Pueblo Wixárika denuncia invasión de cárteles, reclutamiento y desapariciones
Las disputas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han alcanzado a las tierras de ese pueblo en el norte de Jalisco, según lo exponen sus integrantes en un “Plan de Justicia”
Luis HerreraLos integrantes de la comunidad indígena Wixárika que está asentada en el norte de Jalisco, denuncian en el “Plan de Justicia” que elaboraron con el Gobierno de México, que la “narcoguerra” de los cárteles ha invadido sus tierras, junto con fenómenos delictivos como el reclutamiento de jóvenes para engrosar sus filas y la desaparición de personas.
En el documento titulado “Plan de Justicia de los pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan”, los indígenas Wixáritari de Jalisco exponen los impactos que ha traído para su entorno la disputa violenta que se mantiene entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
“En cuanto al tema de paz y seguridad, los representantes de las comunidades Wixáritari insistieron en los altos índices de inseguridad y violencia presentes en la región. La causa principal de este problema es que las fronteras de los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango se han vuelto territorio de disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado, principalmente Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa”, se lee en el Plan.
Derivado de la desaparición de una menor de edad de la comunidad Wixarica, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) a través de Alerta Amber Jalisco continúa con ininterrumpidos trabajos de búsqueda para dar con su paradero. pic.twitter.com/ecI3VbUJeP
— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 18, 2023
Los miembros del pueblo Wixárika señalan que los “focos de tensión de la disputa” entre estas dos organizaciones criminales se localizan en los municipios de Mezquitic, Bolaños, Valparaíso y Monte Escobedo. Los primeros dos están ubicados en Jalisco, mientras que el par restante en Zacatecas.
Esos grupos delictivos que luchan por el control territorial de la zona norte de Jalisco, se han mostrado interesados por vías de comunicación específicas que interconectan varias entidades federativas. “Uno de los puntos rojos es la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata, que cruza territorios de los cuatro estados, en la cual los grupos delictivos han instalado retenes en diferentes tramos carreteros”, se lee en el documento.
Una de las revelaciones más alarmantes del “Plan de Justicia” es que durante 2022 hubo momentos en que las comunidades Wixáritari estuvieron “sitiadas” por los miembros de los cárteles. En el Plan se narra:
“Uno de los hechos más recientes de violencia que sufrieron las comunidades Wixáritari sucedió en junio de 2022, cuando elementos de ambas organizaciones criminales se alojaron en territorios de la región Wixárika de Jalisco. Una de estas organizaciones instaló campamentos en tierras de la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, al mismo tiempo que hacían recorridos por las comisarías pertenecientes a esta comunidad”.
Con esta invasión de los cárteles en territorio Wixárika y la ausencia de las fuerzas de seguridad en esa región, “prácticamente, Andrés Cohamiata estaba sitiado, nadie podría entrar o salir por el miedo a ser objeto de agresiones del grupo criminal o quedar en fuego cruzado ante posibles enfrentamientos”.
Dos grupos se disputan la tierra sagrada
La irrupción de los cárteles en el territorio Wixárika en Jalisco ha traído consigo dinámicas delictivas propias del crimen organizado como el reclutamiento y la desaparición de personas, además de que ha obstaculizado la prestación de servicios públicos fundamentales para sus habitantes, como la salud y la educación.
Las autoridades indígenas Wixáritari así lo señalan en el “Plan de Justicia”: ” … las autoridades expresamos que algunos jóvenes de la región han sido reclutados por estos grupos y, además, hay desapariciones de miembros de las comunidades. Igualmente, los pobladores son víctimas de robo de mercancías o vehículos, así como de la privación de transporte público durante los momentos de tensión”.
La educación a los jóvenes #wixárika es la #Resistencia más fuerte de su pueblo para defenserse de los diversos ataques que provienen principalmente del Estado mexicano, los empresarios, los ganaderos y el crimen organizado. https://t.co/AoWRaKM1L5 pic.twitter.com/5UVqqSu72i
— Pie de Página (@PdPagina) January 21, 2018
Las afectaciones sobre los servicios públicos en la Región Norte de Jalisco, se explica en el documento, se originan en que este ambiente de violencia e inseguridad que impera está alejando al personal que brinda las atenciones médicas y que imparte las clases en el sistema educativo:
“Ante estos sucesos, la población Wixárika vive con temor, angustia e incertidumbre, al igual que afecta su desarrollo social, pues servicios públicos se ven interrumpidos porque médicos, enfermeras, profesores y otros servidores públicos evitan adentrarse en zonas de violencia o conflicto”.
El pueblo demanda paz en su Plan
Entre las demandas que hace el pueblo Wixárika asentado en Jalisco para mejorar la seguridad pública de sus comunidades, y contener la presencia de las organizaciones criminales en la región, se incluye el establecimiento de bases operativas de las fuerzas federales en los alrededores para garantizar que intervengan prontamente cuando sea necesario.
De esta manera, el documento expone solicitudes que hicieron los Wixáritari como las siguientes: “Que se gestione la solicitud de establecer bases de operación del Ejército Mexicano y/o de la Guardia Nacional en Santa Cruz de la Sierra/Santa Lucía del municipio de Valparaíso, Zacatecas; Crucero de Banderitas, municipio de Bolaños, Jalisco; Cerro de la Puerta de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco”.
Junto a esta: “Que la Guardia Nacional, la SEDENA y las Autoridades Tradicionales de los tres pueblos, establezcan un mecanismo de coordinación para garantizar la paz y seguridad en la región“.
El “Plan de Justicia” para el pueblo Wixárika establece demandas puntuales para las autoridades no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también en el de la salud, la educación, la medicina tradicional, la economía indígena, los procesos productivos, así como la infraestructura básica.
En el documento se solicita la restitución de las tierras que se encuentran invadidas, la creación de la “Universidad Intercultural Wixárika en el estado de Jalisco” y el mejoramiento de los servicios básicos como agua potable y drenaje, electricidad, así como telecomunicaciones (internet y telefonía).
En materia de violencia contra las mujeres, también se pide que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para mujeres y el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación brinden talleres de equidad de género, erradicación de la violencia de género y derechos de las mujeres de pueblos originarios.
¡Digno de compartir!: Un joven wixárica se graduó en Zacatecas como abogado y con el mejor promedio de su generación https://t.co/edqQ6uJA1T
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 28, 2019
