PGR ofrece recompensa para localizar a auditores del SAT secuestrados hace dos años
Hasta un millón 500 mil pesos para quien o quienes aporten datos veraces y útiles que coadyuven en forma eficiente y oportuna a la localización
Carlos SalazarLa Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa a quien proporcionen información que permita a la localización de dos auditores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que desaparecieron en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2016.
El acuerdo fue publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación y en él se establece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien o quienes aporten datos veraces y útiles que coadyuven en forma eficiente y oportuna a la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, víctimas de los delitos de secuestro y los que resulten.
Los dos trabajadores del SAT fueron reportados como desaparecidos el 16 de junio de 2016 en Tlatlaya, luego de que fueron a realizar una diligencia oficial en este municipio. Se trataba de una notificación de una orden de verificación para un extranjero a quien se le retuvo su vehículo por algunas irregularidades en su documentación.
En ese entonces Arochi Roa contaba con 50 años de edad y Ortega Montiel con 36, y estaban adscritos al área de Auditoría de Comercio Exterior del SAT. Desde ese día se desconoce su paradero.
El 21 de junio de 2016, cinco días después de su desaparición, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una investigación por los delitos de secuestro y los que resulten, en agravio de ambos trabajadores.
En el acuerdo con el que se aprueba la recompensa de hasta 1.5 millones de pesos establece que la información puede ser recibida tanto en las oficinas de la PGR en Paseo de la Reforma, mediante el correo [email protected] o vía telefónica.
La recompensa no podrá ser entregada a servidores a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos, informó la PGR.
