La nueva crisis que enfrenta el Poder Judicial de Jalisco ante los señalamientos que ha recibido uno de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia por un presunto abuso sexual infantil, volvió a evidenciar las deficiencias que presentan los actuales métodos de evaluación de las magistraturas en el estado. 

Los mecanismos institucionales que deberían garantizar que los juzgadores de Jalisco tengan un desempeño eficiente, legal y alejado de la corrupción, recaen principalmente en el Poder Legislativo del Estado – que designa y ratifica las magistraturas – y en el sistema judicial de control de confianza que se aprobó con la reforma de 2019. 

Sin embargo, ambos tienen fallas: el escrutinio que debe realizar el Poder Legislativo es tan endeble que, en la pasada crisis que detonó el expresidente del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes, en 2016, no pudo detectar que éste tenía antecedentes penales que le imposibilitaban ser nombrado. 

Por su parte, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el sistema judicial de control de confianza que implementó la reforma aprobada en 2019, resulta violatorio de los preceptos constitucionales, de acuerdo con los amparos que ha resuelto en la materia, lo cual ha sumido en la incertidumbre el futuro de ese método de evaluación. 

Encumbramiento universitario 

Las acusaciones contra el magistrado de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, por presunto abuso sexual infantil en perjuicio de una menor de 15 años de edad, ya se tradujeron en una denuncia penal en su contra que fue presentada ante la Fiscalía del Estado. 

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Pero no es la única. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que el magistrado Covarrubias Dueñas ya había sido señalado en otra denuncia penal en su contra por un delito distinto: amenazas contra una mujer, misma que habría sido interpuesta recientemente, apenas en octubre pasado. 

El magistrado fue un funcionario de relevancia en la estructura de la Universidad de Guadalajara, donde fue encumbrado particularmente durante el Rectorado General de Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, pues Covarrubias Dueñas fungió como director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). 

Por eso, la organización Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) de Jalisco, señaló lo siguiente el pasado 17 de noviembre de 2021. 

“La víctima, menor de 15 años, tiene la misma edad que muchas de las denuncias en contra de este señor. Sus víctimas se cuentan por decenas, a lo largo de décadas en la que se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Guadalajara y en donde a pesar de esto, llegó a ser director de la División de Estudios Jurídicos”. 

CLADEM reveló también que hace más de 15 años acompañó el caso de una alumna que lo denunció por acoso sexual y tocamientos. “Fue necesario que la víctima dirigiera una carta al entonces presidente de la República Vicente Fox para que este enviara una oficio a la Universidad solicitando se investigara el caso. Ni así se logró la investigación. 

“La impunidad estructural y sistemática dentro la Universidad de Guadalajara y el sistema de impartición de justicia local es lo que ha cobijado el actuar de este tipo que fue premiado con una magistratura a pesar de las múltiples denuncias en su contra”. 

Tiempos legislativos 

En el Congreso de Jalisco, la legisladora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, un partido vinculado con la cúpula política de la U de G, ha señalado ante los medios que implementarán tres acciones contra el magistrado Covarrubias Dueñas: un proceso de desafuero, la separación definitiva de la magistratura que sigue ostentando y su inhabilitación como servidor público. 

En el escándalo de Vega Pámanes transcurrieron 16 meses desde que se reveló en los medios que tenía antecedentes penales que le impedían ser magistrado, el 27 de octubre del 2016, hasta que el Congreso de Jalisco aprobó su castigo inhabilitándolo. 

Fue el 27 de febrero de 2018, cuando el Congreso informó que aprobó inhabilitar hasta por nueve años al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, para ejercer cualquier empleo, cargo o responsabilidad pública, sanción derivada de siete juicios políticos presentados por distintos ciudadanos en su contra. 

Las medidas que ha tomado hasta el momento el Supremo Tribunal de Justicia contra el magistrado Covarrubias Dueñas son las siguientes, según lo determinó su Pleno el 18 de noviembre. 

“1. Iniciar un procedimiento administrativo y de investigación en contra del Magistrado integrante de la Quinta Sala Civil del STJEJ. 2. Suspender temporalmente del cargo como Magistrado integrante de la Quinta Sala Civil, sin prejuzgar sobre la responsabilidad del mismo y durante el tiempo que dure el procedimiento”. 

Y también: “3. Retener el 70 por ciento del salario del Magistrado mencionado, hasta la conclusión del procedimiento o hasta que lo determine el Honorable Pleno, como concepto del derecho de un mínimo vital, sin afectar juicios de alimentos que pudieran llegar a existir. 4. Dejar sin efectos la licencia de 5 días concedida en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado 17 de noviembre de 2021”.