El boquete de las finanzas en la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila ya es un socavón.

Su administración no solamente deberá de aclarar en dónde quedaron mil 900 millones de pesos que le entregó el Gobierno federal y no pudo justificar su destino, sino que también tendrá que esclarecer las observaciones por más de 900 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su Análisis de la Cuenta Pública de 2021.

En total, la ASE detectó irregularidades en la entidad y municipios por más de 6 mil 706 millones de pesos, de los cuales 900 millones corresponden al Poder Ejecutivo encabezado por el priista Riquelme Solís.

Entre las anomalías detectadas durante su gestión en 2021 se encuentran pagos a terceros ejercidos pero “cancelados” , “no localizados” y “duplicados” así como erogaciones a personas físicas que prestan sus servicios como empleados y a su vez son prestadores de bienes y servicios en la misma entidad. Además de nóminas duplicadas y el pago de “servicios personales” que no aparecen en los registros contables.

Los resultados de la fiscalización en el primer trimestre de 2021 revelaron que el Ejecutivo de Coahuila acumuló observaciones no solventadas las cuales ascienden a 900 millones 616 mil 905.25 pesos.

El monto mayor se encontró en los registros contables que integran los capítulos de “Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública” cuyo importe asciende a 800 millones 245 mil 896.85 pesos.

Le sigue un hallazgo de (Comprobante Fiscal Digital por Internet) CFDI emitidos y recibidos por pagos a terceros en su formato “XML”, que se encuentran con “estatus de cancelado” en el portal del Servicio de Administración Tributaria. El importe asciende a 35 millones 669 mil 192.08 pesos

En tercer lugar la Auditoría detectó anomalías por 36 millones 282 mil 548.58 pesos que se generaron por los pagos de servicios personales subordinados que difieren de los registros contables que integran el capítulo de Servicios Personales.

Finalmente, el ente auditor detectó 27 millones 629 mil 887.09 pesos por CFDI emitidos de pagos de nóminas que se pagaron durante el mismo periodo de tiempo dos o más veces.

Durante la entrega del Informe de la Cuenta Pública 2021, hace tres semanas, el auditor superior de Coahuila, Manuel Rodríguez Briones, destacó que los organismos no aparecen por no comprobar los gastos, sino por no justificarlos.

El auditor explicó que es difícil que un organismo no compruebe dichos gastos porque están obligados a generar los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) y todas las operaciones que se realicen deben tenerlo.

“No son temas de comprobación, sino de justificación. Tienen que comprobar las compras, adquisiciones y demás. (…) Además se encontró que no se aplicó de manera correcta la Ley de Adquisiciones del Estado, que es de las partidas que más engrosan la falta de justificación del gasto en las auditorías practicadas, incluso se pagaron obras que no están ejecutadas”, agregó.

Debido al endeudamiento elevado Coahuila se encuentra sin la posibilidad de adquirir mayor financiamiento durante este año. Foto: Especial

Deuda e impunidad

Además, la auditoría analizó la deuda pública en la entidad, la cual se encuentra en semáforo amarillo en los indicadores de endeudamiento.

De acuerdo con el “Reporte Trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios, correspondiente al tercer trimestre de 2022” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Coahuila fue una de las tres entidades federativas que presentó un mayor nivel de endeudamiento per cápita con 13 mil 087.3 pesos.

Debido a esta situación el IBD concluyó que Coahuila mostró un endeudamiento elevado, es decir, la entidad se encuentra sin la posibilidad de adquirir mayor financiamiento durante este año.

A pesar de esta situación, el Gobierno de Riquelme recibió la autorización del Congreso local para refinanciar y/o reestructurar la deuda pública por un monto de hasta 36 mil 309 millones 183 mil pesos hasta los años 2038, 2043 y 2048.

Debido al endeudamiento y a los problemas en la rendición de cuentas, el auditor solicitó la creación de una ley de juicio político, esto para que los desfalcos al erario no queden en la impunidad.

Esta ley es de vital importancia ya que la mayoría de los artículos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos se encuentran derogados en Coahuila.

El titular de la unidad jurídica de la auditoría, Luis Carlos García, también solicitó la promoción de responsabilidades administrativas a los funcionarios públicos que no entreguen la información a tiempo a los funcionarios entrantes.

Este rubro es de vital importancia ya que este año Coahuila renovará Gobierno y a partir del 1 de diciembre entrará la nueva administración que suplirá e intentará lidiar con el socavón que dejará en la entidad Miguel Riquelme.

‘Desaparecen’ dinero federal

El 19 de diciembre Reporte Índigo publicó el texto “El boquete de las finanzas en Coahuila” en el que hizo eco de los hallazgos detectados por la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF reveló, luego de 17 auditorías que realizó en la entidad, que la administración de Riquelme no pudo aclarar el destino de casi 2 mil millones de pesos que le otorgó el Gobierno federal y deberían ser destinados a salud y educación en 2021.

Con esta cifra, la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís ocupó el primer lugar a nivel nacional en la lista de entidades que deben de aclarar mayores montos de dinero otorgado por el Gobierno federal.