La permanencia de Morena no garantiza una continuidad de la estrategia de paz, pues serán nuevos liderazgos y negociaciones. Foto: Especial

Seguridad, clave para ganar la capital del país en las elecciones de 2024

La estrategia de la actual administración para pacificar la CDMX ha conseguido disminuir la incidencia delictiva, lo que se ve reflejado en una mejora en la percepción de inseguridad de la ciudadanía, sin embargo, también se debe poner atención al combate de las mafias y de otros delitos como el fraude y la extorsión si Morena quiere triunfar en 2024

En 2024 se renovará la Jefatura de Gobierno y la titularidad de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo que implica la posibilidad de que se dé una alternancia política luego de 25 años de gobiernos de izquierda.

En ese contexto, las acciones para combatir la inseguridad que han emprendido tanto el Gobierno central como las demarcaciones territoriales, son clave para tener buenos resultados en los próximos comicios.

Expertos afirman que el abordaje del tema de seguridad tiene diversas aristas, pero destacan la importancia de mantener la coordinación con el Gobierno federal, los estados y fiscalías locales, así como el reconocimiento y combate a las “mafias subterráneas” y a los delitos de fraude y extorsión.

El 24 de abril, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dieron a conocer los resultados del “Informe de Evaluación de Incidencia Delictiva Enero-Septiembre 2022”.

La mandataria local destacó que, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el homicidio doloso disminuyó en casi 60 por ciento; el robo de vehículo con violencia en 69.4 por ciento y el robo de vehículo sin violencia en 53.3 por ciento.

“Hay una reducción de 60.1 por ciento del total de delitos de alto impacto en lo que llevamos de abril y estoy segura de que vamos a acabar con cifras similares, tenemos un promedio diario de homicidios dolosos de 1.5. Es, quizá, el número más bajo en la historia de la CDMX desde 1996”, mencionó.

Asimismo, subrayó que esta baja en la incidencia delictiva se ve reflejada en la percepción de inseguridad ciudadana, ya que de 2022 a 2023 ha habido una disminución al 57.1 por ciento.

Según las autoridades, estas cifras indican que la estrategia de seguridad del Gobierno capitalino, enfocada a la pacificación de la ciudad y en la atención a las causas y a la cero impunidad, es correcta.

Otras mafias

Al margen de los índices delictivos y de las acciones ejecutadas por los organismos judiciales, investigadores señalan que existen otras mafias que controlan la ciudad más allá de las instancias de gobierno y que, es tal su antigüedad, que no importa el color del partido que llegue a la Jefatura de Gobierno, estas seguirán presentes.

Entre los grupos denunciados se encuentran los de los mercados, las de los taxis, los del agua, los de los despojos inmobiliarios, los de la prostitución y la trata de personas, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“La Ciudad de México se mueve debajo de la superficie de la que todos vemos gracias a grupos que han enraizado su poder por la corrupción y colusión con las autoridades por medio de actividades comunes. Ni en esta administración ni en las anteriores la ciudad ha estado gobernada realmente por el Estado”, afirma Sandra Romandía, periodista y coordinadora del libro Las siete mafias chilangas.

Óscar Balderas, investigador de la mafia de la prostitución, dice que esta organización tiene una antigüedad que data desde finales de los años 30 y están coludidos ciudadanos españoles que se asentaron en las calles del Centro Histórico.

Afirma que estas células no se generan por una ausencia del poder político de Gobierno, sino que surgen porque hay políticos dispuestos a delegar tareas de gobernanza y dárselas a los criminales.

“Se sostiene porque la gente, desgraciadamente, ha caído en el engaño de que necesitan a los piperos, a los taxis pirata y es importante que la gente sepa que estas mafias deberían ser extirpadas de la ciudad, pero están sostenidas por el poder político”, subraya.

Rumbo a 2024

Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), destaca que, desde hace décadas, las administraciones capitalinas han hecho mayor inversión en los cuerpos policiacos, en contraste con los de otros estados del país.

“Esto es el punto favorable e, incluso, por el que García Harfuch es un probable precandidato de Morena para la Jefatura de Gobierno; sin embargo, desde el ámbito netamente de geografía delictiva, el fenómeno cucaracha es algo que estará siempre presente”, comenta.

Afirma que para tener una gobernanza de la seguridad es necesario un modelo de colaboración metropolitana entre la policía del Estado de México, Morelos e Hidalgo para blindar a la Ciudad de México.

A esto le suma la implicación que ha tenido que la mitad de la ciudad esté gobernada por partidos de la oposición y la otra mitad esté bajo el control de Morena, pues las alcaldías que simpatizan con el proyecto de la “Cuarta Transformación” reproducen una estrategia de seguridad similar a la planteada por este grupo en el poder.

“Muy apegada al discurso y a la presencia de los cuerpos policiacos y de la Guardia Nacional en los espacios territoriales”, subraya.

Ante la posibilidad de que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, la demarcación con menor índice delictivo, pueda ser el abanderado de la oposición para contender por la Jefatura de Gobierno, Mora señala que las alcaldías opositoras impulsaron la estrategia de desconcentrar la seguridad, lo que podría ser un factor a considerar antes de las elecciones.

En tanto, afirma que la permanencia de Morena no garantiza una continuidad de la estrategia de paz, pues serán nuevos liderazgos y negociaciones.

“Automáticamente eso se disputa, primero habrá que reclamar una coordinación con el Gobierno central y después con el Gobierno federal, lo cual relativamente hay con Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los pendientes

Falta poco más de un año para que termine el actual gobierno y, pese a los logros en materia de seguridad, las autoridades de la Ciudad de México no han logrado erradicar dos delitos en específico: el fraude y la extorsión.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que el fraude, de 2020 a 2022, aumentó casi 50 por ciento. Mientras que la extorsión se mantuvo al alza durante el mismo periodo.

Los datos revisados señalan que en 2020 se abrieron 14 mil 398 carpetas de investigación por fraude, cifra que para 2021 aumentó a 19 mil 938 y, para el 2022, alcanzó las 21 mil 493 indagatorias judiciales.

El artículo 386 del Código Penal Federal define al fraude como el delito que se comete engañando a una persona o aprovechándose de un error para lucrar de manera indebida.

Aunque la comisión de diversos delitos ha disminuido durante la actual administración en la Ciudad de México, el fraude y la extorsión aún golpean los bolsillos de las y los capitalinos. Foto: Especial
Aunque la comisión de diversos delitos ha disminuido durante la actual administración en la Ciudad de México, el fraude y la extorsión aún golpean los bolsillos de las y los capitalinos. Foto: Especial

Sobre la extorsión, las cifras del SESNSP detallan que en 2020 se abrieron 344 carpetas de investigación, las cuales aumentaron en 2021 a 532.

Para 2022, la incidencia bajó, pero aun así, se mantuvo más alta que en 2020 y en ese año se abrieron 357 investigaciones por dicho ilícito.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es considerada como un delito de alto impacto y la comete quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial.

Problema multifactorial

La alta incidencia de la extorsión se debe a diversos factores, entre los que destacan la alta carga de trabajo del personal de investigación y las dificultades que implica interponer una denuncia, menciona Héctor Segovia Tavera, especialista en seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

“Uno de los factores más importantes es que las víctimas no son bien atendidas en el Ministerio Público. Aparte de que no las quieren atender, se pueden tardar hasta tres horas en levantar una denuncia y eso hace que la gente no quiera ir a denunciar”, afirma.

Explica que la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene una carga de trabajo muy importante, lo que les impide desahogar todos los casos que debe indagar.

“Tienen muchísimo trabajo, se cometen muchos delitos y esto genera que no atiendan bien a la ciudadanía”, detalla.

Acciones prioritarias

El especialista asegura que se deben priorizar las acciones de inteligencia, principalmente, en las zonas de comercio.

“A los que venden coches, a los que venden joyas, seguramente ellos son a quienes más se les cobra piso. Pero también la extorsión se da mucho de manera telefónica”, indica.

Por último, comenta que, en lo que resta de la actual administración de la Ciudad de México, la extorsión y el fraude seguirán en aumento debido a que no se han implementado acciones específicas para erradicarlos a nivel local.

Crisis jurídica

Existe una crisis jurídica en la Ciudad de México y a nivel federal que no permite la correcta judicialización y persecución de la extorsión y, principalmente, el fraude, acusa Lizbeth Padilla Sanabria, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La especialista explica que, para la judicialización de las carpetas de investigación por fraude, el Ministerio Público requiere solicitar a un juez de control información financiera o bancaria del acusado.

Sin embargo, recurrentemente sucede que la fiscalía obtiene dicha información sin una orden judicial, lo que representa una violación al debido proceso.

“La información se convierte en ilícita y esto genera que haya impunidad, ni siquiera un juez judicializa la carpeta y, si llegaran a imputar al acusado, en la audiencia se le deslinda por la violación que hubo a sus derechos humanos”, declara Padilla.

Especialistas advierten que hay un problema tanto a nivel federal como local que imposibilita una buena judicialización y persecución de las extorsiones y los fraudes. Foto: Especial
Especialistas advierten que hay un problema tanto a nivel federal como local que imposibilita una buena judicialización y persecución de las extorsiones y los fraudes. Foto: Especial

Esto sucede porque las autoridades investigadoras no están capacitadas en materia de derechos humanos.

Atención en otros ámbitos

Otro factor que interviene en el aumento de la extorsión y el fraude es que las autoridades priorizan el combate a otros delitos de alto impacto como el homicidio o el robo con violencia.

“Claro que las autoridades van a direccionar sus esfuerzos a los delitos de alto impacto, entonces los casos de fraude y extorsión no los investigan y lo que pasa es que, con el paso de los años, prescriben y ya no se persiguen”, dice.

Padilla Sanabria considera que los policías de investigación necesitan ser capacitados en derechos humanos para evitar violaciones al debido proceso.

“Nuestros policías de investigación solo se basan en los manuales de procedimientos penales, pero no operan la norma jurídica con exactitud por la falta de capacitación”, menciona.

Agrega que es importante combatir la extorsión porque este delito, en la mayoría de los casos, está acompañado de un secuestro.

La especialista comenta que la inflación creciente y la crisis económica que traerá consigo, van a provocar que ambos delitos crezcan en los próximos años.

“Lo que nos dice la experiencia y los estudios, es que a mayor crisis económica, mayor incidencia en delitos de alto impacto”, declara.

Según datos del Banco de México, la inflación cerró en 2022 con un índice de 7.8 por ciento, tasa que se mantuvo hasta el mes de marzo de 2023.

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