Una de las acciones más destacadas que ha puesto en marcha el gobierno de López Obrador, y en particular el SAT de Raquel Buenrostro Sánchez contra la evasión fiscal, es sin duda la persecución y sanción de las llamadas “empresas factureras”, que se consolidaron como un mecanismo para eludir impuestos con alcances masivos.


Se trata de compañías falsas que se montan solo para vender facturas que amparan actos o actividades inexistentes, pero que le permiten al comprador deducir estas operaciones simuladas. Las dimensiones que adquirió este esquema de defraudación fiscal están diagnosticadas por las autoridades

“En febrero de 2020 el SAT dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre diversos esquemas de operaciones de contribuyentes que emitieron comprobantes que amparaban operaciones inexistentes, o actos jurídicos simulados, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017 a 2019.

Estas operaciones sumaron más de 339 mil millones de pesos e involucraron a 977 contribuyentes en diversos estados del país. Lo anterior a efecto de que la UIF, realice las medidas cautelares correspondientes”, se reporta en el Segundo Informe de Gobierno.

Además, el 23 de junio de 2020, el SAT informó que, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, se presentó el primer paquete de denuncias contra 43 empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Dichas empresas dejaron de pagar, en total, 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones. En este esquema participaron 8 mil 212 personas físicas y morales”.

Hasta junio de 2020, se tenían identificadas 9 mil 663 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), pues: “El SAT cuenta con un programa permanente para detectar quiénes emiten comprobantes que soportan actividades o actos inexistentes y los sujetos que dan efectos a los citados comprobantes”.

Aquel 23 de junio de 2020, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo:


Antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos

Carlos Romero Aranda

Procurador fiscal de la Federación

Otras acciones contra la evasión fiscal que destacó el procurador fue “el poner en la Constitución el que no se permite la condonación de contribuciones”, así como la reforma por la “que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada para factureras, es decir, para el que vende facturas“.

En efecto, esa reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión el 15 de octubre de 2019, y “tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.

En ese supuesto, estos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, se impondrá sanción con dos a nueve años de prisión y serán considerados como amenazas a la seguridad nacional”, informaron los diputados el 8 de noviembre de ese año.

Gobierno cobra con “pistola en la cabeza”

Aunque el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” está implementando diversas acciones contra la evasión fiscal, eso no significa que cuente con una estrategia bien articulada, según lo advierte el especialista, Antonio Sánchez Sierra, coordinador del Doctorado en Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara.


Antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos

Carlos Romero Aranda

Procurador fiscal de la Federación

El también doctor en Ciencias Contables y Auditoría por la Universidad de Barcelona comenta comenta que hasta ahorita en sí no existe una estrategia dentro del Plan Nacional de Desarrollo como tal para combatir formal, frontal, jurídica y fiscalmente la evasión fiscal.

“No hay un plan definido donde se diga ‘bueno, estamos haciendo esto, vamos a hacer aquello’, no hallas absolutamente nada”.

Los cobros multimillonarios que está efectuando el SAT a grandes contribuyentes tampoco convencen al especialista, pues asevera que se presiona a los empresarios amenazándolos con ser denunciados por defraudación fiscal, lo que implica enfrentar el juicio desde prisión preventiva –tras la reforma de 2019-.

“Bajo ese esquema de ponerles la pistola en la cabeza con artificios jurídicos y acusarlos de defraudación fiscal pues ¿así quién no paga? (…) Entonces ¿realmente recaudaron?, Pues sí, recaudaron una vez, pero eso ¿sabes que está ocasionando? Que se aleje la inversión extranjera porque en México no existe la seguridad jurídica para los contribuyentes. (…) ¿Eso es combatir la informalidad o la evasión fiscal? No, así no se logra”.

El especialista asevera que todo contribuyente tiene “derecho a presentar un recurso de revocación, a irse a juicio, a un amparo en materia fiscal, y una vez que se señale a quién le asiste la razón, se determina si debes o no debes, (…) a estas grandes empresas no se les permitió ser oídos y vencidos en juicio, (…) se les violó el artículo 14 constitucional”.

La aplicación de la prisión preventiva en esta materia, pasa por alto el Artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que dice: “En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias”.

Y asegura que no hay ningún otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tenga tipificada la evasión fiscal como delincuencia organizada, lo que llamó “un exceso”.

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