Cero y van dos, ¿Por qué Guatemala busca retirar la inmunidad a su presidente?

Las autoridades de Guatemala han iniciado un proceso para retirar la inmunidad al actual presidente guatemalteco Jimmy Morales, para que pueda ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito.

Hace apenas un dos año, el conocido comediante de televisión y aclamado alcalde, Jimmy Morales, era el rostro de la esperanza para Guatemala. Tomó las riendas del país después de ganar en las elecciones para suceder al presidente Otto Pérez Molina, desaforado del cargo por un escándalo de corrupción.

Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de Guatemala autorizó al Congreso analizar la situación para que la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tengan el camino libre para investigar al mandatario.

El desafío ahora es encontrar los 105 votos (de 158 diputados) que se necesitan para retirar la inmunidad. El voto será público y se conocerá cómo votaron, explicó Manuel Villacorta, doctor en sociología política a la agencia de noticias AP.

El fallo de la Corte ocurre días después de que la CICIG y la Fiscalía anunciaran que detectaron irregularidades durante la campaña presidencial de Morales en 2015. Dos días después, el mandatario ordenó la expulsión del comisionado, lo cual desató una crisis política.

¿Cuál es el proceso?

El Congreso deberá integrar una comisión de cinco legisladores, por sorteo, que deberán analizar el expediente sin un límite de tiempo específico y emitir una conclusión al pleno, que tendrá la palabra final. Se requiere el voto de al menos 105 de los 158 diputados que integran el Congreso para retirar la inmunidad al mandatario.

La fiscalía y la CICIG —un órgano de Naciones Unidas que tiene 10 años en Guatemala e investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado— quieren investigar a Morales porque presuntamente ocultó información contable y financiera (por unos 825.000 dólares) del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), que lo llevó a la presidencia en 2015.

La fiscalía cree que el presidente, entonces secretario general del partido, podría haber cometido los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo del origen, manejo y aplicación del dinero recaudado durante la campaña política de ese año.

Morales ha dicho que ha sido y es “respetuoso de las leyes y del debido proceso, por lo que confía en la objetividad de la justicia”.