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Tras los pasos de la ‘cura’ de las terapias de conversión

Jonathan Ávila

Grupos de la diversidad sexual exigen que en Jalisco se sancionen las llamadas ‘terapias de conversión’, aunque en el estado no existe ningún proyecto de ley que respalde esa demanda, como sí sucede a nivel federal por parte de MC y Morena


Jul 3, 2019
Lectura 6 min
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El reto de la actual administración es la erradicación de las llamadas “terapias de conversión”, que son las actividades que buscan corregir la orientación sexual e identidad de género.

Así lo señaló Andrés Treviño Luna, director de Diversidad Sexual en el Gobierno de Jalisco, el pasado 1 de junio, durante el llamado Festival Prohibido que se realizó en el marco del mes del orgullo LGBT.

Justo ese es el reto que tiene la Dirección de Diversidad Sexual, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y las demás instancias del gobierno que están pensadas en ese sentido. Pero también, una situación tan profunda como es la discriminación y el odio –pues no hay acción de gobierno que alcance–, tiene que ser una demanda social que transforme

- Andrés Treviño Luna

Director de Diversidad Sexual en el Gobierno de Jalisco

Apenas hace apenas una década, bajo el mandato del panista Emilio González Márquez, incluso se denunció que era el propio Gobierno estatal quien pagaba este tipo de sesiones en las que se dice ‘curar’ la homosexualidad.

En 2010, Richard Cohen, autor del libro Comprender y sanar la homosexualidad, fue el conferencista principal de un congreso en el que habló de la posibilidad de la ‘cura’ a la homosexualidad.

En dicho evento aparecía como patrocinadora la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, Fernando Guzmán, también organizaba lecturas de biblia con funcionarios y que actualmente tiene una cercanía local con el Frente Nacional por la Familia.

Este tipo de situaciones, que regularmente se pierden entre la religiosidad y las malas prácticas de sectores especializados en psicología, han sido latentes a nivel local. La investigación Etnografía con perspectiva de derechos humanos sobre las terapias de conversión gay en Jalisco, apunta que aunque éstas han sido visibilizadas a través de medios, no existe aún un movimiento fuerte contra ellas.

Terapias en aumento

La demanda por erradicar y sancionar las ‘terapias de conversión’ va en aumento, aunque sigue habiendo poca convocatoria para esta lucha dentro del propio movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).

Una de las pocas organizaciones que sostiene la permanente demanda pública sobre la existencia de estas prácticas es la Unión Diversa de Jalisco.

Según sus datos, entre 2007 y 2019 se han reportado más de 100 casos de crímenes de odio en contra de esta población; alrededor de 52 registros eran de transfeminicidios.

Lo anterior sitúa a Jalisco como el cuarto lugar a nivel nacional en ataques a la población diversa, dijo Carlos Becerra, secretario de la organización.

La Unión Diversa apunta que las agresiones han ido en aumento en los últimos años. Como consecuencia también han surgido casos de suicidio, dijo Lizette Cadena Díaz, psicóloga y sexóloga de la organización.

La activista explicó que estas ‘terapias’ tratan la homosexualidad como una patología psicológica o psiquiátrica. A través de organizaciones religiosas o centros de rehabilitación clandestinos es donde se somete a la ‘tortura mental’.

Ante esto, organizaciones como la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos han expresado su rechazo a eventos que promueven este tipo de perspectiva, porque estigmatiza y desinforma a la población sobre la diversidad sexual y de identidad.

A nivel nacional existen dos iniciativas de ley para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para sancionar este tipo de prácticas

Experiencia discriminatoria

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, presentada recientemente por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un 15.2 por ciento de los encuestados señaló que alguna vez se le sugirió ‘curar’ su condición.

Esto como muestra de las personas que dijeron haber vivido alguna experiencia de discriminación durante la atención médica. Pero no se trata del único caso que involucra una perspectiva lacerante frente a la orientación sexual, bajo el rubro de ‘otro’ (13.1 por ciento) dijo haber experimentado el señalamiento de que su orientación sexual o identidad de género es una enfermedad o escuchar que se le dijera “su enfermedad es un castigo de Dios”.

Piden prohibición de las terapias de conversión

El 16 de junio, en el marco de la conmemoración de los 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York, la comunidad LGBTTTIQ en Guadalajara extendió un pliego petitorio firmado por cerca de 40 organizaciones al Congreso de Jalisco, en el que se pide prohibir las terapias de conversión.

Estuvieron presentes Fela Pelayo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y el diputado local por Morena, Óscar Arturo Herrera, quienes dijeron que abogarán por defender las demandas de esta comunidad.

Pero a nivel local el panorama de la prohibición de las terapias de conversión no figura. Contrario a lo que sucede a nivel nacional, donde existen dos iniciativas de ley para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para sancionar este tipo de prácticas violatorias de los derechos humanos.

Las propuestas son de la diputada federal Citlalli Hernández, de Morena; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, donde piden prisión para los denunciados, suspensión en el ejercicio profesional para psicólogos, multas y hasta la pérdida de la patria potestad en caso de la obligación a menores de edad.

Según el informe “Homofobia de Estado. Estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el derecho”, solo el 1.5 por ciento de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas tiene legislaciones que prohíben las terapias. En América solo Brasil y Ecuador lo han hecho de forma correcta, a pesar de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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