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La asociación en pro de los derechos digitales del consumidor busca impulsar diversas medidas para parar las prácticas que señala como abusivas por arte de Ticketmaster. Foto: Especial

Ticketmaster con boleto a la impunidad, ante indiferencia de PROFECO

Acudir a conciertos se ha convertido en un evento exclusivo debido al acaparamiento de este mercado y aunque hay iniciativas para detener las prácticas señaladas como abusivas de la boletera más importante del país, éstas avanzan lento

Las iniciativas y esfuerzos para hacerle frente a las irregularidades de Ticketmaster en México contrastan con la opacidad de autoridades regulatorias que han permitido una concentración en el mercado del entretenimiento sin precedentes.

OCESA y Ticketmaster, su boletera operadora, en conjunto concentran el 64.5 por ciento de los servicios de entretenimiento a nivel nacional, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Lo que ha derivado en precios exorbitantes para adquirir un boleto para un espectáculo en vivo y ventas exclusivas a la hora de adquirir una entrada para un espectáculo en México.

Ante este tipo de prácticas, legisladores de varios partidos han propuesto reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para regular la venta de boletos, pero lucen como propuestas que difícilmente llegarán a buen puerto ante la indiferencia de las autoridades, advierte Tec-Check, asociación civil enfocada en los derechos digitales de los consumidores.

Esta organización impulsó la primer queja colectiva en contra de Ticketmaster, además documento, gracias a una solicitud de información, que en los últimos tres años el titular de PROFECO Ricardo Sheffield no se reunió con personal de Ticketmaster para hacer cumplir la ley y velar por los derechos de los consumidores digitales.

“Por lo que hace a la solicitud de referencia se informa que ningún servidor público adscrito a esta Coordinación General de Administración ha sostenido reuniones con los representantes de Venta de Boletos por Computadora, S.A. de C.V. (Ticketmaster), en el periodo señalado (2020, 2021, 2022)”, se lee en la solicitud que hizo la organización de consumidores en línea Tec-Check.

El problema de fondo radica en que la empresa boletera opera en total impunidad gracias a la indiferencia y ausencia de las autoridades relacionadas con la protección del consumidor mexicano, opina el director general de la organización de consumidores en línea, Maximilian Murck.

“Ticketmaster opera completamente a su gusto en México a costa de las y los consumidores, pero también a costa de los artistas porque ellos también sufren sus condiciones; básicamente lo que observamos es una concentración de poder de mercado sin precedentes en el país y eso como siempre, cuando hay un monopolio u oligopolio, nos pone en desventaja como consumidores”, opina Murck.

El conflicto con Ticketmaster no se limita a tierras mexicanas; en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto envuelto en controversias por generar un caos en la venta de los boletos para la gira de Taylor Swift; también desencajó a Robert Smith, líder de la banda The Cure por los altos precios a los que ofreció el espectáculo de la agrupación británica, incluso Metallica se ha visto afectado por las acciones de la empresa boletera.

Alto desde San Lázaro

Por otro lado, en el marco de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen a una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y proteger los derechos de los consumidores en la compra de boletos para espectáculos públicos que se comercializan por cualquier medio autorizado, incluyendo internet o cualquier otra forma digital.

En las modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor se proponen cuestiones como la devolución íntegra del importe pagado en caso de cancelación del evento, incluyendo precio del boleto y cargos de cualquier tipo, sancionar el acaparamiento de boletos y la reventa no autorizada de boletaje que se ofrezca o comercialice a través de internet o cualquier otro medio físico y digital, así como aumentar las sanciones para establecer multas desde 895 pesos hasta 3 millones 502 mil pesos.

“Los proveedores de servicios destinados al ofrecimiento de espectáculos públicos deberán garantizar la entrada de los consumidores que cuenten con algún medio válido para su acceso, cuando éste haya sido emitido por el proveedor del servicio o el tercero autorizado para ello”, se lee en otra de las propuestas del dictamen como solución a lo sucedido en eventos como el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca cuando el sistema de validación del boletaje falló y a decenas de asistentes se les negó la entrada pese a que su compra había sido completamente legal.

Resta que el dictamen pase al pleno de la Cámara de Diputados para que se discuta, y en todo caso, se apruebe; sin embargo, en un mercado donde más del 10 por ciento de los mayores de edad del país acuden a un concierto o evento similar por lo menos una vez al año de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y con un una empresa que domina prácticamente todo el negocio del espectáculo, luce muy difícil que logre avanzar.

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