La jueza Patricia Gutiérrez Ramírez decretó la suspensión del proceso que enfrenta la exalcaldesa panista de Monterrey Margarita Arellanes, hasta que no se resuelvan los amparos promovidos por ésta y otros exfuncionarios.

 

El día de ayer, durante la audiencia intermedia celebrada en el Palacio de Justicia, la cual se extendió por más de seis horas,  se dio a conocer que seis exservidores públicos, entre ellos la exalcaldesa promovieron amparos relacionados con el proceso que enfrentan.

 

Arellanes, junto con otros cinco de sus excolaboradores está vinculada a proceso desde el pasado mes de julio, por el presunto ejercicio abusivo de funciones, mientras que otros ocho exfuncionarios  de su administración, enfrentan acusaciones por ejercicio indebido de funciones.

 

Los imputados fueron vinculados por contratar los servicios de un despacho de abogados por la cantidad de 7.5 millones de pesos, mismos que fueron cargados al ayuntamiento de Monterrey a fin de defenderse de posibles demandas una vez terminada su administración.

 

Durante la comparecencia, tanto la Fiscalía del Estado, como la defensa de Margarita Arellanes, presentaron las pruebas que serían admitidas para el juicio oral, las cuales fueron aceptadas, en su mayoría, por la jueza.

 

A su llegada al Palacio de Justicia estatal, alrededor de las 9:00 horas, la exalcaldesa evitó hacer mayores comentarios respecto al proceso que enfrenta.

 

El propio fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, arribó al Palacio de Justicia para dar seguimiento al desarrollo de la audiencia.

 

La resolución del amparo podría llevar días e incluso semanas, señaló la abogada de la exalcaldesa, Carla Pratt.

 

Además de Arellanes, están vinculados a proceso el extesorero Julián Hernández; el exdirector jurídico José Francisco de la Cruz; los exsíndicos Irasema Arriaga y David Ochoa, la exsecretaria de Administración, Alejandra Rodríguez; el regidor Arturo Pecina y los exfuncionarios Luis Ángel Torres y Aldo Ariel Cepeda.