El proceso de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) podrá tardar hasta 26 años y por ese motivo todavía no se pueden conocer las cifras de los daños, señaló Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño, durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Caso Raphael aseguró que los primeros recursos del NAIM se remontan al presupuesto de 2014 y que la cancelación de ese proyecto no ha concluido. Por las implicaciones económicas y jurídicas de desecharlo, el proceso podría tardar hasta 26 años.


“No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado. Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años”.

El auditor aclaró que entre sus análisis no existe aún ninguna cifra definitiva que señale daños materializados, porque el proceso de construcción y posterior cancelación del NAIM todavía no concluye.


“Sólo se emiten recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión”.

Entre las conclusiones de su auditoría, Agustín Caso señaló que no existe un pliego de observaciones ni la cuantificación de un presunto daño a la Hacienda Pública; así como señalamientos a ningún servidor público ni sanciones por conductas graves derivadas de la cancelación del NAIM.


“Al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe ni existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a algún ente o algún gobierno”.

Apuntó que las recomendaciones de su auditoría carecen de carácter punitivo, pues la idea es “recomendar que se establezcan mejores procesos en la acción institucional” para la administración de los gastos.

Aclaró que la exposición de los resultados de la auditoría no pretenden formar parte de un ataque hacia el ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, funcionario que ordenó la cancelación del aeropuerto.


“Eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo”.

Señaló que para el inicio de las obras se gastaron 163 mil 540 millones de pesos, erogados hasta 2019, y 168 mil 455 millones de pesos por costos adicionales; recursos que no son de libre disposición porque no proceden de un carácter presupuestario.

“Fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico: la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas”.

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