En Tibú, Colombia, dos jóvenes migrantes venezolanos, de 12 y 18 años, fueron detenidos por los dueños de una tienda, acusándolos de intento de robo. Para darles “una lección”, amarraron sus manos con cinta adhesiva y aseguraron que los llevarían ante las autoridades.

Sin embargo, horas después, ambos cuerpos fueron encontrados sin vida junto a un letrero en el que se leía “por ladrones”, dejando nula evidencia de quiénes cometieron tal homicidio.

Esta noticia retumbó en casi toda Colombia, llegando a Venezuela, donde ya se están tomando acciones legales contra el gobierno de Iván Duque.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración venezolana, dio a conocer este miércoles que llevarán al presidente colombiano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la persecución de migrantes venezolanos en Colombia y el asesinato de los mismos.

Además, vía redes sociales, Delcy continuó compartiendo imágenes de 2018 en las que se refleja cómo supuestamente se les trata a sus connacionales en territorio colombiano, amarrándolos con una cuerda.

“¿Esta es la clase de protección que su gobierno brinda a los migrantes venezolanos? Deben responder ante la justicia internacional por la persecución de su administración contra los venezolanos. Su odio trasluce en cada referencia a Venezuela”, tuiteó Rodríguez.

Respecto a esta acusación, Fernando Neira, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, opina que en términos de posibilidades de una demanda, Venezuela está en toda su libertad de tomar esa decisión en contra del presidente Duque.

Sin embargo, destaca que serán las cortes internacionales las que concluirán si su queja tiene algún tipo de validez o no por la agresión que demandan.

“Lo que debemos considerar en este caso es que todas las quejas, tanto de los organismos defensores de derechos humanos, como del mismo gobierno venezolano, son válidas porque no podemos estar a favor de la muerte de ninguna persona como una forma de generar justicia y mucho menos cuando se trata de niños”,  menciona.

Pero, independientemente de la respuesta que reciba Duque tras la denuncia, Neira considera importante voltear a ver las causas que llevan a la migración, las cuales se centran en que el gobierno venezolano tiene la mayor parte de la responsabilidad por no garantizarle a su pueblo las mínimas condiciones de vida para que se queden en su país; y la xenofobia que se da hacia los migrantes.

Aunque la discriminación es algo que el gobierno de Duque ha desmentido en voz de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, asegurando que lo que Colombia les da a los migrantes es afecto y solidaridad, el también catedrático remarca que eso es en lo que se debe trabajar y reforzar para evitar casos como el de Tibú.

“Debemos educar a los ciudadanos con una mirada de tolerancia, de respeto a los derechos de las personas, especialmente de los migrantes (…) No podemos validar el atacar o matar a alguien (que llega de otro país) bajo la idea de que va a quitarnos los empleos o va a dañar a las sociedades. La enseñanza de este caso es cómo convertirnos en personas tolerantes y multiculturales con la capacidad de convivir con diferentes pueblos y culturas”, apunta.

Aumenta la disputa bilateral por migrantes

Con el caso de los migrantes en Tibú, el maestro Fernando Neira agrega que eso sólo agudiza las malas relaciones bilaterales que han tenido Colombia y Venezuela en los últimos años, a pesar de ser naciones hermanas.

“Este caso sólo es parte del conflicto que llevan teniendo ambos gobiernos desde hace muchos años. Es un elemento más de discusión que se abona a la vieja disputa de querer descalificar tanto a Colombia como a Venezuela”, dice Neira.

En ese sentido, es poco probable que a corto plazo ambas administraciones se reconcilien, sobre todo por la variedad de disputas que han protagonizado. Como cuando Nicolás Maduro aseguró en 2019 que su relación con Colombia había terminado, mientras que el gobierno colombiano destacó que no tenían ninguna interacción, pues no reconocían su mandato.

Al respecto, el maestro del CIALC considera que esta disputa sólo podría controlarse ante un escenario: el cambio de gobiernos, ya sea de parte de Colombia o de ambos.

“Si hay un cambio de gobierno en Colombia por otro más progresista, sería factible un proceso de negociación. Sin embargo, lo ideal sería obviamente que cambien ambas administraciones para generar condiciones de verdadera democracia, y que permitan que sus ciudadanos puedan vivir en sus países con respeto, protección y las garantías que se deben tener en cualquier Estado”, opina.

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