La participación activa de las mujeres en la vida política del país es resultado de décadas de trabajo y activismo. Foto: Especial

Mujeres al mando, ¿garantía de cambio?

En 2024 los tres Poderes de la Unión podrían tener, por primera vez en la historia, a una mujer al frente, como ya ha ocurrido en varios gobiernos y secretarías de Estado, sin embargo, esto no necesariamente se traduce en un ejercicio igualitario y con perspectiva de género en favor de las mexicanas

En los últimos cinco años, la balanza política se ha inclinado cada vez más a favor de la paridad de género hasta el punto que, quien sustituirá a la máxima autoridad política del país en 2024, muy probablemente será una mujer.

No obstante, analistas coinciden en que este hecho sin precedentes no garantiza que los problemas de género que existen en el territorio nacional vayan a combatirse, pues depende de la disposición que las dirigentes tengan para abordar las agendas pendientes.

“Es importante tomar conciencia de que no por el hecho de que una mujer tenga un espacio significa que va a tener una agenda que sea en favor de las mujeres porque, si finalmente estás tratando de conservar el poder, a lo mejor esas agendas no necesariamente te van a ayudar a cumplir ese objetivo.

“Es un proceso complicado históricamente, pues una vez que se adquieren los espacios ¿cómo se mantienen y se aprovechan para sostener este proceso de avance y de consolidación de los derechos? Es bastante probable que, en seis años, o cuando terminen estos periodos, todos los puestos vuelvan a ser ocupados por hombres”, expresa Artemisa Montes Sylvan, analista política y directora ejecutiva en el Observatorio Mexicano de la Crisis.

Representación sin precedentes

Las fuerzas políticas con mayor relevancia a nivel nacional eligieron a dos mujeres para disputar la Presidencia de la República en un contexto en el que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo son encabezados por tres mexicanas: Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcela Guerra en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Ana Lilia Rivera al frente del Senado de la República.

De este modo, Morena, junto con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, estarán representados en las boletas por Claudia Sheinbaum, mientras que la alianza opositora, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, serán abanderados por Xóchitl Gálvez.

Actualmente, casi todos los órganos constitucionales autónomos, a excepción de la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tienen a una mujer como titular; de estos destacan el Banco de México, con Victoria Rodríguez Ceja y el Instituto Nacional Electoral, con Guadalupe Taddei Zavala.

De igual forma, nueve de las 19 secretarías de Estado y nueve de las 32 entidades federativas son dirigidas por mujeres.

En el presente sexenio, la Secretaría de Gobernación ha sido encabezada por dos políticas, la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, y la exsecretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján.

Esfuerzos retribuidos

La participación activa de las mujeres en la vida política del país es resultado de décadas de trabajo y activismo por parte de grupos y colectivos feministas, así como de diversos sectores de la población, los cuales han impulsado numerosas reformas constitucionales.

Tal es el caso de la reforma de paridad transversal aprobada en 2019, mediante la cual se modificaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna con el fin de incluir a las mexicanas en órganos que organizan la vida política, económica y social del país.

La aplicación plena de la reforma se llevó a cabo por primera vez en el proceso electoral 2020-2021 para garantizar que la mitad de los cargos públicos en los tres niveles de Gobierno (municipal, estatal y federal), en los tres poderes de la Unión y en los organismos constitucionalmente autónomos sean para mujeres.

“Nosotras y la gente en general tiene que reconocer esos esfuerzos que otras mujeres hicieron para que se abrieran esos espacios, es decir, la ley de paridad no hubiera sido posible si no hubiera habido mujeres en los 70 luchando por llegar a espacios de decisión como la Cámara de Diputados para votar una ley de esa naturaleza”, explica Montes Sylvan.

Sin embargo, menciona que, aunque las mujeres tienen una visión distinta del mundo, de procesar la información y de generar soluciones, esto no siempre se refleja en su ejercicio del poder.

“Creo que todavía se está haciendo un ejercicio demasiado masculino en los procesos, es decir, de cómo se manejan las situaciones, cómo se construyen las alianzas, cómo se fijan las agendas, todavía no vemos esa diferenciación, más allá de cumplir una cuota de género.

“¿Cómo el Senado va a ser diferente a partir de esto?, ¿cómo la Suprema Corte es distinta en sus juicios?, tenemos una gobernadora en el Banco de México, ¿cómo eso está haciendo una diferencia en el manejo de la política monetaria?

“El hecho de que las mujeres hayamos luchado tanto tiempo por los espacios públicos tiene que ver con que se percibía que habría una transformación y se tiene que empezar a notar”, manifiesta.

Ante las virtuales candidaturas de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, la analista explica que el cuestionamiento que se debería hacer la ciudadanía no es si México está o no listo para una mujer presidenta, sino preguntarse qué espera de un liderazgo femenino.

Rendición de cuentas, herramienta clave

Para la maestra en sociología política, Ytzel Maya, enfocar el debate sobre las virtuales candidaturas presidenciales del Frente Amplio por México y de la alianza oficialista a los perfiles de las aspirantes por ser mujeres es limitarlo a imposiciones sociales como los roles de género, por lo que afirma que debe priorizarse la exigencia de rendición de cuentas en los gobiernos actuales y venideros.

“Una mujer en el poder no significa precisamente una base feminista porque, además, me parece que eso es caer en el esencialismo y en cuestiones de las imposiciones de género: mujeres buenas, hombres malos, estas cajas de las que justo queremos salir, por eso creo que hay que apostarle a la exigencia de una rendición de cuentas, a la transparencia, al acceso a la información y a tener datos abiertos”, explica a Reporte Índigo.

Además de las propuestas de campaña y compromisos que las y los aspirantes a la Presidencia de la República asuman, a la ciudadanía le corresponde exigir resultados acordes a sus necesidades y derechos, así como lo es la seguridad o el acceso a la información. Foto: Especial
Además de las propuestas de campaña y compromisos que las y los aspirantes a la Presidencia de la República asuman, a la ciudadanía le corresponde exigir resultados acordes a sus necesidades y derechos, así como lo es la seguridad o el acceso a la información. Foto: Especial

No obstante, reconoce como avances importantes en cuanto a políticas de representación de mujeres el hecho de que el 6 de septiembre ocurrieran dos hechos relevantes: la despenalización del aborto a nivel federal por parte de la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, y la confirmación de que en la elección presidencial participarán una exfuncionaria y una senadora con amplias posibilidades de ganar.

“Estamos ante dos candidatas que, muy posiblemente, alguna de ellas sea presidenta, por lo que se esperaría ver una política de seguridad en la que se reviertan los daños causados por el prohibicionismo y la guerra contra las drogas”, manifiesta.

Los efectos de la guerra contra las drogas

Maya dice que la estrategia de seguridad implementada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, trajo consigo la militarización de la seguridad pública, por lo que aunque llegue una mujer al poder, si no hay una respuesta en contra de los efectos de la llamada “guerra contra las drogas”, el Estado va a continuar siendo militarista y patriarcal.

El informe “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”, de la organización México Unido Contra la Delincuencia (2021), señala que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina actúan de manera más violenta y arbitraria en comparación con las policías.

“Teniendo en cuenta que el Ejército y Armada de México tienen comportamientos más violentos, es importante destacar que las mujeres son las que más sufren de estos abusos. Durante el arresto, el porcentaje de mujeres que recibió maltrato por parte de elementos del Ejército (6.92 por ciento) o la Marina (6.23 por ciento) es mucho mayor que para el caso de la Policía municipal (1.26 por ciento), estatal (2.41 por ciento), federal (2.59 por ciento) y judicial (2.19 por ciento).

La politóloga destaca tres efectos de la estrategia de seguridad implementada en 2006 para que, quien llegue al poder en 2024 y en los años subsecuentes, lo ejerza con perspectiva de género.

“El primero es el desplazamiento interno forzado de población que tiene que irse de sus lugares de origen por la violencia y el crimen organizado; la crisis de desapariciones en México que es un problema muy importante que está focalizado, de acuerdo con los datos públicos, en mujeres que rondan de los 12 a los 18 años; la salud mental, en cuanto a la percepción de inseguridad y los daños económicos”, comenta.

Por último, Ytzel Maya apunta a la necesidad de que la persona que esté el frente del país voltee a ver las cárceles y las políticas punitivas con las que cuenta el sistema judicial, sobre todo la prisión preventiva oficiosa, una medida que afecta a las mujeres en su mayoría.

Liderazgos significativos

La reforma constitucional de 2019 para garantizar que la mitad de los cargos públicos sean ocupados por mujeres ha dejado como resultado un mapa político favorable en cuanto a la representación de las mexicanas en puestos clave de poder.

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