Las condiciones en las que falleció Elizabeth Montaño, activista trans y doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son un misterio a dos meses de su desaparición y hallazgo.

Activistas y defensoras de los derechos de las personas trans acusan que las autoridades han sido omisas y no han esclarecido su muerte debido a la discriminación que históricamente padece este sector.

Su temor tiene sustento. La Encuesta Sobre Discriminación (Enadis) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que el 72 por ciento de la población del país considera que los derechos de la comunidad trans no se respetan.

Elizabeth Montaño desapareció el pasado 8 de junio al salir de su trabajo en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México.

Diez días después, el 18 de junio, fue encontrada en un paraje de Huitzilac, Morelos, municipio cerca de la carretera federal México-Cuernavaca.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) informaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital que presuntamente Elizabeth se suicidó.

Sin embargo, no entregó el informe policial completo del caso ni tampoco se dio a conocer la apertura de la carpeta investigación, denuncian activistas.

A dos meses de la muerte de Elizabeth, miembros de la comunidad trans rechazan la versión del suicidio y acusan que las autoridades de Morelos violan el derecho a la justicia de la doctora al querer dar “carpetazo” al caso y calificar su fallecimiento como un suicidio.

Las inconsistencias

Marsha Beya Rubyn Ortiz, representante del Colectivo Orgullo Trans México y participante en el Protocolo para la Atención de las Personas de la Comunidad LGBTTTI+, en la Investigación de los Delitos de la FGJ local, afirma que conoció a Montaño durante 10 años y no tenía motivos para suicidarse.

“Amaba su trabajo y ayudar a la comunidad trans, nosotros rechazamos la versión de que se haya suicidado sin una investigación”, señala.

Explica que regularmente, las autoridades judiciales discriminan e invisibilizan a las trans incluso en su muerte.


Cuando encuentran el cuerpo de una de nosotras lo primero que hacen es decir que fue suicidio porque no quieren investigar, no nos ven como personas

Marsha Beya Rubyn Ortiz

Representante del Colectivo Orgullo Trans México

El informe “Violencia, impunidad y perjuicios. Asesinatos de personas LGBTTTI+ en México 2013-2017”, de la organización Letra S, afirma que en México las autoridades muestran renuencia y se niegan a investigar los transfeminicidios o crímenes de odio.

“Algunas fiscalías y autoridades ministeriales no solo no toman en cuenta la especificidad de la violencia en contra de las personas LGBTTTI+.

“Sino que hacen lo posible por negarla o por ocultarla, descartando de entrada las líneas de investigación del crimen de odio o por prejuicio por la mayor complejidad que presentan”, señala el documento.

Otro argumento para rechazar la versión del suicidio es que aún no se sabe qué sucedió durante los días que Elizabeth estuvo desaparecida.

“Supuestamente en la notificación que proporcionó la Fiscalía de Morelos a la de la Ciudad de México, la doctora tenía dos días de muerta cuando la encontraron. Si desapareció el 8 de junio y fue hallada el 18 de junio, qué pasó durante los ocho días antes de su muerte. Se puede tratar hasta de un secuestro”, menciona Marsha.

La activista añade que el hecho de que las autoridades de Morelos no entreguen el informe completo del fallecimiento de Elizabeth ni den a conocer la apertura de la carpeta de investigación, demuestra que no existe el interés de esclarecer el caso.

“No es nuevo que las autoridades de nuestro país, cuando muere una mujer trans, por discriminación e ignorancia prefieran cerrar el caso y decir que fue un crimen pasional o se suicidó”, menciona.

Lo anterior aún cuando, según la organización Transgender Europe, se registraron 337 casos de asesinatos transfóbicos en México entre enero de 2008 y septiembre de 2017.

Búsqueda de justicia para Elizabeth Montaño

El 8 de agosto pasado, ante la falta de información en el caso y a dos meses de la última vez que se le vio con vida a Elizabeth, el Colectivo Orgullo Trans México se manifestó frente al Centro Médico Siglo XXI para pedir justicia e hizo el llamado público a la FGEM a esclarecer el caso.

“Lo que pedimos es una investigación íntegra que revele qué sucedió. Y si de verdad se suicidó que nos expliquen cómo”, menciona Marsha Beya Rubyn Ortiz.

Hasta el momento no han tenido un acercamiento institucional con la FGEM debido a que la contingencia sanitaria por COVID-19 tiene parcialmente detenidas sus actividades.

Además, las reuniones mensuales de las activistas trans con la FGJ local como parte del Protocolo para la Atención de las Personas de la Comunidad LGBTTTI+, en la Investigación de los Delitos, han sido suspendidas desde marzo.

El protocolo es un mecanismo conformado por defensores de los derechos de las personas trans que asesora y colabora desde 2012 con los elementos de la FGJ en la persecución de delitos contra la comunidad.

Cuando se retomen las juntas de cada mes del protocolo, Rubyn Ortiz solicitará a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio de la ciudad, que exija a la FGJEM la carpeta de investigación sobre la muerte de Elizabeth Montaño y que, en caso de no entregarla, realice las indagatorias pertinentes.

Con muchas ganas de vivir

Elizabeth Montaño era una activista trans comprometida con la causa, con ganas de vivir y preparada académicamente, afirma la activista Marsha Beya.

“Se dedicaba a hacer foros, siempre defendió los derechos humanos y a la salud de las mujeres de la diversidad sexual. Era una gran profesionista, jefa de educación y salud en el Siglo XXI”, recuerda.

Marsha, quien conoció a Elizabeth durante 10 años, relata que ella siempre buscó garantizar el derecho a la salud de las mujeres trans.

“Traía ese proyecto de apoyar para reparar la salud de las trans modelantes que se sometieron a algún tratamiento para su apariencia y sufrían repercusiones. Quería que la salud de las personas trans fuera un derecho humano y también el apoyo psicológico”, dice.

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