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Reporte
Nacional

EJECUCIONES

Plomo contra alcaldes

J. Jesús Lemus

Con el asesinato del alcalde de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, ocurrido ayer en la madrugada en Puebla, son tres los ediles que han perdido la vida en los últimos 10 días en el país.

El alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue ejecutado el pasado 23 de julio presuntamente por un comando del crimen organizado. Un día después el presidente municipal de San Juan Chamula, Chiapas, fue asesinado por un grupo de manifestantes que le dispararon a quemarropa.


Ago 2, 2016
Lectura 7 min

Otra de las líneas de investigación del asesinato del edil José Santamaría Zavala apunta al móvil político

Con el asesinato del alcalde de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, ocurrido ayer en la madrugada en Puebla, son tres los ediles que han perdido la vida en los últimos 10 días en el país.

El alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue ejecutado el pasado 23 de julio presuntamente por un comando del crimen organizado. Un día después el presidente municipal de San Juan Chamula, Chiapas, fue asesinado por un grupo de manifestantes que le dispararon a quemarropa.

Ayer le tocó el turno al edil de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, postulado por el partido Movimiento Ciudadano.

De acuerdo a las primeras pesquisas realizadas por la Fiscalía Estatal de Puebla, una de las primeras líneas de investigación que se han abierto en torno al caso del homicidio del alcalde de Huehuetlán, apuntan a la posibilidad de un intento de robo.

En base a esa línea de investigación, según lo informó la vocera de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Cristina Ortiz, se pudo integrar la carpeta de investigación con número de expediente 226/2016/Tepexi, donde se descartó que el alcalde haya recibido disparos de arma larga.

Las investigaciones ministeriales preliminares también revelaron, en base al testimonio de una persona que acompaña al edil al momento de los hechos, que en el lugar donde se dio el crimen “había piedras sobre la carretera, para impedir el paso de la camioneta, y que los probables responsables que interceptaron la unidad, exigían el dinero de la nómina”.

El edil ejecutado resguardaba en su propio domicilio algunos de los fondos oficiales de la Presidencia municipal, un hecho que era conocido por todos los integrantes de la actual administración, pudiendo ser que los presuntos homicidas supusieran la portación de fuertes sumas de dinero por parte de Santamaría Zavala.

El alcalde de Huehuetlán ya había sido víctima de un asalto domiciliario el año pasado, cuando un grupo de desconocidos llegaron hasta el sitio de donde sustrajeron más de un millón de pesos, que eran propiedad de la administración local y serían utilizados para el pago a una constructora que ejecutaba una obra de agua potable, dijo un colaborador del edil asesinado.

“El robo no se consumó en virtud de que no llevaban recurso alguno en la camioneta”, explicó la fiscalía de Puebla, en un comunicado.

Los disparos que privaron de la vida al presidente municipal de Huehuetlán fueron directos. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la camioneta Toyota Rav4 con placas UAL9370 del estado de Puebla. Tanto la víctima como la unidad, que era de su propiedad, presentaban diversos impactos de arma corta, calibre 9 milímetros.

Aun cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla ha señalado el móvil del robo como primera hipótesis del asesinato, se estableció oficialmente que se “continuará con las líneas de investigación, sin descartar otras”, en donde se asoma también la presunción del secuestro, toda vez que el alcalde habría comentado entre algunos de sus colaboradores de la administración municipal, la insistencia de llamadas telefónicas donde anónimamente intentaban extorsionarlo.

No se descartan móviles políticos

Entre otras líneas de investigación por parte de los agentes que tienen en sus manos el esclarecimiento de la muerte del alcalde de Huehuetlán El Grande, está la posibilidad del móvil político, toda vez que el pasado 18 de febrero un grupo de inconformes, encabezado por seis regidores, cuestionó la honorabilidad de Santamaría.

En reclamo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que se revisaran las cuentas públicas del edil, medio centenar de ciudadanos se manifestaron en un plantón permanente y toma del palacio municipal, y acusaron al presidente municipal de desvío de recursos públicos a su favor.

El edil también fue acusado de utilizar a los ocho policías municipales con que cuenta esa administración para su seguridad personal y la de su familia, según las denuncias públicas hechas por los plantonistas.

Los inconformes también demandaron que el alcalde sacara las manos de los procesos de elección de los funcionarios de las Juntas Auxiliares que integran el municipio, exigiendo que la elección fuera con base a los usos y costumbres de cada una de esas microrregiones.

El alcalde, emanado de las filas del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue señalado a principios de este año de retener el pago de las quincenas a los integrantes de su cabildo que se oponían a sus directrices políticas, entre ellas la de cobijar a funcionarios no gratos a la comuna.

Los regidores oponentes al alcalde demandaron, sin tener respuesta del edil, la destitución de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Victoria Ramírez Pérez, a la que acusaron de “usurpar las funciones de su esposo”, al tomar el mando municipal cuando el alcalde Santamaría se encontraba ausente, sin tomar en cuenta la investidura de los regidores.

También se reclamó, sin respuesta del alcalde Santamaría, la renuncia del titular de Finanzas Municipales, Cándido Flores Ríos; del Contralor Municipal, Sergio Vélez Ramírez; del director de Obras Públicas, Gregorio León Carrera; y del Auditor Externo, Rogelio Martínez, los que despachaban, pagaban obras y manejaban recursos oficiales desde la casa del presidente municipal.

Homicidios en investigación

En Puebla, este es el segundo homicidio de un presidente en funciones, en menos de cuatro años.

En abril del 2013 también fue asesinado el alcalde del municipio de San Salvador El Verde, José René Garrido Rocha, quien aparentemente también fue víctima de la delincuencia común, al perecer en un robo perpetrado por un grupo de delincuentes que ingresaron a su domicilio, para sustraer joyas y dinero.

A los homicidios de los dos alcaldes poblanos en funciones, que van a la fecha, se suman también los asesinatos de tres expresidentes municipales ocurridos entre el 2015 y el 2016, en donde también la principal línea de investigación se centró en el robo.

Alcaldes ejecutados

En 10 días, tres ediles han sido ultimados en México:

José Santamaría Zavala

Alcalde de Huehuetlán

El Grande, Puebla

Emboscado en la carretera que conduce a la comunidad de San Agustín Ahuehuetla

Móvil: Intento de robo

Ambrosio Soto Duarte

Alcalde de Pungarabato, Guerrero

Emboscado en la carretera federal Ciudad Altamirano-San Lucas, Michoacán

Línea de investigación: Amenaza de la delincuencia organizada

Domingo López González

Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas

Manifestantes le dispararon a quemarropa en el palacio municipal de San Juan Chamula

Líneas de investigación: Revancha entre actores comunitarios, adversidad política y la línea económica por obras y apoyos municipales

Las otras víctimas

Exalcaldes ejecutados

en 2015-2016

Santos Gracia Machorro

8 de febrero 2015

Exalcalde priista de Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Ultimado en su rancho La Noria de un balazo en la cabeza

Móvil: Robo

Eustacio Tarcisio Lorenzo Marcos

20 de abril 2016

Exalcalde panista de San Felipe Xochiltepec, Puebla

Móvil: Intento de extorsión

Neftalí Hernández Mejía

15 de julio 2016

Exalcalde del municipio de Domingo Arenas, Puebla

Móvil: Asalto

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