Los reyes de la corrupción
Ser parte de la familia real española, cuya fortuna se estima en más de 2 mil 400 millones de dólares, no exime a sus integrantes de ser ambiciosos y caer en presuntos actos de corrupción.
Para la Corona de España, ayer inició uno de los mayores escándalos de su historia luego de que un juez imputara cargos de fraude fiscal y lavado de dinero a la infanta Cristina de Borbón, la hija menor del rey Juan Carlos.
De los miembros de la realeza española, Cristina de Borbón es la primera que recibe una acusación formal de un juez.
Pedro Pablo Cortés40
La Corona de España atraviesa por una de sus peores crisis de popularidad, y la controversia de la infanta es solo la polémica más reciente
Ser parte de la familia real española, cuya fortuna se estima en más de 2 mil 400 millones de dólares, no exime a sus integrantes de ser ambiciosos y caer en presuntos actos de corrupción.
Para la Corona de España, ayer inició uno de los mayores escándalos de su historia luego de que un juez imputara cargos de fraude fiscal y lavado de dinero a la infanta Cristina de Borbón, la hija menor del rey Juan Carlos.
De los miembros de la realeza española, Cristina de Borbón es la primera que recibe una acusación formal de un juez.
A la infanta se le acusa de haber participado, junto con su marido Iñaki Urdangarin, en la desviación de cerca de 8.7 millones de dólares de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución que presumía ser no lucrativa.
En el caso, que presuntamente sucedió entre 2004 y 2007, también está involucrado el exsocio de la pareja, Diego Torres, quien en febrero de 2013 declaró que la infanta y la Casa Real sabían de las actividades ilícitas que se estaban cometiendo.
Cristina de Borbón, quien vive en Suiza, deberá probar su inocencia ante la corte el 8 de marzo.
Fundación ‘no’ lucrativa
Dirigido por Urdangarin y Torres, el Instituto Nóos empezó a funcionar en Barcelona en 1999 con la promesa de ser una organización sin fines de lucro que se dedicaría a realizar investigaciones para mejorar la colaboración entre el sector público y el empresarial.
En 2010, su prestigio quedó manchado por las denuncias formales contra los directivos, quienes fueron acusados de firmar varios convenios irregulares con distintos entes gubernamentales para apoderarse de recursos públicos.
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias convenció al juez José Castro de imputarle cargos a la infanta con base en las pruebas que la señalan como cómplice.
“(La infanta) ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de los fondos ilícitamente ingresados en mercantil Aizoon (propiedad de ambos)”, declaró ayer el juez, según la agencia española EFE.
Todo queda en familia
Los señalamientos contra Cristina de Borbón han alcanzado a otros miembros de la familia real de España.
En abril pasado, los medios españoles revelaron que el rey Juan Carlos transfirió alrededor de 1.6 millones de dólares a su hija Cristina para que comprara una casa en Barcelona, sede de la Fundación Nóos.
Los críticos cuestionaron la transacción, que ahora forma parte del expediente del caso Nóos.
“La imputación de doña Cristina es una muestra de la podredumbre que hay dentro de la Casa Real, y del resto de las instituciones políticas. Es tremendamente grave”, expresó ayer al diario El País Xavier Vence, vocero del partido Bloque Nacionalista Galego.
Sobre las acusaciones contra la también duquesa de Palma de Mallorca, el portavoz de la Casa Real se limitó a decir ante los medios que respetarán las decisiones judiciales.
Corta vida al rey
La Corona de España atraviesa por una de sus peores crisis de popularidad, y la controversia de la infanta es la polémica más reciente.
En abril de 2012, el rey despertó la indignación de los españoles cuando los medios revelaron que había estado cazando elefantes en Botsuana, justo cuando los ciudadanos estaban sumidos en la crisis económica y el desempleo.
El safari habría costado hasta 60 mil dólares, de acuerdo con los expertos.
Además, el jefe de Estado, de 76 años, tiene una salud débil. Desde la operación de cadera que le hicieron el 21 de noviembre pasado, tiene que caminar con muletas.
El 62 por ciento de la población considera que el rey debería renunciar para dejar en su lugar a su hijo, el príncipe Felipe de Asturias. Eso es lo que revela una encuesta que realizó el periódico español El Mundo, cuyos resultados dio a conocer el sábado 4 de enero.
Casi el 70 por ciento de los encuestados creen que Juan Carlos no podrá recuperar el prestigio de la Corona, y más del 56 por ciento tienen una percepción regular o mala de su reinado.
En contaste, el príncipe Felipe recibió el apoyo del 66.4 por ciento de los encuestados.
