A pesar de percibir un salario superior a los 83 mil pesos mensuales, los diputados locales de la presente Legislatura acumularon –en tan solo tres meses de trabajo– más de 170 faltas durante el pasado Periodo Ordinario, sin penalización alguna.

Entre septiembre, octubre y noviembre, los funcionarios se ausentaron de sus deberes en las Comisiones y durante el Pleno Legislativo, a pesar de que el Artículo 13 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Estatal, marca las asistencias como una obligación que, de no cumplirse, se deberá descontar de su sueldo.

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Genaro Sánchez Martínez, perdió en definitiva el amparo que interpuso en contra de la revocación que hizo de su nombramiento  el Congreso del Estado.

Con este fallo adverso el TJA no tiene impedimento legal para dar de baja al magistrado, que cobra su sueldo sin estar asignado a ninguna de las salas de este órgano. El Congreso de Nuevo León ordenó la revocación del cargo a Sánchez Martínez, pero el magistrado interpuso un recurso de revisión en contra de su rescisión, bajo el expediente 385/2015.

Para la legisladora de Movimiento Ciudadano, Concepción Landa, los ejercicios numéricos no dicen mucho. Lo dice respecto a que en los últimos cuatro meses de trabajo legislativo, entre los tres diputados del partido naranja –ella, Jorge Blanco y Samuel García– han cobrado por nómina 997 mil 848 pesos, y han generado tan solo nueve iniciativas.

Aunque gastan millones de pesos en diferentes rubros derivados de recursos públicos –como el pago de nómina de sus diputados y asesores– partidos de la denominada “chiquillada” en el Poder Legislativo de Nuevo León se quedan cortos al momento de impulsar o realizar iniciativas.

A la reciente aprobación de la Ley de Participación Ciudadana le falta uno de los elementos más importantes: la creación de los Reglamentos en el Congreso y Municipios, lo que podría exponerla a ciertas alteraciones en su esencia.

Con esta Ley, la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en decisiones, procesos y proyectos de su comunidad, pero aún está pendiente la tarea de adecuar los estatutos municipales y del estado.