Justiciero anónimo
El de los justicieros anónimos es un fenómeno social que ha comenzado a surgir en el territorio nacional, donde los índices de violencia han tomado como rehén a la población civil ante la incapacidad de respuesta de las corporaciones policiales para garantizar la seguridad pública.
J. Jesús Lemus
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(El deber del estado) es sancionar aquellas conductas distintas a las que exigen leyes, reglamentos y protocolos, su estricta observancia es nuestra protección, es nuestro resguardo”
Nacional de Seguridad Pública
El de los justicieros anónimos es un fenómeno social que ha comenzado a surgir en el territorio nacional, donde los índices de violencia han tomado como rehén a la población civil ante la incapacidad de respuesta de las corporaciones policiales para garantizar la seguridad pública.
Ese es el otro rostro de la justicia que se asoma en México, el que, pese a ser más expedito que el que ofrecen los juzgados, y menos mediático y cuestionable que el de los linchamientos públicos, no deja de ser ilegal y salvaje a los ojos del Estado de Derecho.
Hechos como el ocurrido sobre la carretera San Pedro Tultepec-Ciudad de México, en donde cuatro asaltantes del transporte público fueron abatidos por un justiciero anónimo el pasado lunes, revelan el grado de hartazgo que comienza a permear en la sociedad.
En algunos casos se trata solo de ciudadanos fortuitos, encarando a delincuentes ocasionales.
Pero en la mayoría de los casos se trata de grupos bien organizados que han decidido tomar la justicia en sus manos, argumentando defender a la sociedad de la delincuencia organizada.
Cero tolerancia…
La postura del titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, sobre esta situación ha sido clara: insiste en que no hay ni habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley.
Hay cero tolerancias a conductas distintas que exige la ley tanto a ciudadanos como a cuerpos policiales, a fin de evitar la justicia en propias manos.
“(El deber del Estado) es sancionar aquellas conductas distintas a las que exigen leyes, reglamentos y protocolos, su estricta observancia es nuestra protección, es nuestro resguardo”, dijo el funcionario durante la conmemoración del 88 Aniversario de la Policía.
De acuerdo a datos de las procuradurías de justicia local, en los estados de Chihuahua, Jalisco, Tabasco, Michoacán, Veracruz y Sinaloa ya se ha detectado la presencia de esos grupos de justicieros, los que en su mayoría han utilizado las redes sociales y leyendas públicas para patentar su presencia.
La constante de estos grupos es el reclamo de asumir el cuidado de la sociedad ante la incapacidad del Estado para atender el problema de seguridad pública, dirigiendo sus acciones no sólo contra los delincuentes comunes, sino contra los miembros del crimen organizado.
A la fecha no se tienen conocimiento de ningún procesado, menos sentenciado, por haber actuado como justiciero anónimo.
La razón de su existencia
De acuerdo a recuentos de la prensa local de los estados de Chihuahua, Jalisco, Tabasco, Michoacán, Veracruz y Sinaloa, solo en estas entidades se estima la existencia de por lo menos 10 grupos de justicieros anónimos.
Todos integrados en comandos de la muerte que se mantienen vigilantes sobre los delincuentes comunes.
La constante de esos grupos, según sus manifestaciones publicas expuestas en redes sociales, y a veces en pancartas dejadas a lado de los ejecutados, es la necesidad de asumir la administración de justicia, luego de considerar que el Estado ha fallado en la tarea de brindar seguridad a la población en general.
Ese convencimiento es generalizado: el llamado Pelotón Omega, el que asegura estar en operaciones desde agosto del 2010 en Michoacán, dijo a Reporte Indigo en voz del Comandante Ulises, que su única intensión “es limpiar al estado de los delincuentes que tolera la procuraduría local de justicia”.
A decir del informante, este comando está integrado “por ciudadanos de bien, que se apoyan con policías honestos”, que también han decidido evitar llevar a los juzgados a los delincuentes, “porque los jueces los liberan en forma inmediata”.
También en esta entidad ha aparecido el grupo Los Justicieros, el que anunció su aparición pública a través de mantas en los municipios de Lázaro Cárdenas y Zamora, en donde aseguraron que van hacer “una limpia de lacras, secuestradores y extorsionadores”.
Lo mismo ha patentado el grupo autodenominado Comando Ciudadano por Juárez, activo desde el 2009; de acuerdo a fuentes de la Fiscalía Estatal se le atribuyen al menos siete ejecuciones de delincuentes comunes en los últimos dos años, y asegura mantener una confrontación directa contra los cárteles la delincuencia organizada.
En los mismos términos se ha manifestado el Escuadrón de la Muerte, que apareció en Tabasco en julio de este año; a través de un video difundido en redes sociales, donde se tortura a un presunto ladrón, asegura que se le va a dar el tiro de gracia “a todos los que anden robando y secuestrando en (el municipio de) Paraíso”.
Nexos con el narco
Fuentes de la Fiscalía General de Veracruz detectaron la existencia de por lo menos dos comandos de justicieros anónimos, que serían parte del Cártel del Golfo en una estrategia para encarar al Cártel de Los Zetas.
En Sinaloa, las autoridades ubican al grupo Los del 2 Mil, que sería una fracción del cártel de los Beltrán Leyva para fortalecer la guerra con el Cártel de Sinaloa a las órdenes de Aureliano Guzmán Loera.
La Fiscalía de Jalisco tiene ubicada las operaciones del “Grupo Vengador”, al que se le atribuye haber cercenado de manos a seis hombres y abandonarlos cerca de Chapala, tras señalarlos como ladrones. Este grupo estaría vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación.
A la fecha no hay estadística oficial sobre los asesinatos de presuntos delincuentes comunes ejecutados por justicieros ciudadanos.
Las estadísticas de las procuradurías de justicia de los estados en donde han denotado presencia los vengadores anónimos refieren que, solo en lo que va de este año, en Veracruz han sido asesinados 65 presuntos ladrones; en Tabasco, 47; en Sinaloa, 38; en Chihuahua, 92; en Michoacán, 51 y en Jalisco van 32.
