En Santa Fe primero ocurrió la rapiña por los predios que se vendieron en millones de dólares y detonaron el “boom” inmobiliario de oficinas, centros comerciales y departamentos. 

Pocos pensaron en el deterioro de la zona: escasez de agua, colapso de las vialidades y deficiente transporte público para mover a los miles que acuden diariamente a Santa Fe a trabajar.

El caos que ya existía se incrementó debido al inicio de actividades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Cuajimalpa, a partir de enero de este año.

El transporte público concesionado es un desbarajuste. Además de no tener avances en la sustitución de microbuses, la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) ya enfrenta problemas legales por la aparición de un nuevo corredor vial.

Y es que el 27 de septiembre pasado, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial la aparición de una nueva ruta de transporte público sobre la avenida Reforma, a pesar de que ya había otorgado ese corredor a otra empresa.

El proyecto de Taxis Rosas, que puso en marcha la administración de Marcelo Ebrard hace tres años, atraviesa un impasse que huele a muerte. A la fecha, no hay ni 100 unidades en circulación, y de esas, la mayoría no circula.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) hay sólo 60 vehículos laborando con normalidad, básicamente en la zona centro de esta ciudad capital.

Sin embargo, en la práctica es casi imposible encontrarse uno. Por el contrario, se puede observar toda una flotilla estacionada permanentemente en las calles del primer cuadro de la ciudad.

“Ser corrupto es cosa de dos, no formes parte. Denuncia”. Es la frase de campaña contra la corrupción que pretende arrancar la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) para intentar cambiar la dañada imagen de la dependencia.

Con este planteamiento, la Setravi que encabeza Rufino H. León Tovar se dice a favor de una ciudad de cero corrupción.

La sentencia concluye: “Al haber estudiado la responsabilidad de Nora Diana León Vergara, se le imponen como sanciones la inhabilitación temporal para desempeñar cargos o empleos en el servicio público por un término de tres años, así como multa de 325 mil 528 pesos”.