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La diferencia fundamental de los países emergentes respecto a la realidad de las economías avanzadas yace en el enfoque de política fiscal
Realidad avanzada
El reporte de Perspectivas Económicas Globales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en abril de este año se tituló “Demasiado lento por demasiado tiempo”. El título refiere el consenso de analistas y académicos de que las bajas tasas de crecimiento se han asentado como una nueva realidad estructural, particularmente en los países avanzados.
A ocho años de la crisis financiera mundial, la recuperación aún no se ha consolidado. Sin embargo, la respuesta de política económica de países como Estados Unidos, fuente de demanda para las exportaciones emergentes, ha sido limitada.
Ante la falta de capacidad política del Congreso estadounidense para promover programas de estímulo fiscal y ante una postura europea que aún se sacude los resabios de las políticas de austeridad de la crisis de deuda soberana de inicios de la década, la política monetaria ha tomado la batuta de la recuperación.
Esto no ha estado exento de costos. Las tasas de interés de referencia de los principales bancos centrales cumplen casi una década en niveles cercanos a cero. Eric Rosengren, presidente de la Reserva Federal de Boston, es una de las autoridades monetarias que ha alzado la voz para advertir de los riesgos que esto supone para la estabilidad financiera en el largo plazo.
En la misma línea, Christine Lagarde, directora gerente del FMI, dijo que “los bancos centrales no pueden ser el único juego disponible en la ciudad”. En los últimos meses, el FMI ha realizado un llamado reiterativo a las economías avanzadas para que utilicen el gasto público en infraestructura como un instrumento de estímulo económico que ponga fin a lo que Lagarde llama “la nueva mediocridad” de bajo crecimiento.
El llamado ha encontrado respuesta tanto en autoridades de política económica, como en académicos e inversionistas de alto perfil.
Esta semana, Stanley Fischer, vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pronunció un discurso en el Club Económico de Nueva York. El mensaje fue claro: “Una combinación de incentivos para la inversión privada, una mejora en la infraestructura pública, una mejor educación y una regulación más efectiva pueden promover un mayor crecimiento de la productividad y de los estándares de vida”.
Fischer argumenta que la condición estructural del bajo crecimiento, asociada a una baja en la productividad y al envejecimiento de la población, puede paliarse con aumento en el gasto público equivalente a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La proyección coincide con los cálculos de Larry Summers, secretario del Tesoro de Estados Unidos en la administración de Bill Clinton. El martes, Summers dijo en una conferencia que la economía estadounidense necesita un programa de inversión en infraestructura de 2.5 billones de dólares para los próximos 10 años, equivalente a un gasto anual de 1 por ciento del PIB.
El viraje hacia una política de estímulo fiscal no es una postura exclusiva de los primeros círculos de la academia y la burocracia. El cambio de discurso ha permeado en la política.
Jeffrey Gundlach, fundador y director general del fondo de 100 mil millones de dólares Doubleline Capital, señala que gane quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los inversionistas deberán estar preparados para la llegada de un nuevo régimen de estímulo fiscal.
Realidad emergente
Pese a que la naturaleza del problema es diferente, una gran parte de las economías emergentes se enfrentan al mismo reto de bajo crecimiento que las economías avanzadas.
Para el caso de México, el estancamiento data de las últimas tres décadas, en las que el crecimiento anual promedio ronda el 2.3 por ciento. Por su parte, Brasil, la mayor economía de América Latina, las proyecciones de bajo crecimiento responden a las consecuencias de un modelo agotado basado en la exportación de materias primas.
Esta semana, Larry Summers dijo que Estados Unidos registra el gasto en infraestructura más bajo desde 1947. De acuerdo a un estudio conjunto de los centros de investigación México Evalúa y México, ¿Cómo Vamos?, en México el gasto de infraestructura como proporción del PIB de 2016 es el menor desde 1939.
No obstante, la diferencia fundamental de estos países respecto a la realidad de las economías avanzadas yace en el enfoque de política fiscal.
Mientras que en Estados Unidos, Japón y Europa crece el consenso respecto a la aplicación de medidas de estímulo fiscal, países como México y Brasil se encuentran en medio de un programa de austeridad que busca salvaguardar la estabilidad macroeconómica.
Las autoridades fiscales de las dos mayores economías de América Latina tienen el objetivo explícito de alcanzar un superávit fiscal primario el siguiente año. México ha determinado un recorte al gasto público de casi 240 mil millones de pesos. Brasil ha anunciado un programa de austeridad de 17 mil millones de dólares que incluye una propuesta para congelar el presupuesto del gobierno federal por veinte años.
Summers argumenta que para Estados Unidos la aplicación de una política fiscal expansiva es una decisión sencilla que no debe pensarse dos veces. En cambio, México, en palabras del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, “debe ganarse la confianza del mercado todos los días”, de modo que no puede comprometer su estabilidad fiscal.
