Seguridad, lucha ciudadana

03 de Sep, 2018

Con la instalación el día de hoy de la Mesa Metrópoli Monterrey por la Seguridad y Justicia inicia un nuevo esquema colaborativo entre autoridades, sociedad civil y empresariado para intentar mitigar los niveles de inseguridad en el área metropolitana.

Durante los últimos tres años, en Nuevo León, y en coincidencia con la llegada a la gubernatura de Jaime Rodríguez, Calderón se ha registrado un alza en delitos como homicidio, robo y violación.

Tan sólo en 2015, la Fiscalía General reportó 451 homicidios dolosos; en 2016, la cifra subió a 644 y para 2017 fueron 653 casos. Hasta julio de este año ya se habían contabilizado 389 delitos de este tipo.

El proyecto busca que, a través de una colaboración más estrecha entre las autoridades, los empresarios y la sociedad civil organizada mejoren las condiciones de seguridad pública e impartición de justicia en la zona más afectada por la violencia en los últimos años.

Este mecanismo ya fue implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2010 y en ciudades tamaulipecas como Tampico, Madero y Altamira en 2015

Como resultado hubo una reducción de la incidencia delictiva y una menor percepción de inseguridad en la población, a través de la prevención, fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiacos y el reforzamiento de la cultura de la legalidad.

La Mesa de Seguridad y Justicia es un órgano independiente de los gobiernos federal, estatal o municipales, por lo que no sustituirá el trabajo operativo de las autoridades pero sí colaborará de manera estrecha con todos los niveles, principalmente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General de Nuevo León.

En este espacio se trabajará para construir una agenda común de seguridad y justicia que fortalezca el funcionamiento de las políticas y estrategias en la metrópoli de Monterrey.

Bajo un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno y la iniciativa privada, los integrantes de la Mesa coadyuvarán en los esfuerzos oficiales para reducir la incidencia delictiva, atender los factores de riesgo y contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y las condiciones de paz en Nuevo León.

En 2017, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadìstica y Geografía (INEGI) estimó que 72 por ciento de la población en Nuevo León considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja a la entidad.

Además, según los últimos datos de Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en junio de 2018, más de 73 por ciento de la población en Monterrey se sintió insegura en su ciudad. En Apodaca el porcentaje fue de 63 por ciento, en Santa Catarina de 59 y en Guadalupe de 57 por ciento, todas en la Zona Metropolitana.

No solo las estadísticas de homicidio doloso han aumentado en forma preocupante. El robo a casa pasó de 2 mil 845 en 2015 a 3 mil 446 casos en 2016 y a 3 mil 43 en 2017. En cuanto robo a negocio, en 2015 se reportaron 2 mil 952 casos, para 2016 la cifra aumentó a 4 mil 519 y en 2017 llegó a 3 mil 711.

Según datos de la Fiscalía, en 2015 fueron reportados como robados 3 mil 225 vehículos. En 2016 la cifra aumentó hasta los 4 mil 158 y para 2017 fueron 4 mil nueve casos. Hasta julio de este año la cifra era de mil 542.

Los casos de violación también aumentaron en el último trienio. En 2015 se registraron oficialmente 614 casos, para 2016 fueron 676 y en 2017 el número llegó a 644. A julio de 2018 ya se han reportado 460 casos de violación

Victor Zorrilla Vargas

Coordinador de la Mesa por la Seguridad y Justicia

>Fundó el fideicomiso Fibra Inn

>Se ha desempeñado como consejero de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León (AMHMNL), presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) de Nuevo León y vicepresidente de Banca Serfin

Propuesta y colaboración

El encargado de coordinar la Mesa Metrópoli de Seguridad y Justicia será el empresario Víctor Zorrilla Vargas, quien hoy encabezará la presentación formal de esta iniciativa privada en la que se espera la presencia del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

También acudirán los alcaldes metropolitanos en funciones y los electos, los mandos policiales y militares en la entidad, así como algunos diputados locales y legisladores federales.

En esta primera fase, los municipios en donde se comenzará a trabajar son Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García.

Para ello se formarán, de entrada, cuatro comités: de Acceso a Justicia, de Indicadores, de Robo y de Fortalecimiento Institucional. En las experiencias anteriores en Juárez y los municipios de Tamaulipas hubo además otros comités como el de Comunicación, de Secuestro y Extorsión, y el de Fortalecimiento Policial, que podrían ser integrados en una siguiente fase.

La Mesa se integrará por ciudadanos que trabajarán en forma dinámica ‘a través de la propuesta y la colaboración’. Estará coordinada por Zorrilla Vargas, quien contará con el apoyo de una Secretaría Técnica a cargo de los asuntos administrativos, las convocatorias y la gestión de la agenda, las minutas y el seguimiento a los acuerdos.

Para su operación, la Mesa se apoyará en los trabajos de los Comités y en las reuniones plenarias en donde participan autoridades, empresarios, sociedad civil organizada y academia, con el interés en la resolución de los problemas públicos de seguridad y justicia.

En los Comités, tanto los ciudadanos y trabajadores colaborarán sobre los problemas considerados críticos y en la búsqueda de soluciones. Su objetivo es desarrollar estrategias, y proponer acciones y recomendaciones al pleno para su aprobación.

La coordinación de los Comités también estará a cargo de ciudadanos, aunque en ellos participarán activamente funcionarios y expertos en la materia, quienes buscarán una colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil.