Tortura al archivero
La indolencia que envuelve a la práctica de la tortura en Jalisco no se da sólo al seno de las instituciones de seguridad, también en su Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), que termina archivando y desechando decenas de estas quejas contra las corporaciones locales.
Luis Herrera223
expidió la Comisión Nacional en ese periodo "El número de recomendaciones por tortura y malos tratos de la CNDH y de las comisiones estatales dista significativamente del número de quejas recibidas por estos organismos”
En septiembre del 2015 se informó de la primera condena por tortura en Jalisco: dos agentes de Tala fueron sentenciados a 14 años de prisión por matar a golpes a un detenido
La indolencia que envuelve a la práctica de la tortura en Jalisco no se da sólo al seno de las instituciones de seguridad, también en su Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), que termina archivando y desechando decenas de estas quejas contra las corporaciones locales.
La suerte que corre gran parte de las quejas de tortura en los archiveros de las comisiones de derechos del país, no pasó desapercibida al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, quien así lo señaló en su informe sobre México del 29 de diciembre de 2014.
“El alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos, y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad.
“El número de recomendaciones por tortura y malos tratos de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y de las comisiones estatales también dista significativamente del número de quejas recibidas por estos organismos”, escribió Méndez.
Esto que advierte el relator es constatable en el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pues si en el periodo del 2000 a 2015 (a junio) recibió mil 24 quejas de tortura, la mayoría las archivó, las declaró improcedentes o no halló violación alguna que sancionar: 641 o el 62.5 por ciento.
Del resto, 30 aún estaban abiertas (2.9 por ciento); 124 canceladas por desistimiento, falta de interés o ratificación de la víctima (12.1 por ciento); 35 se enviaron a otra Comisión (3.4 por ciento), y 81 se acumularon en otras quejas (7.9 por ciento).
Por lo tanto, las concluidas en una recomendación o conciliación fueron sólo 113, una décima parte del total (11 por ciento).
Si el análisis comienza en la actual gestión de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, su presidente desde 2007, resulta que de 224 quejas de tortura recibidas, 92 ya se encontraban archivadas o declaradas improcedentes o sin violación que castigar: el 41 por ciento.
Del resto, 30 seguían en proceso (13.3 por ciento); 28 se cancelaron por desistimiento o falta de interés de la víctima (12.5 por ciento); seis se enviaron a la CNDH (2.6 por ciento) y 22 se sumaron a otras (9.8 por ciento).
Así que apenas había 46 que llegaron a una conciliación o recomendación: sólo una quinta parte de todas o 20.5 por ciento.
Entre los casos que la gestión de Álvarez Cibrián mandó al archivo o desechó, había 73 contra la Procuraduría de Justicia y cinco contra la actual Fiscalía Central; ocho contra la Policía de Guadalajara; seis contra la estatal, dos para la de Tonalá, y una para cada una de estas: Amacueca, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapopan, Jocotepec, La Barca y Tepatitlán.
Mal de muchos
El bajo número de recomendaciones por tortura de la CEDHJ, con respecto a la gran cantidad de quejas que recibe, se replica también en otras comisiones del país.
Según el relator especial, entre 2011 y febrero de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 386 de estas quejas, pero emitió solo 12 recomendaciones: el 3.1 por ciento.
La Comisión de Nuevo León, con 293 quejas entre 2012 y principios de 2014, emitió 67 recomendaciones: un 22.8 por ciento.
La propia CNDH supo de 11 mil 254 quejas de tortura de 2005 a 2013, pero expidió 223 recomendaciones: 1.9 por ciento.
En Jalisco, en el periodo de 2007 a junio de 2015, su CEDHJ recibió 224 quejas y emitió 32 recomendaciones: un 14.2 por ciento (el 2015 acabaría con ocho recomendaciones más).
Si se revisa desde el 2000, con mil 24 quejas, se dieron 41 recomendaciones: el 4 por ciento.
Era oscura
Los registros de la CEDHJ indican que dentro del gobierno del exmandatario panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2006), se generaron ocho de cada 10 de todas las quejas por tortura que se presentaron en Jalisco en un lapso de casi 16 años. A su sexenio se le deben 797 de estas.
Ramírez Acuña carga con hechos como la irrupción de sus policías a una fiesta rave en Tlajomulco de Zúñiga, donde sometieron a los jóvenes, el 4 de mayo del 2002.
Y la represión de manifestantes en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, el 28 de mayo del 2004.
Con el exgobernador Emilio González Márquez se dieron 161 quejas de 2007 a 2012, 80 por ciento menos a su antecesor.
Mientras que con Aristóteles Sandoval Díaz, desde el 2013 se llevaban 63, aunque hasta octubre del 2015 su Fiscalía había recibido 17 recomendaciones por tortura, el 35 por ciento de todas las emitidas desde el 2000.
En estos casi 16 años son las instituciones ministeriales, ya sea la anterior Procuraduría o la actual Fiscalía, las causantes del 85 por ciento de todas las quejas de tortura -873-, coincidente con lo señalado por el relator.
“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.
Luego, siguieron las Policías de Guadalajara, 65; la estatal -incluyendo Fuerza Única-, 50; Zapopan, 21, y Puerto Vallarta, 16.
Verdugos libres
Pero la impunidad de la tortura tiene más caras en Jalisco. Según la CEDHJ, de las 41 recomendaciones emitidas del 2000 a junio de 2015, sólo en seis tiene constancia de sanciones a los verdugos: menos de una quinta parte.
En esas seis se castigó a 17 elementos: dos policías investigadores, cuatro policías estatales y cinco de Zapopan, cuatro agentes del Ministerio Público, un actuario y un secretario.
En cinco de estos hechos, a pesar de su gravedad, se castigaron con apenas 30 días de suspensión; en dos con 15 días de suspensión, y en una decena solo se integró el caso al expediente laboral del agente.
Lo muestra la recomendación 13/2013 al excomisionado de Seguridad de Fiscalía, Alejandro Solorio Aréchiga. Ahí la CEDHJ confirmó que dos policías estatales allanaron una finca donde torturaron a dos hombres, los golpearon y mojaron para darles descargas eléctricas, a uno lo ahogaban en una tina.
El parte médico de uno de los torturados dice: “Lesiones que por su situación y naturaleza sí ponen en peligro la vida”. Pudo morir; el hecho lo castigó la Fiscalía con una suspensión sin sueldo por 30 días a dos de los suyos.
“La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”, dice el relator, y recomienda:
“Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente (…) que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura”.
El 25 de septiembre de 2015 se informó de la primera condena por tortura en Jalisco: dos agentes de Tala fueron sentenciados a 14 años de prisión por matar a golpes a un detenido; el 6 de agosto el fiscal Eduardo Almaguer había anunciado la primera averiguación de su institución contra 15 policías investigadores por ese delito.
El relator supo de cinco condenas entre 2005 y 2013 en todo el país, y 388 averiguaciones en el DF desde 2008.
