Víctimas de una mala estrategia
The London School of Economics (LSE) recientemente publicó un reporte acerca de la política pública global de combate a las drogas.
Destaca el fracaso de la guerra contra las drogas como única alternativa emprendida. Además establece que los países que producen y transitan la droga sufren los costos de la política de combate frontal al crimen organizado.
El lado de la oferta
La política pública de drogas que ha predominado en los gobiernos del mundo ha estado enfocada primordialmente en el lado de la oferta.
Rodrigo Carbajal46%
Un enfoque de política pública prohibicionista que presiona la producción y las rutas de tránsito de drogas limita la cosecha de beneficios a favor de los países desarrollados que son consumidores de drogas
The London School of Economics (LSE) recientemente publicó un reporte acerca de la política pública global de combate a las drogas.
Destaca el fracaso de la guerra contra las drogas como única alternativa emprendida. Además establece que los países que producen y transitan la droga sufren los costos de la política de combate frontal al crimen organizado.
El lado de la oferta
La política pública de drogas que ha predominado en los gobiernos del mundo ha estado enfocada primordialmente en el lado de la oferta.
Los esfuerzos institucionales para reducir el consumo de drogas se han centrado exclusivamente en ejercer presión a la oferta de estupefacientes con el fin de elevar considerablemente el precio y desincentivar el uso de sustancias ilícitas.
Sin embargo, los datos revelan que la política pública enominada “guerra contra las drogas” ha fracasado tanto en la reducción del consumo como en el incremento en el precio.
Las estimaciones que realiza el reporte global de drogas de las Naciones Unidas establece que el consumo de estupefacientes se ha mantenido con un crecimiento estable: en el 2007 existían 208 millones de consumidores (estimación promedio); para el 2011, la cifra ascendió a 240 millones de consumidores (estimación promedio).
La doctora Vanda Felbab-Brown, académica que colabora en el reporte de LSE, indica que los precios de las sustancias ilícitas en Estados Unidos han caído constantemente.
En 1981 el precio de la heroína con un nivel de pureza de 11 por ciento era de 1,896 dólares el gramo. En el 2011 el precio de la heroína con un nivel de pureza de 34 por ciento fue de 408 dólares el gramo.
La cocaína con un nivel de pureza de 40 por ciento pasó de valer 669.18 dólares por dos gramos en 1981 a 177.26 dólares por dos gramos con un nivel de pureza de 42 por ciento en 2011.
El académico Jonathan Caulkins argumenta en el reporte de LSE que la elasticidad en el precio y demanda de los estupefacientes vuelve inefectiva una política pública abocada a la completa erradicación del mercado y por consecuencia del consumo de drogas.
Tercerizando costos
Un enfoque de política pública prohibicionista que presiona la producción y las rutas de tránsito de drogas limita la cosecha de beneficios a favor de los países desarrollados que son consumidores de drogas.
Esta es la percepción de los Profesores Daniel Mejía y Pascual Restrepo, quienes aseguran que los costos de la guerra contra las drogas se trasladan hacia los países que producen y transitan sustancias ilegales.
Brotes de violencia, corrupción, inestabilidad institucional, ingobernabilidad e incluso cambios constitucionales en detrimento de los derechos ciudadanos son algunos de los costos citados de la política pública de combate frontal al crimen organizado en países de tránsito y producción de drogas.
Restrepo y Mejía consideran que la guerra contra el narco ha tenido efectos adversos en el crecimiento económico de países como México y Colombia.
El reporte de LSE argumenta que Estados Unidos ha impuesto la estrategia de combate frontal al comercio de sustancias ilícitas en la agenda internacional desde inicios del siglo pasado. En la década de los 60 el presidente estadounidense Richard Nixon declaró “la guerra contra las drogas”.
Actualmente esta política se extiende hacia América Latina con paquetes de asistencia para el combate al narcotráfico de alrededor de 400 a 500 millones de dólares anuales.
La presión ejercida sobre una región o ruta específica a través del uso de la fuerza no incide en una reducción del consumo de drogas en el largo plazo. El reporte del LSE añade a esta conclusión que una vez que la intervención de las autoridades vuelve costoso e ineficiente el uso de una determinada ruta, invariablemente el crimen organizado abre un camino alternativo para el trasiego de estupefacientes.
Mejía y Restrepo atribuyen el brote de violencia en México a la presión que enfrentaron los cárteles de la droga en Colombia. Según información de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, en 1982, el 75 por ciento de los decomisos realizados por autoridades estadounidenses ocurrieron en el Caribe.
La Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos dijo que en 2010 el 90 por ciento de la cocaína existente en el país había entrado por la frontera con México.
El análisis de Mejía y Restrepo encuentra una correlación entre los niveles de decomisos de cocaína en Colombia y los brotes de violencia en el norte de México. Los académicos estiman que la política de combate frontal al narcotráfico en Colombia podría ser la causante directa de alrededor de un incremento de 46 por ciento en los homicidios relacionados con drogas en el norte de México.
México pasó de tener una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2006 a una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010. Restrepo y Mejía atribuyen este cambio a la guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón.
