De esta manera, las concesiones podrían alcanzar los 80 años y no los cien años como establece actualmente la ley. Foto: Cuartoscuro

Morena da albazo legislativo y aprueba reforma a la Ley Minera; así quedarían las concesiones de explotación

En un sesión nocturna que se extendió hasta la medianoche, Morena y sus aliados sacaron finalmente la reforma a la Ley Minera

Con dispensa de todos los trámites, diputados de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde aprobaron en un albazo legislativo la iniciativa de reforma a la Ley Minera y otros ordenamientos para reducir de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.

De esta forma, la duración total de la concesión podría alcanzar los 80 años y no los cien años como establece actualmente la ley. La minuta se remitió al Senado de la República.

En una sesión nocturna que comenzó casi a las 21:00 horas y con la crítica de las bancadas del PAN, PRI y PRD e incluso de MC, el partido en el gobierno aplicó su mayoría para sacar fast track la reforma, luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió por la mañana a las instalaciones del recinto de San Lázaro para reunirse con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y representantes del sector minero para conversar sobre la regulación de esa industria “en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua”.

¿Cómo quedó la reforma a la Ley Minera?

Al fundamentar el dictamen que se aprobó con lo general con 290 a favor, 186 en contra y una abstención, el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez aseguró que la iniciativa busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos mediante la regulación del otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para las actividades mineras, así como combatir el abuso de empresas privadas en la explotación de los bienes de la Nación.

Se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera; y la consulta previa al otorgamiento del título de concesión, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicana.

Sobre las concesiones mineras, Rodríguez González explicó que se contempla una duración de 30 años, de los cuales cinco son para actividades preoperativas y 25 para la explotación efectiva.

Al concluir los 55 años, el concesionario puede participar en la licitación del mismo lote por un periodo de otros 25 años; es decir, si cumple con todo lo que exige la normatividad del sector y garantiza el equivalente a la oferta más alta en el proceso licitatorio, pueden llegar a tener una concesión hasta de 80 años”.

Dijo que, además, se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica y en su caso a la concesión de agua para minería que obtenga previamente, atendiendo al espíritu de la Constitución en esta materia, que da prioridad al uso humano y doméstico del agua.

De igual manera, declaró Manuel Rodríguez, se establece la obligación de las personas concesionarias para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua y, en su caso, la restauración del recurso hídrico.

Además, se proponen reformas para que no se otorguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, y se prevé su cancelación en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, y contaminación que ponga en peligro los ecosistemas o la salud pública, obligando a informar sobre accidentes o incidentes graves en esta materia.

También se contempla en la propuesta una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos un 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada de la concesión.

Oposición votó en contra

En contra de la iniciativa, la diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca, solicitó una moción suspensiva, argumentando que la reforma desprotege a los pequeños y medianos mineros. La panista señaló que “lanzarán a este sector a los brazos del narcotráfico”.

El priista Ildefondo Guajardo, por su parte, indicó: “Esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa el 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos”.

Dijo que la minería mexicana perderá su potencial al dejar en manos del Servicio Geológico Mexicano la condición monopólica de la exploración. Señaló que la exploración minera por parte del capital de riesgo privado tuvo un costo 700 millones de dólares, mientras que el del Servicio Geológico Mexicano es de 50 millones de dólares.

Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el contenido solo beneficia “a la oligarquía minera”.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó que la discusión sea fast track. Aunque votaron a favor, cuestionó que la reforma no impone a las empresas mayores impuestos y dijo que la bancada naranja no es cómplice de los grandes empresarios mineros.

Nosotros no nos doblamos ante German Larrea ni ante Grupo México, no les aceptamos las canonjías, las migajas de estos oligarcas que han sacado al país impunemente”, manifestó.

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