Sin ley no hay castigo
Para Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en México se da “una amnistía de facto a los desaparecedores”.
“¿Quiere usted desaparecer gente? ¡Venga a México, no le va a pasar nada!”, plantea Corcuera de manera irónica.
El primer factor que potencia la impunidad es no contar con una legislación que castigue, argumenta. Las autoridades solo pueden castigar las conductas previstas en la ley como delitos.
“Nulla poena sine lege (no hay pena sin ley)”.
Predeterminado del sitio200
Para Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en México se da “una amnistía de facto a los desaparecedores”.
“¿Quiere usted desaparecer gente? ¡Venga a México, no le va a pasar nada!”, plantea Corcuera de manera irónica.
El primer factor que potencia la impunidad es no contar con una legislación que castigue, argumenta. Las autoridades solo pueden castigar las conductas previstas en la ley como delitos.
“Nulla poena sine lege (no hay pena sin ley)”.
Corcuera cita esta máxima del derecho para explicar por qué la impunidad en territorio nacional se ve favorecida.
Es una conducta o un acto que usualmente queda sin pena. Que se favorece de que no haya ley que la castigue.
En entrevista con Reporte Indigo, el especialista explicó que este delito solo está tipificado en una veintena de estados mexicanos y en materia federal.
En la mayoría de los casos –salvo en el Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila– esta conducta está mal tipificada lo que implica, por ende, que no se pueda penalizar.
Va más allá.
En el supuesto de que se contara con buenas leyes, lo que se requiere es tener voluntad para hacer justicia.
“Hay una absoluta ausencia para que se haga justicia y esto no nada más es un discurso sino que se prueba con los hechos”.
Hechos son que de 2006 a 2013 hay solamente seis sentencias condenatorias por desaparición forzada. Así se refiere en el informe que México presentó ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Más aún. Únicamente hay 99 averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) mientras que en las procuradurías locales hay menos de 200. Así de raquíticas las cifras ante las “decenas de miles de personas desaparecidas”.
La guerra de las cifras
Respecto a la reciente polémica gestada por las cifras confusas que las autoridades han dado sobre los desaparecidos, Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU considera que sería imprudente de meterse en esa guerra de cifras.
“Es tan odiosa, porque estamos hablando de vidas humanas”.
Lo que se requiere, dice, es información de rigor para conocer la magnitud del problema.
En ese sentido, reconoció como sensata la postura de la CEAV que dijo a este medio se encuentra trabajando en el Registro Nacional de Víctimas que pretende sea “una base de datos sea segura”, en la que la ciudadanía puedan confiar”.
Corcuera lamenta esta guerra inhumanizada de cifras que se vive y recuerda que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la verdad.
“Para conocer las dimensiones del problema porque nada más nos están confundiendo… no es una buena noticia que las autoridades se contradigan en una cosa tan delicada y dolorosa como es el tema de la desaparición forzada”.
Espera que pronto recapaciten y corrijan.
No son cifras, son vidas
El pasado 10 de mayo, Corcuera observó que desde que la PGR formalizó la instalación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas hay poca o nula información sobre su estructura.
“(poco se sabe) El número de agentes que la conforman, los operativos de búsqueda que realiza, el número de personas desaparecidas que se ha hallado con vida, el número de cuerpos sin vida que se tienen resguardados y el número de cuerpos que hayan sido identificados indubitablemente y que correspondan a personas desaparecidas”.
No se cumple el derecho a la verdad con el que cuentan los familiares de las personas desaparecidas para conocer datos concreto sobre el estado de las investigaciones, como ordena la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Días después, el procurador Jesús Murillo Karam dijo a las familias víctimas que se habían localizado a miles con vida y muertos a unos centenares. Que los desaparecidos rondaban la cifra de 13 mil.
“Si eso es cierto, los datos se tiene que corroborar”, sostiene Corcuera quien no tiene empacho en afirmar que si de creer se trata, les cree a los familiares de las víctimas.
“Quiero ver que las madres de los desaparecidos se levanten y digan: sí, ya apareció mi hijo”, asegura.
