Un castigo que no llega
Aunque desde hace una década han sido presentadas ante el Congreso local ocho iniciativas de Ley para combatir la discriminación en Jalisco, el avance en la materia es lento.
Los diputados locales acaban de dar visos de legislar en la materia, al aprobar una propuesta que conjuga varios puntos de las anteriores, que en estos momentos está en comisiones.
Sin embargo, el nimio avance se ve opacado por las debilidades de la propuesta aprobada apenas en mayo pasado.
Jonathan Ávila"Ya sabemos el tipo de consejos donde el ejecutivo es el representante, es una función realmente inoperante”
Aunque desde hace una década han sido presentadas ante el Congreso local ocho iniciativas de Ley para combatir la discriminación en Jalisco, el avance en la materia es lento.
Los diputados locales acaban de dar visos de legislar en la materia, al aprobar una propuesta que conjuga varios puntos de las anteriores, que en estos momentos está en comisiones.
Sin embargo, el nimio avance se ve opacado por las debilidades de la propuesta aprobada apenas en mayo pasado.
“Nadie quiere invertirle en el tema de la discriminación”, dice en entrevista Gerardo Moya García, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), experto en Derechos Humanos.
El que las autoridades decidan no invertir en el tema, es uno de los principales factores para que Jalisco aún no cuente con una legislación en ese sentido.
La entidad, junto con Nuevo León, son las únicas en el país que no cuentan con una legislación completa que combata el problema.
Por el poder legislativo local han pasado al menos ocho distintas iniciativas sobre discriminación; en 2014 hubo un ligero avances cuando el diputado priista Jaime Prieto logró que actos de ese tipo se penalizaran.
Así, los “delitos contra el honor”, referentes a aquellos discriminatorios en Jalisco, contemplan sanciones de entre seis meses y tres años de prisión, de 30 a 150 días de trabajo comunitario, y multas de hasta 100 días de salario mínimo.
Pero nadie, hasta ahora, ha sido castigado por discriminación en el estado.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la tipificación ha sido ineficaz: hasta 2013 ni un solo caso había sido a favor de quien presentaba una denuncia bajo esa figura jurídica.
El cuarteto de iniciativas que se ha conjuntado en una sola en Jalisco, derivó en el dictamen aprobado el 11 de mayo pasado, al interior de las Comisiones de Desarrollo Humano; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Equidad de Género, y Derechos Humanos.
Pero a este dictamen se han sumado voces críticas como la del propio Gerardo Moya, también integrante del Colectivo Jalisco Incluyente (CJI) –organización que desde 2004 impulsó la primera iniciativa en la materia–, quien señaló tres aspectos deficientes de la presente propuesta.
Consejo amarrado al gobernador
El primer punto que adolece la iniciativa se concentra en la conformación de un Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, el cual contaría con ocho consejeros de instituciones públicas y cuatro consejeros ciudadanos, éstos últimos propuestos por el gobernador en turno.
El dictamen establece también que el mandatario estatal sería el que presidiera dicho órgano.
“Ya sabemos el tipo de consejos donde el ejecutivo es el representante, es una función realmente inoperante, no es deseable ni siquiera que esté ahí, en ese sentido”, expresa Moya García.
Muy diferente es la propuesta, explica Moya, del CJI, que propone la creación de un consejo integrado en su mayoría por una ciudadanía electa por la propia ciudadanía, que además cuente con un pago fijo.
“No puedes estar ocho horas dedicado a un tema si no tienes una remuneración que sea digna, aunque estés muy interesado en la problemática”, manifiesta Gerardo Moya, pues agrega que las atribuciones de los consejeros que la propuesta actual contiene son muchas para ser ejercidas de forma gratuita con eficiencia y eficacia.
La integración del consejo, según el dictamen aprobado hasta ahora, señala que las reuniones del mismo deberán ser cada tres meses, lo cual para el experto significa que será inoperante.
Dicho modelo contrasta con la propuesta que desde un año después de la conformación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –en 2003– se ha tratado de impulsar, y que contempla la creación de un instituto con presupuesto propio que, según los estimados del propio CJI, no superaría los 6 millones de pesos, además de contar con un carácter de organismo autónomo.
Un instituto antidiscriminación en Jalisco se dedicaría a acciones de prevención y de diagnóstico del problema, y de revisión a entidades públicas y privadas que fomenten la no discriminación, no así de remitir quejas ante jueces municipales, encargados de sancionar como actos administrativos, ese tipo de acciones discriminatorias.
Facultades inoperantes
Entre otros de los puntos inoperantes de la propuesta se encuentra el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sea la responsable de llevar los procedimientos de quejas por discriminación en la entidad, lo cual es un hecho redundante, pues es una facultad que ya posee.
“Ya tienen obligación de hacer eso de acuerdo con su Ley, tú vas a la comisión y te tiene que recibir por violación al derecho a la igualdad”, expresa Moya.
Asimismo, a la CEDHJ se le estarían otorgando atribuciones que serían invalidadas por su carácter original de sanción, pues sólo puede fungir como defensor de la sociedad ante los servidores públicos y no ante particulares.
“La comisión, de acuerdo con su propia Ley, no puede recibir quejas por actos violatorios que cometan particulares. Simplemente es una competencia, no puede”, explica el académico del ITESO.
Y es que la CEDHJ tendría que declinar su atribución y enviar a los quejosos ante los jueces municipales o los ministerios públicos porque la facultad de sanción a particulares tendría que reformarse desde el ámbito federal.
Sin voluntad política ni información
Parte de que las legislaturas inicien y teminen sin aprobar una Ley estatal contra la discriminación es la falta de voluntad política por parte de las fracciones en el Congreso local, de acuerdo con Gerardo Moya.
“Lo que les interesa es aprobar otras cosas porque la presión de otro tipo de intereses de índole económico y político, en general, en las legislaturas están siempre por encima de los intereses para legislar para bienestar social, en términos amplios.
“Mientras más legislaturas pasan, más presión tienen porque no hay una ley en Jalisco en contra de la discriminación, entonces van a sacar este tipo de cuestiones”, manifiesta Gerardo Moya.
En cuanto a las cifras el experto reconoce que la ausencia de un interés político ha dejado de lado los datos para hacer un diagnóstico sobre el tema de la discriminación en la entidad.
Concluye que a partir de ahora se debe trabajar en aportar los requerimientos necesarios para que haya una ley adecuada al panorama de la discriminación en Jalisco, pues aunque se hayan conjuntado las cuatro iniciativas de esta Legislatura, el aporte de la sociedad civil no se ha puesto sobre la mesa.
Reporte Indigo buscó a la diputada Fabiola Loya, de la fracción de Movimiento Ciudadano, una de las autoras de las iniciativas en la materia, pero nunca respondió a la solicitud de entrevista.
