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El dueño de la empresa intermediaria JAOS & SGB SAPI de CV, con 99 por ciento de las acciones, es José María Garza Treviño, empresario de Monterrey
“Los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios con el apoyo del gobierno”
El Gobierno de Guanajuato, que encabeza Miguel Márquez, dio un regalo caro a la armadora Toyota.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrió tras una investigación que el gobierno de Guanajuato pagó 481 millones de pesos por terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones, para regalarlos a la armadora transnacional Toyota.
“Exfuncionarios panistas estuvieron comprando terrenos para la planta de Toyota. Los exfuncionarios panistas fingieron ser ejidatarios para después revenderse las tierras a ellos mismos mediante una empresa llamada JAOS & SGB”, explica Valeria Durán, una de las autoras de la investigación.
La organización invitó a usar el hashtag #GtoAmaToyota para difundir la investigación en Twitter, publicada en el portal de Animal Político.
La investigación da cuenta con documentos notariales de que funcionarios federales se hicieron pasar por campesinos para adquirir 294 hectáreas en donde estará la armadora, y luego las vendieron al Gobierno estatal en 481 millones de pesos.
Es decir, con un sobreprecio calculado por los investigadores en 290 millones de pesos.
El resto de las tierras que se requieren para la armadora están en proceso de expropiación a través de la Sedatu, que encabeza Rosario Robles.
A través de una empresa intermediaria (JAOS & SGB SAPI de CV), los funcionarios compraron terrenos en menos de cuatro pesos el metro cuadrado, que un mes después revendió al gobierno de Guanajuato en 161 pesos el metro cuadrado.
“Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados por la intermediaria y luego revendidos al gobierno, con sólo un mes de diferencia”, indica la investigación.
En la transacción participaron personas que se hicieron pasar como campesinos, quienes en algunos casos despojaron con amenazas a ejidatarios de cientos de hectáreas que serían posteriormente regaladas a Toyota.
El plan es que la empresa se afinque en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde la empresa automotriz proyecta instalar una planta armadora.
El dueño de la empresa intermediaria JAOS & SGB SAPI de CV, con 99 por ciento de las acciones, es José María Garza Treviño, empresario de Monterrey.
La empresa fue constituida el 13 de junio de 2014 en Monterrey y a los 25 días sus representantes ya habían concretado la compra de los primeros terrenos.
“El nombre de la empresa intermediaria coincide con las iniciales de dos exfuncionarios en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes trabajaron como directivos en la Procuraduría Agraria”, dice la investigación.
“Santiago Germán Bordes cumple en la empresa intermediaria la triple función de consejero, apoderado legal y negociador, mientras que José Antonio Ortega Serrano es su socio, junto con Abraham Cherem, un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón.
“Los tres tienen el despacho dedicado a negociar la compra de tierras Law Social and Agro Advisor SC (LASC)”, revela la información.
El exfuncionario Santiago Germán Bordes se ostentaba como campesino y con el apoyo del comisariado ejidal de la comunidad donde se instalará la Toyota (Caleras de Ameche), se integró como ejidatario y adquirió 12 parcelas, que luego casi regaló a la empresa en la que es consejero.
“Lo mismo hizo una persona de nombre Juan José García Henríquez, quien en cinco contratos de compra-venta de esas tierras aparece como el campesino vendedor, pese a que en realidad fungía también como apoderado general de la empresa JAOS & SGB”, dice la investigación.
Los exfuncionarios federales se convirtieron en “ejidatarios” por unos días, adquirieron las tierras de manera masiva y luego las revendieron al gobierno a un precio mucho mayor.
“La firma de consultoría agraria creada por los exfuncionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.
La dirección de Caballo Calco 28 es también la sede de la Notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de JAOS & SGB”, indica el texto de los investigadores de Guanajuato.
“Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios con el apoyo del gobierno”, añade.
La investigación aporta documentos en los que se detallan los movimientos para la compra-venta de los terrenos, así como los avalúos de los bienes inmuebles en los que se planea la instalación de Toyota.