembre el bien mayor. Decía Oriana Fallaci: “No hay pregunta prohibida, no hay pregunta tonta, y hay que hacerla aunque sea por última vez”.
Pero qué son esas frecuencias, porqué son tan importantes y ocupan tanto espacio en los medios y más que ocuparán en adelante.
La banda de 2.5 Ghz es óptima para prestar el servicio de banda ancha móvil. A diferencia de otras bandas del espectro, la de 2.5 Ghz es sobre todo para datos, los cuales se transportan a alta velocidad y en elevadas capacidades, en ciudades densamente pobladas. Esta banda nos permitirá hacer de nuestros teléfonos inteligentes o tabletas auténticas televisoras.
El tema de la 2.5 –toda proporción guardada- se asemeja al problema del huevo que vivimos estos días, en los que su precio de pronto se ha triplicado, ¿por qué tanto uno como otro afecta a las mayorías? El precio del huevo volverá a su nivel y pronto volveremos todos a beneficiarnos de su proteína, pero ¿cuándo podremos hacer uso de la 2.5?
En su conferencia de prensa del pasado 15 de agosto Joaquín Vargas fijó su postura de un modo claro y documentado. Fue por cierto la primera conferencia de prensa de tan nutrida y plural asistencia en la que escucho un tan cerrado aplauso de mis colegas.
No asistimos a un juego de descalificaciones de políticos, de los que venimos por cierto acostumbrados después de una larga y accidentada campaña presidencial, estamos ante la denuncia fuerte y contundente, documentada, de un empresario de reconocido prestigio contra autoridades e instituciones públicas.
En lo personal me contrasta la contundencia y fuerza de las palabras de Vargas versus la timidez y el tartamudeo con el que se defendió el secretario Pérez- Jácome leyendo tembloroso en una banquetera lo que le habían preparado en su oficina de comunicación social.
Coincido con Fernando Gómez Mont, abogado, cuando afirma: “Sostengo que además de vulnerar derechos fundamentales de MVS, el rescate cancela un proyecto que detonaría la competencia como ninguna otra opción de política pública. Por ello, me he comprometido junto con otros profesionistas, a la defensa de esta visión procompetitiva ante las instancias administrativas y jurisdiccionales”.