Les llega el castigo por contar secretos

En muchos países alrededor del mundo, el utilizar información privilegiada para obtener una ventaja en los mercados financieros es una práctica ilegal, ya que se considera que esto otorga una ventaja injusta a ciertos inversionistas sobre otros que solo tienen acceso a la información pública de una empresa para estimar cómo se comportará el precio de sus acciones.

Rolando Hinojosa Rolando Hinojosa Publicado el
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Años ha durado la investigación de SAC Capital Advisors por parte del gobierno estadounidense

En muchos países alrededor del mundo, el utilizar información privilegiada para obtener una ventaja en los mercados financieros es una práctica ilegal, ya que se considera que esto otorga una ventaja injusta a ciertos inversionistas sobre otros que solo tienen acceso a la información pública de una empresa para estimar cómo se comportará el precio de sus acciones.

Recientemente, uno de los escándalos más grandes en este rubro ha sido el de SAC Capital Advisors, una empresa estadounidense que agrupa diversos fondos de alto riesgo y es propiedad  del multimillonario Steven A. Cohen. Después de un proceso de investigación que tomó casi una década, en noviembre de este año SAC aceptó su culpabilidad en cinco cargos criminales por utilizar información privilegiada, y tuvo que pagar 1.2 mil millones de dólares a las autoridades.

Abusando de la información

The New York Times reporta que la investigación de SAC comenzó hace 11 años gracias a una simple sospecha: que el rendimiento que la compañía reportaba era demasiado bueno para ser verdad. 

En ese momento, SAC había reportado un rendimiento anual promedio de casi el 30 por ciento. 

Las autoridades suponían que un rendimiento tan extraordinariamente alto solo podría lograrse a través de una ventaja de información por encima de sus competidores.

Bajo esa sospecha, un equipo de investigadores de la SEC comenzó un lento proceso de investigación. 

Por años la investigación encontró pistas y evidencia prometedora, pero no lo suficiente como para iniciar un proceso judicial. 

Pero en 2006, gracias a la cooperación de un informante en otro caso, las autoridades pudieron avanzar en el caso contra SAC, y lograr obtener testimonios condenatorios por parte de algunos de sus exempleados. 

Uno de estos testimonios fue el de Noah Freeman, quien entró a SAC en el 2008 e indicó que el uso de información privilegiada era común y hasta esperado en las operaciones del día a día de SAC. 

Después de lograr presentar cargos contra algunos de sus administradores, los investigadores alistaron un caso contra SAC.

En julio de este año, el gobierno estadounidense presentó cuatro cargos de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico contra SAC. La empresa se declaró inocente, pero las previas admisiones de culpa en los juicios contra sus empleados y exempleados la dejaron con pocas opciones en su defensa legal, forzándola a acordar con las autoridades para no irse a juicio.

Vigilados

Como parte del acuerdo de culpabilidad, SAC también tendrá que pasar un periodo de cinco años a prueba, bajo la vigilancia de un auditor externo que tendrá que contratar, y poner fin a su manejo de dinero de inversionistas ajenos a sus fondos. Además, adicional a la multa ya mencionada, SAC tendrá que pagar 616 millones de dólares en multas a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

El castigo para SAC ha sido notable, sobre todo por la admisión de culpa en cargos criminales y por la determinación de las autoridades en obtener este resultado. A través del proceso, SAC luchó contra los cargos, ofreció pagar 700 millones de dólares como acuerdo para poner fin al asunto, e incluso llegó a sugerir aceptar culpa en algunos cargos, pero no en todos. Pero los investigadores federales dieron una negativa a cada una de estas propuestas.

En el sector financiero, las admisiones de culpa en comportamiento criminal son raras y excepcionales, y algunos expertos legales piensan que la victoria en el caso de SAC podría darle a las autoridades el aliento necesario para proceder con cargos contra otras compañías que hayan realizado prácticas similares.

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