La justicia no se aplica igual para las mujeres que para los hombres en México. No importa si ellas son acusadas, víctimas o trabajan en el sistema, el trato que reciben es desigual y discriminatorio en comparación con sus pares masculinos.

El último informe de México Evalúa “Hallazgos 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” revela que las instituciones no favorecen la igualdad y sigue existiendo una división sexual del trabajo.


Por ejemplo, la mayoría de los puestos de decisión, de planeación estratégica o de desarrollo de investigación son desempeñados por hombres, mientras que los puestos secretariales o administrativos, por mujeres.

Según el informe, de las 32 fiscalías y procuradurías estatales, solo cuatro son encabezadas por mujeres. Y en las cúpulas de los poderes judiciales, únicamente cuatro ocupan la Presidencia.

“Si bien el hecho de que las mujeres ocupen espacios de decisión no garantiza la institucionalización del enfoque de género, este escenario es reflejo de la poca representación de las mujeres en el espacio público.

Mujeres, sin derechos

La misma situación de desigualdad y discriminación se repite con las que están acusadas o procesadas por algún delito; así como quienes son víctimas.

“La justicia está siendo ciega al género y eso está ampliando las brechas, estamos viendo una aplicación de la justicia que está sumamente cargada por roles, estereotipos o prejuicios raciales.

“De otra manera no podemos explicar que en el preciso momento en el que una mujer enfrenta la justicia en calidad de procesada se disminuyen sus derechos o se garantizan menos, respecto de los hombres”, explicó Crhístel Rosales, investigadora senior del programa de justicia de México Evalúa, durante la presentación del informe.

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La especialista señaló que las mujeres son presionadas a declarar bajo la amenaza de que se le hará daño a sus familias; también se les informa en menor medida sobre sus derechos; y las penas mayores son impuestas a esta población.

Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, citados en el informe, en el 2020, cuatro de cada 10 hombres (25 %) se encontraban privados de la libertad esperando una sentencia; en el caso de las mujeres la proporción era una de cada dos (50 %).


Las cifras de la ENPOL también señalaron que el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad en las sentencias es mayor en las mujeres que en los hombres, pues las superiores a los 21 años se dictan al 37 por ciento de ellas y al 27 por ciento de ellos.

Respecto a las víctimas, señala el documento, las razones por las cuales los hombres y las mujeres no acuden a denunciar un delito ante las instancias correspondientes son distintas.

“Mientras que los hombres generalmente no denuncian por considerarlo una pérdida de tiempo (38.7 por ciento), porque consideran el delito de poca importancia (10.9 %) o porque consideran que implica trámites largos o difíciles (9.2 %), las mujeres no denuncian porque no tienen pruebas (13.6 por ciento), por miedo al agresor (5.6 %) y por actitud hostil de la autoridad (4.0 por ciento)”, se lee.

Crhístel Rosales también señaló que el principal daño que los hombres refieren es el económico, en el caso de las mujeres lo es el psicológico.

“Que este daño se reporte en menos medida por los hombres puede estar vinculado a prejuicios y roles de género (los hombres evitan mostrar su vulnerabilidad), cuestión que hace necesaria replantear la departamentalización de la atención de hombres y mujeres en los órganos de procuración e impartición de justicia”, explica el documento.