El PAN busca meter en cintura a Hacienda
A partir de ahora, la Cámara de Diputados se convertirá en un vigilante más para evitar que Estados y municipios se endeuden de manera irresponsable.
Para ello, exigirá que la Secretaría de Hacienda entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la información relativa a la deuda pública de estos entes, garantizada por participaciones federales.
Georgina HowardLo que se busca con la propuesta de la legisladora es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos
En los últimos cuatro años, el endeudamiento de Estados, municipios y el Distrito Federal ha aumentado un 99.1 por ciento
A partir de ahora, la Cámara de Diputados se convertirá en un vigilante más para evitar que Estados y municipios se endeuden de manera irresponsable.
Para ello, exigirá que la Secretaría de Hacienda entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la información relativa a la deuda pública de estos entes, garantizada por participaciones federales.
En aras de lograr un mayor control y evitar lo que sucedió en Coahuila -cuya deuda es muy elevada en comparación con sus ingresos- la diputada panista, Mariana Dunyaska García Rojas, presentó un acuerdo en la Cámara baja para reforzar el control de las autoridades hacendarias.
Esta propuesta se realizó una vez conocida la situación de Jalisco, a punto de declararse en quiebra, así como de los municipios de Morelos y Quintana Roo, entr e otros.
Pero, sobre todo, se presentó en un intento de meter en cintura a la Secretaría de Hacienda que el lunes pasado, a través de su titular Luis Videgaray, se deslindó del endeudamiento de Estados y municipios y aclaró que el gobierno no rescatará a ninguno.
De ahí que la legisladora propusiera, más que una medida salvadora, una preventiva para evitar que se llegue al impago y a la quiebra técnica.
Finanzas incontrolables
De acuerdo con las cifras de Dunyaska, el monto de la deuda pública a largo plazo de los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en un 99.1 por ciento. Es decir, pasó de 203 mil 70.2 millones de pesos a 404 mil 409.5.
Si este monto se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda en ese lapso registró un incremento del 80.1 por ciento.
A la fecha y según cifras oficiales, el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto del país asciende a un 2.7 por ciento.
En sus consideraciones a la Comisión Permanente, la panista detalló que, del monto total, unos 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales.
Estos tienen pasivos por 30 mil 570.3 millones de pesos, los municipios por 44 mil 859.2 millones y los organismos municipales, cerca de 6 mil 29.4 millones.
Dicha situación, abundó, representa un promedio de deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos sobre una población, calculada en 2012, de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.
García Rojas resaltó que el crecimiento acelerado de la deuda pública responde a razones políticas, administrativas y económicas.
Aunque no descartó factores financieros derivados de los altos costes de la contratación de servicios de deuda pública e intereses bancarios que varían en cada entidad federativa.
Hizo ver que las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los Estados y municipios.
Sobre todo, expuso, cuando no existe un control adecuado, lo que transforma las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento.
Lo que se busca con su propuesta, explicó, es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.
No se requiere la misma información del Distrito Federal porque considera que se encuentra limitado a las autorizaciones que, sobre el tope de endeudamiento, realiza cada año el Congreso de la Unión, aclaró.
La proposición se analiza en la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente del Congreso.
