Los primeros detalles en torno a la creación de una aerolínea mexicana administrada y operada por la Sedena se presentaron en octubre de 2022. Foto: Especial

Línea aérea estatal mexicana se ‘echaría a volar’ en condiciones adversas

La integración de una línea aérea estatal podría derivar en costos menores para los usuarios, pero aún queda duda si contará con la capacidad operativa necesaria para ofrecer un buen servicio

El pronóstico del tiempo para el sector aéreo mexicano es adverso, pero en medio de este “clima” el Gobierno federal quiere poner en operación una aerolínea estatal.

Los servicios aeroportuarios y el costo de la turbosina se han encarecido durante los últimos meses, al tiempo en el que está industria aún no se recupera de la caída de la demanda por la pandemia de COVID-19.

Para este año el costo de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) aumentó, en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en siete por ciento en comparación con el año pasado.

“Hay condiciones adversas para la aviación, difícilmente se podría considerar que podría tener éxito dado que otras aerolíneas están pasando problemas financieros y operativos”, afirma Fernando Gómez Suárez, analista de aeropuertos y aviación.

Los primeros detalles en torno a la creación de una aerolínea mexicana administrada y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica se presentaron en octubre de 2022 después de una filtración masiva de documentos oficiales clasificados operado por el grupo de hacktivistas internacionales Guacamaya.

En aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la información filtrada y explicó que se buscaba que el nombre de la aerolínea fuera Mexicana de Aviación. Para el seis de enero de 2023 el Gobierno federal ya había concretado un acuerdo con los sindicatos de la compañía aérea, que se declaró en quiebra en septiembre de 2010, para utilizar la marca y ceder varios de sus activos por un monto de 811 millones de pesos.

La adquisición de esta marca es un punto a favor de la aerolínea estatal en ciernes, toda vez que “está bien posicionada, por eso el valor de esa compra, al menos la mitad de lo que se entregó a los sindicatos, unos 406 millones de pesos debe de corresponder a la adquisición de la marca”, señala Gómez Suárez.

Antes de esta adquisición, en diciembre de 2022, el presidente López Obrador envió una iniciativa de modificación a la Ley de Aeropuertos a la Cámara de Diputados para permitir que las entidades paraestatales administren y operen líneas aéreas.

De acuerdo a los planes del Gobierno federal, esta aerolínea estatal iniciaría operaciones en diciembre de este año, hasta el momento se tiene intenciones de arrendar aeronaves con el fabricante estadounidense Boeing, además de 10 aviones, entre ellos el Dreamliner Presidencial que a principios de esta administración se contemplaba vender.

Bajo estas condiciones se ofrecería traslado aéreo de pasajeros, carga y correo con el objetivo de favorecer la conectividad, el turismo y generar menores costos a los usuarios.

Además señala que aunque el objetivo de una empresa paraestatal no es precisamente generar utilidades, sí se debe fijar como meta la autosuficiencia financiera para operar fuera de generar subsidios y apoyos financieros del gobierno.

“Creo que el beneficio que podría haber es generar una aerolínea con un servicio al público de forma barata, hay que considerar qué rutas o servicios se van a ofrecer en esos destinos, sobre todo si es que no va a generar competencia o se van a abrir rutas en aquellas que han sido explotadas o son poco rentables”, detalla.

Seguridad aérea

En medio de los planes de la administración de AMLO para ampliar la oferta de transporte aéreo en el país, el sector aún sigue bajo la lupa luego de que en marzo de 2022 la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos degradó a México a Categoría 2 por incumplir estándares internacionales de seguridad.

Actualmente hay un proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la FAA con el objetivo de evaluar si México puede recuperar la Categoría 1 en materia de seguridad aérea.

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