Revisar el TLC, una oferta que no se puede rechazar

31 de Jul, 2012

La nueva legislación meterá en cintura a los notarios porque ahora deben reportar las escrituraciones de bienes inmuebles que se paguen en efectivo

Fue una reunión ultrasecreta. Los principales personajes del gobierno de Estados Unidos se entrevistaron con el staff más cercano a Enrique Peña Nieto.

El motivo, marcar las condiciones de entendimiento con el gobierno estadounidense.

El operador clave, por la parte mexicana, fue Manlio Fabio Beltrones. Una de las condicionantes que impuso la administración de Barack Obama: aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero.

A cambio, el gobierno estadounidense se compromete a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una oferta que no se puede rechazar.

Sobre todo, porque el TLCAN ha sido muy cuestionado en los ultimos años, por ser inequitativo e injusto para los productores nacionales.

La clave, que el Senado mexicano apruebe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como se le conoce de manera oficial.

En ese cónclave se propuso, también, la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y el reforzamiento institucional de los jueces.

Pero la legislación antilavado sigue sentada en su curul de la Cámara de Diputados desde el 30 de abril pasado.

Ahí, duerme el sueño de los justos. Está a la espera de que los senadores entrantes tengan tiempo de aprobarla, porque los del Congreso saliente tenían prisa por concluir las sesiones.

En estas nuevas disposiciones se impondrá un tope a los pagos en efectivo por bienes inmuebles, escrituraciones, compra de vehículos, joyas y piezas de arte, entre otros.

Serán los notarios, corredores de arte, contadores públicos, abogados y auditores, los que denuncien a las autoridades transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero.

De ahí que una parte importante de esos sectores se oponga, no solo a los topes de pago en efectivo, pues reciben muchos recursos así, sino también a convertirse en Ministerios Públicos.

La ley estipula una restricción no mayor a 500 mil pesos para la compra en efectivo de bienes inmuebles, y no más de 399 mil pesos para adquirir vehículos terrestres, aéreos y marítimos.

Pretende constituirse como el marco regulatorio-operativo para regular no solo al sistema financiero, sino también al económico.

Pero sobre todo, estará facultada para imponer sanciones penales y económicas a sectores específicos como el notariado, la construcción, la correduría de arte y demás.

Y es que se harán corresponsables de denunciar a la autoridad el pago de grandes sumas de dinero en efectivo por la adquisición de bienes inmuebles.

Se contempla crear un nuevo organismo que dependa de la PGR, la “Unidad de Análisis Financiero” para investigar operaciones con dinero ilícito.

Sin embargo, exime a las instancias bancarias de informar sobre millonarios movimientos financieros.

Argumenta que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Esta ley contiene, además, reformas a 13 ordenamientos complementarios como los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Se busca regular las Leyes de Instituciones de Crédito; Mercado de Valores; Sociedades de Inversión; de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; del Ahorro y Crédito Popular; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito; del Sistema de Ahorro para el Retiro.

La legislación incluye al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo en un contexto fiscal y no penal, aunque nada tienen que ver con la defraudación fiscal.

Sin embargo, en todo el texto de la legislación se omitió incluir los recursos que se destinan al terrorismo.

Disposiciones más importantes de la ley antilavado

1. Los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, serán los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero.

2. A las instancias bancarias, se les exime de informar sobre millonarios movimientos financieros, bajo el argumento de que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

3. La iniciativa busca restringir hasta con ocho mil 25 salarios mínimos (500 mil 198 pesos), las operaciones con dinero en efectivo para la compra de bienes inmuebles.

4.Prohíbe el pago por más de seis mil 410 salarios mínimos (399 mil 535 pesos), en la adquisición de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.

5. Se tienen que reportar las adquisiciones de joyas o materiales preciosos por más de 805 salarios mínimos (50 mil 175 pesos).

6. Se le daría aviso a la SH, cuando un usuario de tarjetas de crédito gasté más de mil 285 salarios mínimos (80 mil 94 pesos).

7. La Secretaría de Hacienda tendrá que presentar las denuncias penales cuando detecte operaciones irregulares.

8. La PGR contará con la Unidad de Análisis Financiero, encargada de investigar las operaciones financieras que presuntamente se hagan con dinero ilícito.

9. El titular de la Unidad de la PGR tendrá las facultades de un Ministerio Público y podrá contar con policías y analistas financieros.

10. La Unidad, además, tendrá la facultad de solicitar la información que crea necesaria a la Secretaría de Hacienda, así como a dependencias u órganos federales, estatales y municipales que crea convenientes.