Por desacato a una suspensión para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos, un tribunal ordenó denunciar penalmente al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y a la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue tomada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien ordenó presentar la denuncia contra esos funcionarios al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa tras un juicio de amparo presentado por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP).


“A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”, determinó el tribunal.

En el juicio de amparo, la AMOHP denunció la falta de medicamentos contra el cáncer, lo cual impidió prestar atención a 260 niñas, niños y adolescentes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El 22 de julio del año pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito había negado la solicitud debido a que, ese mismo año, se había pronunciado sobre la suspensión con efectos y consecuencias similares.

Tras ello, el organismo interpuso un recurso de queja contra el acuerdo, donde el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió la suspensión de plano a la AMOHP para que las autoridades gestionen el suministro de medicamentos a sus pacientes.

Meses después, el organismo interpuso un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, según los efectos que había concedido el tribunal.

El pasado 16 de julio, el el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa presentó una denuncia ante la FGR, quien deberá integrar una carpeta de investigación por el delito de desacato y justificar su decisión en caso de no presentar cargos.

El delito de desacato a una suspensión es castigado con penas de tres hasta nueve años de prisión; multas de cincuenta a quinientos días, así como inhabilitación para desempeñar un cargo de tres a nueve años.

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