La menstruación es un proceso natural, sin embargo, en su gestión impactan no sólo las condiciones biológicas, también las culturales, económicas, políticas y sociales.

Bajo la máxima de “lo personal es político” en septiembre de 2020, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, llevó el tema de la gestión menstrual a la Cámara de Diputados para proponer la eliminación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a productos como toallas, tampones, pantiprotectores y copas menstruales, entre otros.

“A pesar de ser artículos de primera necesidad, los productos de gestión menstrual están sujetos a la tasa de 16 por ciento del IVA. Desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, este tratamiento fiscal resulta discriminatorio y atenta contra el acceso a la salud, el mínimo vital, la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes”, dice la iniciativa.

720

pesos anuales se destinan a la gestión menstrual que representa alrededor de cinco por ciento de los gastos de un hogar

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación apenas el 15 de abril. Esta es la última semana para que se apruebe la Ley de Menstruación Digna en el Pleno de San Lázaro.

El activismo de la marea roja, integrado por 28 organizaciones, instituciones y personas en lo individual, envió el 19 de abril una carta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para no aplazar la legislación de la menstruación como un asunto público.

“Decidimos que había que dignificar la menstruación no sólo porque ha sido tratada como un tema tabú, como algo sucio, que se debe de ocultar, sino porque además debe haber condiciones adecuadas”, dijo Melisa Guerra, vocera de #MenstruaciónDignaMéxico, durante su participación en Perspectiva Índigo.

El movimiento también busca la gratuidad de los productos de gestión menstrual como ya ocurrió en marzo de ese año en Michoacán, la primera entidad de México en aprobar su acceso gratuito en las escuelas para hacer frente a la pobreza menstrual. Pero ¿a qué se refiere esta desventaja económica?

“Falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre higiene menstrual, baños, instalaciones de lavado de manos y gestión de los desechos, incluyendo a personas privadas de su libertad y de poblaciones callejeras”, define una infografía elaborada con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS).


La menstruación digna es una inversión para cerrar brechas de género a futuro, como la de la educación

Menstruación en las escuelas

Para Melisa Guerra, la #MenstruaciónDigna es una inversión para cerrar brechas de género a futuro, como la de la educación.

“Cuando están menstruando hay muchas niñas que abandonan la escuela por no tener productos de gestión menstrual y eso implica que la brecha de género en educación, que de por sí ya es grande, se abra aún más”, lamentó.

De acuerdo con la organización Fundar, que también forma parte de esta iniciativa, se requieren 360 toallas o tampones promedio al año. Esto puede representar hasta 720 pesos anuales, lo que equivale a cinco por ciento del total de gastos de un hogar.

Sobre pobreza menstrual también hay que decir que 15 por ciento de los planteles educativos no cuentan con sanitarios y más de 30 por ciento no tienen agua potable según el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial” realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2013.

En las cárceles y las calles

La pobreza está feminizada aunque los hombres trans y las personas no binarias (que no se identifican ni como mujeres ni como hombres) también sangran. Los productos de gestión menstrual, a diferencia de otros exclusivos para un solo género como los condones masculinos, no son de uso opcional y no hay políticas públicas que proporcionen su acceso gratuito.

Fundar revela que una persona menstrúa el equivalente a siete años de vida. Sin embargo, cuatro de cada 10 vive en situación de pobreza multidimensional.

Si hoy no todas las personas tienen agua potable, acceso a un baño seguro de uso familiar, no pueden reunir el dinero suficiente para pagar una copa, hay que empezar por cuestiones muy básicas que además mejoren la vida de las personas más vulnerables, con mayores carencias”, propuso Melisa Guerra.

Por ejemplo, las mujeres privadas de su libertad o en situación de calle presentan dificultades sanitarias para acceder a infraestructura adecuada y productos de gestión menstrual. Recurren a retazos de ropa como calcetines y playeras o trapos que tiran a la basura porque tampoco los pueden lavar por la falta de agua y jabón.

“¿Qué pasa con las mujeres en prisión, cómo menstrúan, cómo gestionan su menstruación? Resulta ser que la ley señala que se les deben de otorgar productos para la gestión menstrual pero no se les entregan o no hay agua potable y ni qué decir de las poblaciones callejeras”, expresó la vocera.

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