Opacidad en presupuesto participio
La corrupción es uno de las problemáticas más importantes del país, después de la inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por sí mismos. 2015, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Jonathan Ávila
Un noble instrumento de participación ciudadana no debe manipularse para que un funcionario realice acciones de promoción”
La corrupción es uno de las problemáticas más importantes del país, después de la inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, los mexicanos vistos por sí mismos. 2015, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En ese sentido es que el 47.6 por ciento de los ciudadanos encuestados por el IIJ cree que el primer acto de corrupción se da en instancias de gobierno.
Fue así como desde el 6 de octubre, el diputado local por Movimiento Ciudadano, Mario Castellanos
Ibarra, presentó un acuerdo legislativo al gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, para que realizara las acciones necesarias para ejercer adecuadamente 400 millones de
pesos destinados a la partida 7993.
Esta partida del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 se aprobó para poder solventar los proyectos resultantes del presupuesto participativo que se eligió a mitad de este año.
Sin embargo el destino de estos recursos, a decir del acuerdo aprobado de forma unánime por los diputados locales, ha sido poco transparente y sin explicaciones respecto a la selección de los municipios en los que se han aplicado los recursos etiquetados.
Presentado el acuerdo al lado de Margarita Sierra, activista y presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, se señala que diversas organizaciones y el propio autor del acuerdo ha encontrado anomalías en 10 puntos.
Ya que al no haber claridad respecto a la selección de los municipios, se advierte que se incumple con el objetivo de propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos, sin que medie un mecanismo público, objetivo, transparente y auditable.
Además de que no se conocen, ni se han difundido, las acciones que se han implementado para asignar un techo presupuestal para este presupuesto participativo en la región o municipio donde se asigne.
Contrario a esto, para el Legislativo “es alarmante que la poca información que se ha dado a conocer sobre la aplicación de la Partida 7993 (…) sea a través de la cuenta de Twitter del Secretario de
Desarrollo e Integración Social”.
Miguel Castro Reynoso, titular de la Sedis, ha publicado fotografías e información respecto a este tema únicamente en sus cuentas oficiales de redes sociales, sin que se difunda la información clasificada como fundamental y a la cual está obligada la dependencia para hacerlo en su portal web.
Programas para la promoción
Es así como Mario Castellanos señaló que este instrumento no debe de caer en la lógica del uso de los programas presupuestarios para la promoción de la imagen. Toda vez que el titular de la Sedis ha manifestado en diversas ocasiones su simpatía por postularse a un cargo de elección popular a la alcaldía de Guadalajara o incluso al gobierno del estado en 2018.
“Un noble instrumento de participación ciudadana no debe manipularse para que un funcionario en particular realice acciones de promoción política electoral personal o hacia su agrupación política, en lugar de servir a la sociedad”, señalaba la exposición de motivos del acuerdo aprobado en la sesión de 13 de octubre pasado.
Ya que uno de los municipios que se ha visto beneficiado con el presupuesto de la partida 7993 es Tonalá, uno de los pocos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara que es gobernado por el PRI, en contraposición a una mayoría de gobiernos emanados de MC.
De esta forma es que el acuerdo advierte que no se sabe con qué carácter o bajo qué condiciones es que este municipio fue seleccionado para beneficiarse de un presupuesto de 80 mdp y una partida adicional de 1.5, a decir de Miguel Castro.
“Sin pretender regatear el apoyo a las necesidades reales existentes en el municipio de Tonalá; ni la SEDIS, ni el Gobierno del Estado han precisado cuáles fueron los criterios para destinar a este municipio, además de los 80 millones del presupuesto participativo, una partida adicional de 1.5 millones que, en declaración del secretario Miguel Castro, saldrán del presupuesto de la SEDIS para la realización de obras y adquisición de bienes supuestamente priorizados por el voto de la gente”, señala el acuerdo en su exposición.
Piden acciones necesarias
Finalmente se solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco que “efectúe las acciones necesarias a efecto de garantizar el ejercicio adecuado en tiempo y forma y de manera transparente de los 400 millones de pesos de la partida 7993”.
Así mismo, se solicitó que se expida una metodología de asignación del presupuesto participativo que atienda a las variables prioritarias de distribución equitativa. Mientras que a la Sedis se le solicitó que haga pública la información y explique los criterios con que en este año se han realizado las acciones etiquetadas del presupuesto participativo.
Ya que este año diversos municipios se han beneficiado del mismo, tales como Villa Purificación y Tonalá, a la vez que las regiones Costa Sur y Región Norte, cuyas sedes son Autlán y Santa María de los Ángeles, respectivamente.
Contemplándose, recientemente, la integración de San Pedro Itzicán, para que a éste municipio también se dirijan recursos del presupuesto participativo.
Este acuerdo fue apenas una de las iniciativas contenidas en un paquete de reformas que pretenden dar sentido al destino de los recursos público, ya que se ha percibido una utilización política electoral en el uso de la imagen pública del titular de la SEDIS.
Es así como Mario Castellanos también propuso modificar cuatro leyes clave en este tema. Una de ellas consiste en realizar cambios en el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
““Precisa que todo servidor público que en ejercicio de sus funciones se encuentre involucrado en el Presupuesto Participativo tiene obligación de agotar el presupuesto en lo determinado por la consulta pública y abstenerse de promover su imagen utilizando este mecanismo”, explica la propuesta legislativa.
Además de reformar los artículos 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para que se fortalezcan los reglamentos con los cuales se aplica la participación ciudadana; el 60 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública y el 17 bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
“Daremos la correcta certeza del presupuesto participativo asegurando que la consulta con el ciudadano sea la que determine, invariablemente, el destino de los recursos. Que se generen de manera precisa los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación”, señaló Castellanos Ibarra al presentar las iniciativas.