Proponen que agresores sexuales y acosadores no puedan tener cargo popular en Nuevo León

Diputadas locales junto con activistas presentaron en el Congreso de Nuevo León, una reforma a seis artículos de la Constitución local, para que agresores de género, acosadores sexuales y deudores alimentarios, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, magistrados o integrantes de órganos autónomos.  

Fueron la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, y las activistas Yndira Sandoval (Las Constituyentes), y Rosaura Guerra (Venumia), quienes llamaron a estas reformas como “3de3 Contra la Violencia de Género”.  

Lorena de la Garza, aclaró que dentro del documento se especifica que quien desea tener un cargo público, no debe de contar con cargos por deudas alimenticias, violencia familiar, delitos contra la intimidad personal y acoso sexual.  

“La reforma es de seis artículos de la Constitución, para que las personas que tengan un antecedente por agresión, acoso, o sean deudores alimentarios, no puedan aspirar a ocupar un cargo público por cierto tiempo”, detalló la diputada.  

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Será por tiempo  

Según lo detallado por la legisladora, dependerá del cargo que se quiera ocupar, no se deberá de tener ninguno de las denuncias de los delitos antes mencionados, por un tiempo definido. 

Para diputado se debe de estar ‘limpio’, en los últimos cinco años; para Gobernador en los últimos seis años; en el caso del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, consejero de la Judicatura y del Instituto Estatal de Transparencia, los últimos 10 años; para ser parte del Ayuntamiento en los últimos cinco años.  

Además aclaró que no se puede vetar por completo a alguien que recibió estos cargos, debido a que iría contra los derechos humanos.

“Debería ser como la muerte política, pero no podemos poner que sea algo de más tiempo de antigüedad, porque iríamos en contra de los derechos humanos”, destacó Lorena de la Garza.  

También enfatizaron que pidieron que se dictamine está reforma de manera urgente, para que así pueda ser aprobada antes de las elecciones del 2024.