La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, de acuerdo a una investigación, detectó que una red de empresas y personas físicas, tanto mexicanas como extranjeras realizó operaciones fraudulentas a través de exportaciones de despensas alimentarias a Venezuela.
Los hechos denunciados derivaron de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la que la Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una carpeta de investigación.
Los hallazgos detallan como un grupo de empresas y personas físicas y extranjeras obtuvieron recursos públicos venezolanos a través un programa gubernamental que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países para posteriormente exportarlas a Venezuela y distribuirlas a la población a un precio menor al de su costo comercial, y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población venezolana.
El mecanismo fraudulento con el que operaban consistía en adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través del programa del gobierno de Venezuela Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venderlos a la población venezolana en un valor 112 por ciento superior al costo real.
“Este tipo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, señaló en conferencia de prensa el titular de la SEIDO Alonso Israel Lira Salas.
A lo largo de la investigación, se detectó la presencia de diversos operadores, Alex N, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, además de Álvaro N, Manuel N, Santiago N y Andrés N, quienes con el propósito de obtener los productos alimentarios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países, entre ellos México para contactar con otras empresas.
Después de la investigación, llevada a cabo con diversas dependencias del gobierno federal, el agente del Ministerio Público de la Federación celebró reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en el esquema de especulación.
Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la cantidad de 3 millones de dólares americanos (aproximadamente 56 millones de pesos) los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
Además se comprometieron a no efectuar ningún acto ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país con motivo del programa CLAP.
Como parte de la investigación se localizaron 1,300 contenedores marinos en tierra mexicana que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias cuyo destino era precisamente Venezuela, mismos que fueron proveídos por los empresarios relacionados con la indagatoria.
Sin embargo, al analizar que los productos alimenticios son perecederos, que tiene como destinatarios finales a la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios pues de lo contrario se corre el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, informó Lira Salas.
Por último detalló que los hallazgos de la investigación serán compartidos con las autoridades venezolanas.
