La universidad silente
Los registros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sobre la violencia sexual que se da al interior de sus planteles educativos evidencian que son mínimos los casos que se persiguen por la vía penal, a pesar de que se trata de acciones constitutivas de delito.
De las 46 agresiones sexuales que se han cometido en los centros educativos de la UdeG en el periodo 2007-2016, principalmente hostigamiento y acoso sexual hacia sus alumnas por docentes y otros empleados, apenas en ocho hay constancia de que intervino la Fiscalía de Jalisco.
Luis HerreraEl artículo 42 de la Ley General de Educación obliga a todos los educadores del país a denunciar todo delito a su vista
“(Funcionarios de la) educación, al estar enterados de que ha ocurrido un hecho de abuso sexual, den parte a la autoridad competente para que se integre la averiguación pertinente”
Los registros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sobre la violencia sexual que se da al interior de sus planteles educativos evidencian que son mínimos los casos que se persiguen por la vía penal, a pesar de que se trata de acciones constitutivas de delito.
De las 46 agresiones sexuales que se han cometido en los centros educativos de la UdeG en el periodo 2007-2016, principalmente hostigamiento y acoso sexual hacia sus alumnas por docentes y otros empleados, apenas en ocho hay constancia de que intervino la Fiscalía de Jalisco.
Por tanto, en más del 80 por ciento de los hechos de violencia sexual que fueron del conocimiento de la UdeG no se dio vista al Ministerio Público, no obstante que había delitos de por medio, y que era una obligación de las autoridades universitarias alertar lo sucedido.
Este fue precisamente uno de los llamados que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 2014 en su Recomendación 21 sobre violencia sexual escolar, al destacar que el artículo 42 de la Ley General de Educación obliga a todos los educadores del país a denunciar todo delito a su vista. Dice ese numeral:
“En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.
“Es imperativo que los servidores públicos que prestan el servicio de la educación, al estar enterados de que ha ocurrido un hecho de abuso sexual, den parte a la autoridad competente para que se integre la averiguación pertinente”.
Entre los pocos casos con denuncia figura el del 27 de abril de 2016, en la Prepa 5, el único de violación en el registro de la UdeG, contra una alumna de 16 años, por un agresor ajeno a la institución.
Punto débil
Aun con esa violencia sexual en la comunidad escolar, la UdeG no ha adoptado una normativa ni mecanismos específicos para prevenir y responder a este tipo de hechos, aunque así lo recomienda la CNDH.
Los informes que emitieron sobre esta problemática las 19 instancias que conforman a la UdeG (folio 01791116), como sus centros universitarios, su Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y oficinas como la del abogado general, muestran que no hay una política coordinada al respecto.
De estas 19 instancias, hay siete que sin ambages reconocieron que no cuentan con áreas específicas para atender la violencia sexual, u optaron por no responder; el resto se refirió a órganos sancionadores que no reúnen la especificidad a la que alude la CNDH.
El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), fue claro: “Se hace de su conocimiento que en este Centro Universitario no se cuenta como tal con mecanismos y/o áreas para atender, prevenir y combatir las agresiones sexuales al interior de la institución”.
Ese es el centro de UdeG con la incidencia más alta de agresiones sexuales en 2007-2016, con seis. Entre los que omitieron responder están los de Los Altos, Ciencias de la Salud, y Sur.
Sanción: la reubicación
La adopción de lineamientos y una instancia especializada en la violencia sexual escolar, puede reducir la impunidad que persiste sobre este tipo de hechos en las aulas de la UdeG, en su mayoría de acoso contra mujeres.
Así lo considera la CNDH, que toma como modelo a la unidad especializada que tiene la CDMX, aunque en nivel escolar básico.
Mientras tanto, la impunidad en la UdeG es alta. Un ejemplo: En la Prepa de Tepatitlán, el 4 de marzo de 2016, una estudiante fue agredida por un docente al “tomar de la cintura y tocar las sentaderas”. El plantel sancionó únicamente con una “amonestación y apercibimiento”.
O en la Prepa 7, en 2011. Ahí, una profesora fue agredida por un técnico académico, el caso lo llevó la Oficina del Abogado General –según el SEMS-, y a pesar de que “sí se confirmó” el acoso, resolvió como sanción el “cambio de adscripción”.
En la Prepa 5, el 21 de abril de 2015, una estudiante fue hostigada por docentes. Así reaccionó la UdeG: “Los profesores involucrados manifestaron que no lo hacían con mala intención comprometiéndose a cambiar su actitud”. La sanción: “se envío el caso a la Comisión de Responsabilidades”.
Menores universitarios
La UdeG es custodia de adolescentes a través del SEMS que aglutina a sus preparatorias, pero ni siquiera ahí, donde se trata de menores de edad, opera una instancia única que atienda los hechos de violencia sexual.
La normativa de la UdeG contiene un régimen de sanciones para sus empleados, pero ningún apartado ni lineamientos concretos para prevenir, atender y sancionar a la violencia sexual.
La Oficina del Abogado General lo indica: “La Comisión de Responsabilidades y Sanciones tiene atribución de aplicar sanciones a los miembros de la comunidad universitaria”, pero “no realiza la atención, prevención ni combate a las agresiones sexuales”.
Esta carencia normativa y operativa lleva a que la investigación de estos hechos esté fragmentada en esas múltiples áreas sancionadoras, con la disparidad de criterios que ello implica, pues lo mismo se turnan al Abogado General, que al Consejo General Universitario, o a las comisiones de Responsabilidades de los centros y prepas.
Aulas con riesgo
Reporte Indigo publicó que la Universidad de Guadalajara no tiene una política clara para prevenir
y sancionar las agresiones sexuales en su campus.
