Prisión preventiva oficiosa, la propuesta menos austera de las reformas de AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador propone extender la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que sería un agregado a un decreto de 2019 cuando, a la par de más ilícitos, se incrementó el gasto en los penales
Linaloe R. Flores y Daniel FloresEl paquete de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó una al artículo 19 constitucional para ampliar la lista de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. La iniciativa tiene el fin de prevenir los ilícitos en torno al llamado crimen organizado; sobre todo al tráfico de fentanilo.
Con ello, se busca “la paz, la seguridad, la salud y continuar con acciones en beneficio de la población”, asentó el Ejecutivo federal en la justificación de su propuesta.
En cinco años es la segunda vez que el presidente propone añadir delitos que impliquen ingresar a prisión a esperar un proceso y una sentencia. En abril de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 19 constitucional y en febrero de 2021 aparecieron varias modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. Las enmiendas permitieron la inclusión de ilícitos como el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales y la corrupción por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con una investigación en CompraNet por parte de Reporte Índigo, desde entonces, en las cárceles de México se generó un afluente de cientos de millones de pesos.
López Obrador (al parecer estas si son las buenas) propone ampliar una vez más el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Así es, la misma figura que declaró inconvencional 2 veces la Corte IDH
Abro hilo breve al respecto. pic.twitter.com/ApjFk439n5
— Luis (@EliudTapia) February 6, 2024
Los gastos en contrataciones de Prevención y Readaptación Social (PRS), el organismo que administra los centros penitenciarios de México, pasaron de 53.9 millones de pesos (mdp) en 2019 a 244.5 en 2020. Para 2021, las erogaciones fueron de poco más de mil mdp. En 2022 fueron de 885.6 mdp, un descenso respecto al año anterior, pero 16.4 veces más grande respecto a 2019. El año pasado, el organismo erogó 389.6 mdp, lo que significó 7.2 veces más que cuatro años antes.
Este ritmo de gasto coincide con otro incremento: el número de personas privadas de la libertad que aumentó en 18.5 por ciento en ese mismo periodo, de acuerdo con las ediciones del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad.
En la edición del Cuaderno correspondiente a diciembre del año pasado, la dependencia reportó que las prisiones mexicanas concluyeron 2023 con 231 mil 906 mujeres y hombres repartidos en 14 centros del Gobierno federal, 13 de la Ciudad de México y 258 de los estados. De esta población solo 144 mil 94 personas habían recibido sentencia. En el panorama, había una sobrepoblación de 11 mil 650 personas.
De acuerdo con los contratos publicados por el PRS en Compranet, las personas que en estos momentos no cuentan con libertad generaron gastos entre 2019 y 2023 de vigilancia, mantenimiento de las instalaciones, medicamentos y alimentos. En la revisión de más de mil contratos no aparece ninguno que lleve en el título estar relacionado con la rehabilitación.
“No seré cómplice del Poder Judicial si la @SCJN decide eliminar la prisión preventiva oficiosa”, AMLO sobre la fundamental decisión de la Corte el 5 de septiembre.
Y acota: “Por cada delincuente de cuello blanco que salga de la cárcel,tendré que decir que fue el Poder Judicial”. pic.twitter.com/P9bThLm9fD— Tremebundo🎗 (@tremebundo_) August 30, 2022
La contratación más alta fue por 330.1 mdp para servicio de vigilancia de los Centros Federales de Readaptación Social y la Academia Nacional de Administración Penitenciaria y su vigencia se inició en marzo de 2021 y venció el último día de ese año con el Servicio de Protección Federal.
En 2020, el año en que la pandemia de COVID-19 alcanzó sus puntos críticos, las compras en los centros penitenciarios se concentraron en medicamentos. En ese año está el único contrato registrado para tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Se firmó el 20 de abril y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre. El monto fue por 89 mil 884 pesos.
En cuanto a los alimentos en la lista de proveedores está Operadora de Comedores Saludables que hasta el último día de 2023 sumaba más de 173 mdp. Se trata de la misma empresa que domina en el servicio de alimentación en el Instituto Nacional de Migración y que estaba a cargo de la comida en la estación Siglo XXI, en Chiapas, en julio de 2021, cuando unos 60 personas de varias nacionalidades presentaron infección por presunta ingesta de alimentos en descomposición.
Cinco empresas ante este pastel
En las erogaciones del PRS, cinco superaron los cien millones de pesos. Dos de estas empresas son administradas por el Gobierno federal: el SPF que obtuvo el mayor por la vigilancia, y Agroasemex S.A que fue contratada por más de 146 mdp para el aseguramiento de bienes patrimoniales.
Las otras dos son Irkon Holdings que tuvo un contrato de más de 231 mdp firmado en 2022 para el mantenimiento de los Ceferesos y Operadora de Comedores Saludables S.A de C.V con otro de más de 173 también de 2022 para la alimentación de los internos.
A este paisaje llegarían otros detenidos, los involucrados con presuntos delitos de tráfico de drogas; sobre todo químicas.
En la mira resultados de la PPO
La ampliación del catálogo de los delitos graves que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) fue duramente criticado por organizaciones civiles y abogados, que advirtieron que, lejos de garantizar el acceso a la justicia, solo la obstaculiza y vulnera los derechos humanos.
Casi cinco años después de modificarse esa figura jurídica, varios de los delitos en los que se aplica la medida cautelar van a la baja. En contraste, se ha generado un hacinamiento en las cárceles de todo el país y una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los índices de feminicidio evidencian una tendencia fluctuante en los últimos años. Aunque los números revelan un leve descenso el año anterior.
Por ejemplo, en 2019, se reportaron 944 casos, cifra que experimentó un ligero incremento en 2020 con 947 casos. Mientras que en 2021 continuó esta tendencia al registrar 981 casos, y en 2022 se contabilizaron 959 feminicidios. No obstante, en 2023 hubo un descenso con un total de 827 casos.
En cuanto a los casos de homicidio doloso en México, se observa un descenso sostenido. En 2019, se registraron 29 mil 499 casos, cifra que disminuyó a 28 mil 839 en 2020.
La tendencia a la baja persistió en 2021 con 28 mil 280 casos, y en 2022 la cifra descendió aún más, situándose en 26 mil 884 homicidios dolosos. Para 2023 la cifra se desplomó al contabilizar 25 mil 271 casos reportados.
El secuestro, otro delito que amerita esta figura jurídica, también arroja una disminución en sus índices. En el año anterior, se reportaron 456 casos, mientras que para 2019 la cifra ascendía a mil 330 casos de este tipo.
“No debe ser usada para combatir la inseguridad”
Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos, aseguró que, hasta hace unos años el sistema judicial mexicano era inquisitivo, ya que la persona acusada era considerada culpable desde el principio, con la regla general de ir a prisión, permitiendo excepciones bajo fianza.
Y si bien, agregó que con el Sistema Penal Acusatorio se avanzó en el respeto a los derechos humanos de los son acusados, la aplicación de la PPO generó una falsa percepción, pues el error radica en la interpretación de esta medida como una herramienta de combate al crimen.
“Es una medida nociva, socava al sistema penal y le da un poder adicional a la fiscalía, pues no se permite que se profesionalice la investigación, genera una falsa percepción de que se combate la inseguridad y se fomenta la corrupción”, afirmó.
📍Colectivos denunciarán ante la @CorteIDH desacato de 🇲🇽 sobre prisión preventiva oficiosa. En lugar de trabajar para su eliminación, como se ordenó en 1 de las 2 sentencias condenatorias recientes,la reforma de @lopezobrador_ que pretende ampliarla con+delitos “es regresiva”.👇🏽 pic.twitter.com/8CxR6mGWA6
— Elia Almanza 💜💚💗 (@EliaAlmanzaA) February 7, 2024
La nueva iniciativa
En su iniciativa en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, enviada al Congreso el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone incrementar la lista de delitos que la ameriten; sobre todo en el comercio de drogas químicas como el fentanilo, la extorsión y algunos delitos fiscales de “cuello blanco”.
De hecho, en su discurso alusivo al envío de estas enmiendas en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, el primer mandatario puso énfasis en esos ilícitos y los vinculó con el llamado crimen organizado en momentos en que México mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre estrategias de seguridad para el combate del tráfico ilegal del fentanilo.
En la iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador admite un incremento de delitos en torno al tráfico de estupefacientes. “El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en 2021 se imputó a 3 mil 260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo … En consecuencia, es necesario establecer, también, el narcomenudeo como una conducta que merece tener prisión preventiva oficiosa, en virtud de que ello permitirá al Estado mexicano afrontar el creciente aumento del consumo de drogas en el país”, expone el Ejecutivo federal.
En cuanto a la extorsión, el presidente sostiene que se trata de un delito que se comete con tecnología cada vez más sofisticada y “la autoridad no cuenta con las herramientas legales efectivas para combatir y abatir los diversos supuestos en que (se utilizan estos mecanismos”.
El objetivo del presidente quedó asentado en el argumento para modificar el artículo 19 constitucional que se refiere a la forma en que debe ser detenido y llevado a prisión cualquier individuo en el territorio mexicano. De aprobarse, la frase contenida en ese estipulado de “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” será cambiada por “el juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosamente” (cuando se trate de los delitos que pretende añadir). Ello puede ser interpretado como “prisión automática”.
“El juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de (…) extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados”, se lee en el planteamiento que justifica la modificación de ese artículo.
