‘No somos delincuentes’
Las denuncias del conflicto de Aquila volvieron a escucharse en el Distrito Federal. Habitantes de San Miguel de Aquila dieron ayer su versión sobre lo que ocurre en esa comunidad indígena que, aseguran, vive bajo el yugo del crimen organizado.
La comunera Ofelia Alcalá solicitó medidas cautelares porque a su pueblo lo rige el miedo. En ese lugar se respira inseguridad y se atraviesa por “una situacion muy crítica” que, dijo, no debe ser ignorada más por el gobierno federal ni la sociedad.
Predeterminado del sitioLos comuneros argumentan que se armaron para defender sus vidas, Los comuneros organizaron su propia guardia por acuerdo de su asamblea para poner freno a los atropellos de los Templarios
Las denuncias del conflicto de Aquila volvieron a escucharse en el Distrito Federal. Habitantes de San Miguel de Aquila dieron ayer su versión sobre lo que ocurre en esa comunidad indígena que, aseguran, vive bajo el yugo del crimen organizado.
La comunera Ofelia Alcalá solicitó medidas cautelares porque a su pueblo lo rige el miedo. En ese lugar se respira inseguridad y se atraviesa por “una situacion muy crítica” que, dijo, no debe ser ignorada más por el gobierno federal ni la sociedad.
Las familias desplazadas de esa región de Michoacán temen por sus vidas desde hace tiempo, y dicen su temor se hizo más grande luego de que la guardia comunitaria que ahí se conformó para defenderse de los criminales fue desintegrada recientemente, tras un operativo conjunto de las Fuerzas Federales. Narran que llegaron “muy furiosos, como si ahí hubiera delincuentes, siendo que solo somos familias resguardando nuestra comunidad”.
El 21 de agosto, por la tarde, dicho operativo, de más de 500 elementos, ocasionó la muerte de dos personas, Salvador Ramos y Alejandro Martínez, de 35 y 25 años, respectivamente. Fueron asesinados al ser tiroteados por la espalda.
Los mataron “como animales”, en lugar de que la autoridad los protegiera: “el gobierno, yo digo, debiera estar en defensa de nuestro pueblo, y nos está asesinando a nuestros compañeros”.
Ese mismo día, el camión en el que viajaban “otros compañeros” que regresaron a Morelia, provenientes del DF, fue incendiado por hombres que portaban armas y pasamontañas. Nunca supieron quiénes eran pero en la sala de prensa del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en la colonia Roma de la capital del país, Alcalá cuestionó:
“¿Dónde está la seguridad de podernos mover con tranquilidad? Estamos con mucho temor”.
Hay mucha gente desplazada, huyendo por los cerros por los agentes estatales y miembros de la Marina que continúan “la persecusión”.
Por ello solicitan que los resguarden con “seguridad permanente de la policía federal” del “acoso” que sufren por parte del crimen organizado.
Otro comunero, Homero Bravo, indicó que ya solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudir al poblado para corroborar que hay “una falsa perspectiva de la guardia comunitaria” que ahí se conformó. Reitera, “no somos delincuentes” y sostiene que lo único que han hecho es defender a su pueblo. Solicita, por su parte, que la Policía Federal no solo escolte a los comuneros a su lugar de residencia y luego los deje abandonados a su suerte sino “que los cuiden” pues están a merced de la delincuencia.
Bravo precisa que los comuneros organizaron su propia guardia por acuerdo de su asamblea, para poner un freno al atropello de los Caballeros Templarios, quienes les exigían cuotas de hasta 700 mil pesos mensuales del dinero que obtienen de las regalías que reciben de la mina de fierro. La mina que administra la empresa Ternium, de capital extranjero.
La guardia comunitaria ha sido desactivada en Aquila pero las fuerzas gubernamentales “andan de cacería” buscando a más miembros de ese cuerpo.
En tanto, los verdaderos delincuentes “se quieren llevar (la riqueza del pueblo) todo sin dejarnos a uno nada”, denuncia Bravo. El comunero solicita que el presidente ponga atención de lo que ocurre en Michoacán:
“Yo personalmente yo voté por él y ahora, a como le di mi confianza, quiero que no las devuelva, simplemente que voltee a Michoacán está olvidado… porque está olvidado”.
Al igual que Alcalá solicita que el gobierno federal no los persiga como delincuentes y que liberen a los 21 compañeros aún presos en penales de Veracruz y Michoacán: “Su único delito fue proteger su vida, su familia, su hogar. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, si alguien llegara a hacerle un mal a su hijo, a su esposo, a su mujer” se defenderían.
Defensa argumentará ‘estado de necesidad’
La defensa del caso Aquila informó que el domingo pasado se determinó que no había elementos para establecer cargos de delincuencia organizada contra el grupo de autodefensa y solo estableció el delito el auto de formal prisión por el delito de portación de arma de fuego. El monto de las fianzas fue de 200 mil pesos, 10 mil como caución por persona.
Posteriormente, el juez determinó quitarles el auto de formal prisión a 19 de los 40 integrantes detenidos y, tras el pago de la caución, se estima que este jueves queden libres para continuar su proceso en libertad.
El abogado Leonel Rivera consideró un “despropósito” que los demás comuneros sigan presos en penales de alta seguridad por delitos como el de portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
El recurso de apelación ya fue interpuesto y en unos 40 días deberá estar resuelto, informó la defensa. Si el mismo fuera adverso, acudirán al amparo indirecto.
De hecho, adelantó que este versará en argumentar que los comuneros se armaron para defender sus vidas, ante la inacción de los gobiernos local y federal que no les proporcionó seguridad.
