El estudio también determinó que en 49 prisiones se llevan a cabo actividades ilícitas, existen zonas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, prostitución y personas o grupos que ejercen violencia
Nuevo León se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con menor nivel de gobernabilidad en centros penitenciarios, reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo presentó ayer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, donde detectó que existe autogobierno en 65 centros de reinserción social que dependen de los poderes ejecutivos estatales.
Nuevo León obtuvo 3.80 puntos en promedio en los Centros de Readaptación Social en Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, y se ubicó sólo por debajo de Tamaulipas, que consiguió 3.65 en su calificación.
El diagnóstico incluyó la visita a 101 reclusorios estatales, 17 penales federales y tres prisiones militares, que albergan al 79.93 por ciento de la población penitenciaria del país.
Los resultados indican que en tan sólo un año, las autoridades cedieron parte del control en cinco cárceles más a los internos, ó 4.3 por ciento adicional, con respecto a lo reportado en 2011.
El promedio nacional de gobernabilidad en prisiones estatales fue de 5.68 por ciento, lo que significa que en 12 meses el país retrocedió en la materia 0.73 puntos en su calificación global.
Mientras que el penal de Apodaca recibió un promedio de 3.21 puntos, Cadereyta obtuvo 4.49 y el Topo Chico alcanzó 3.79, resultados que están muy por debajo de la media nacional.
Nuevo León inició el sexenio pasado la construcción del penal de Mina ante el incremento de la población penitenciaria, derivado de la estrategia nacional de lucha contra el crimen organizado.
Este proyecto, que no se ha podido culminar, tampoco fue contemplado en el proyecto de Egresos de la Federación para el año 2014, en el rubro de inversión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El presidente Enrique Peña Nieto dejó de lado la construcción de ese nuevo establecimiento, que representa una de las obras más urgentes para Nuevo León.
La ingobernabilidad en la cárceles estatales también se puso en evidencia con la masacre de 44 reos en el penal de Apodaca, hace dos años, y los constantes motines y trifulcas en el Topo Chico.
En cambio, los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron globalmente 7.94 puntos, con ningún penal por debajo del promedio de 6.
Durante la presentación del informe, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, reveló que el sistema carcelario en México atraviesa por una condición crítica y que es necesario establecer un régimen de ejecución de las penas, que garantice el respeto a los derechos humanos.
La Comisión Nacional destacó en el reporte los obstáculos que enfrentó el personal durante las inspecciones a los reclusorios, como la imposibilidad de recorrer y examinar los edificios, debido a que algunas áreas estaban controladas por reos.
La institución advirtió un incremento en el número de incidentes relacionados con riñas, motines, fugas y homicidios: se presentaron 73 hechos violentos que dejaron un saldo de 154 reos fallecidos, 103 heridos y 261 fugados.
También determinó que en 49 prisiones se llevan a cabo actividades ilícitas, existen zonas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, prostitución y personas o grupos que ejercen violencia.
En 57 prisiones hay hacinamiento originado por la incorrecta distribución de los internos y en 52 hay sobrepoblación.
En 2012 había 239 mil 89 internos, de los cuales 11 mil 411 eran mujeres y 227 mil 678 hombres.
Sin embargo, la capacidad total de los centros penitenciarios es de 194 mil 62 personas, lo que significa que hay una sobrepoblación de 45 mil 27 personas privadas de su libertad.
