Privilegios opacos
Los ediles de extracción panista en el Gobierno de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, se pronunciaron a favor de que éste transparente cuántos policías municipales realizan labores de protección de funcionarios, luego de que con su reserva impidiera el acceso público a esta información.
Luis Herrera"No estamos para respaldar esquemas o situaciones de compadrazgo (…) y descuidemos la seguridad de las familias y de los habitantes por estar apoyando empresarios que tienen recursos para pagar esa seguridad”
Los ediles de extracción panista en el Gobierno de Guadalajara, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, se pronunciaron a favor de que éste transparente cuántos policías municipales realizan labores de protección de funcionarios, luego de que con su reserva impidiera el acceso público a esta información.
El regidor del PAN Juan Carlos Márquez Rosas, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Guadalajara, dijo además que investigará a través de este órgano municipal del que forma parte, la cantidad de elementos que fueron sacados de sus labores operativas ordinarias en las colonias de la ciudad, para fungir exclusivamente como escoltas.
El día de ayer Reporte Indigo dio cuenta de la negativa del gobierno de Alfaro Ramírez de transparentar la cantidad de policías municipales que están asignados para la protección de funcionarios públicos, y el costo que eso conlleva para las arcas públicas, a pesar de la historia de abusos y excesos que la ciudad ha tenido en esta materia.
En la administración municipal que antecedió a Alfaro Ramírez, la que fue presidida por Ramiro Hernández García, de octubre de 2012 a septiembre de 2015, se destinaron hasta 103 policías para el resguardo de personalidades que incluyeron desde exfuncionarios públicos, hasta empresarios, ministros religiosos y el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
“Habrá que preguntarle al Comisario de Seguridad Pública, al licenciado Salvador Caro, qué pasó con esta información, cuál es el estado de fuerza y distribución que se tiene actualmente y cuál es el número o la lista de comisionados que se tienen con respecto a la gente que esté auxiliando a los funcionarios”, declaró el edil panista Márquez Rosas.
“No se debe esconder nada, no hay nada que temer sobre ese tema, simplemente hay que entender que en algunos casos sí se justifique (las asignaciones) como en el caso del presidente municipal, y el caso del propio comisario de Seguridad”, abundó.
La ciudad de Guadalajara enfrenta hoy un déficit de policías muy serio. Su corporación municipal está compuesta actualmente por sólo 2 mil 538 agentes, esto es, un 39 por ciento por debajo de los parámetros que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (2.8 oficiales por cada mil habitantes).
Para el caso específico de la ciudad de Guadalajara, este estado de fuerza óptimo sería de 4 mil 186 oficiales. Es por ello que el edil hace énfasis en que la asignación de los policías como escoltas no puede estar sujeta a compadrazgos ni amiguismos:
“Es conveniente siempre y cuando haya una justificación evidentemente; como en el caso del gobierno de Ramiro Hernández, pues tenía policías pagados por la ciudadanía al servicio de empresarios, lo veo muy mal; si el empresario quiere tener seguridad, o quiere tener un esquema de seguridad que lo proteja, tiene que pagarlo.
“Hay en este caso cuerpos de seguridad privada con portación de arma que pueden proporcionarles evidentemente por un costo mensual unos elementos calificados para su seguridad, pero que el municipio saque de la operatividad, saque del estado de fuerza y distribución, saque de la vigilancia en las colonias elementos para prestárselos o para comisionarlos con empresarios, eso sí esta muy mal”.
Esos 103 policías municipales de Guadalajara que estuvieron fungiendo como escoltas durante el gobierno priista, representaban una erogación anual que ascendía a los 7 millones de pesos, según las estimaciones de las actuales autoridades, y los cuales eran sufragados con el erario público.
De acuerdo con el informe parcial que proporcionó el Gobierno de Guadalajara sobre la gestión de Hernández García, el empresario del sector radiofónico Keith A. Boone Skea contó con un policía para su protección personal, al igual que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.
“No estamos nosotros para respaldar esquemas o situaciones de compadrazgo, de amiguismo, y que con ello nosotros descuidemos la seguridad de las familias y de los habitantes por estar apoyando empresarios que tienen recursos para pagar esa seguridad en los grupos de seguridad privada”, consideró Márquez Rosas.
Silencio e incongruencia
El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez no atendió la solicitud que este periódico le hizo de brindar una postura oficial con respecto a la reserva que determinó sobre la información del uso de policías como escoltas.
En el segundo día del actual gobierno, el 2 de octubre de 2015, el alcalde cuestionó los excesos de la administración que lo precedió, y que había destinado más de 100 de sus oficiales a la protección de funcionarios y –ahora se sabe- a personalidades del ámbito religioso y empresarial.
Es por ello que se le preguntó al regidor Márquez Rosas si esta determinación por mantener ahora en opacidad la cantidad de policías dispuestos como escoltas y su costo para el erario era una postura incongruente del gobierno de Guadalajara.
“Evidentemente, al principio nos enteramos precisamente que esa fue una de las críticas al gobierno de Ramiro Hernández; se habló de optimizar los recursos humanos con respecto a la gente comisionada para salvaguardar la seguridad de funcionarios y solamente -y yo recuerdo perfectamente las palabras del comisario- en aquellos muy indispensables habría que comisionar elementos.
“Inclusive habló de que iba a tener menos seguridad de la que tenía en este caso el extitular de la Policía, el anterior comisario, y que evidentemente esto era orientado a tener más gente en las calles.
“Tenemos que criticarlo porque desde el principio la postura del gobierno fue sí dar a conocer en este caso los comisionados para saber que eran los menos posibles, inclusive bajo la promesa de bajar el número de elementos para la seguridad propia del comisario”, abundó el regidor.
La fuerza política del PRI en el Gobierno de Guadalajara que encabeza el edil Ricardo Villanueva Lomelí, omitió igualmente posicionarse sobre esta temática.
También optaron por no pronunciarse el coordinador panista de la bancada de legisladores en el Congreso estatal, Miguel Ángel Monraz Ibarra, y el presidente del Comité Directivo Estatal panista, Miguel Ángel Martínez Espinosa.
Reporte Indigo publicó que el alcalde de Guadalajara omite transparentar la información sobre el costo que representa asignar policías como escoltas.