Por unanimidad, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió que no existe ninguna imposibilidad jurídica para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.
Lo anterior después de que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García, y con sede en Reynosa, Tamaulipas, declarara que existe imposibilidad jurídica para crear la misma.
En su resolución, los magistrados argumentaron que sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación. Además de que apelaron a que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena.
El Tribunal pugnó por atender el caso bajo la óptica que establece el artículo 17 constitucional, en el sentido de que se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los “formalismos procedimentales”.
Según los magistrados, tras un análisis al articulo 21 constitucional, se establece que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar. Afirmaron que incluso en el caso existen investigaciones formales, reconocidas por la Procuraduría General de la República (PGR), por parte de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sobre la participación de la CNDH en la investigación de lo que ocurrió en Iguala, el Tribunal dijo que nunca se dijo que investigaría delitos, sino hechos concretos y que una vez que la Comisión de Investigación para la Verdad emprenda su misión, podrá llegar a un punto en el que, al analizar o explorar determinada línea de investigación, estime formular una recomendación a determinada autoridad.
