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Reporte
Nacional

VETOPRESIDENCIAL

Modifican Ley 3de3

Imelda García

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto decidió realizar observaciones al artículo 32 de la Ley 3 de 3 y a otros 15 que se encuentran relacionados con esa disposición.

La decisión del primer mandatario ocurre después de la presión que hizo el sector empresarial para que se modificara ese artículo.


Jun 24, 2016
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“La presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción”

- Humberto Castillejos

Consejero jurídico de la Presidencia

“Inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos; y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones”

- Humberto Castillejos

Consejero jurídico de la Presidencia

“La Presidencia de la República ha escuchado con atención las voces que dicen que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones” 

- Humberto Castillejos

Consejero jurídico de la Presidencia

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto decidió realizar observaciones al artículo 32 de la Ley 3 de 3 y a otros 15 que se encuentran relacionados con esa disposición.

La decisión del primer mandatario ocurre después de la presión que hizo el sector empresarial para que se modificara ese artículo.

En sus fracciones B y C, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada por el Congreso de la Unión, señala que “Cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades federativas y los municipios”.

Y también que “Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.

Estas disposiciones incluirían a empresarios y sus empleados; beneficiarios de programas de gobierno; emprendedores que reciben algún apoyo; entre otros, lo que a juicio de los empresarios acarreraría tal cantidad de información que volvería inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción.

Castillejos sostuvo que el equipo jurídico de la Presidencia analizó detenidamente cuáles eran las implicaciones de este artículo en particular y se percató de que podía haber una afectación a los derechos humanos.

“La Presidencia de la República ha escuchado con atención las voces que dicen que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.

“También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos; y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros”, afirmó Castillejos.

El funcionario se dijo convencido de que tal como está, el artículo 32 representaba un obstáculo real en la operación del SNA.

Castillejos comentó que, para no atrasar aún más la promulgación de las leyes del SNA, el Ejecutivo envió ayer mismo las observaciones a la Comisión Permanente, que deberá convocar a un periodo extraordinario para discutir su propuesta.

La Presidencia de la República dejó sin modificar el artículo 29 de la Ley, que también era una demanda de la sociedad civil.

En dicho artículo se establece que los servidores públicos presentarán sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero solo se hará pública una versión.

Los ciudadanos y las bancadas del PAN y el PRD en el Congreso habían pedido al presidente Peña Nieto que modificara este artículo para hacer 100 por ciento públicas las declaraciones y establecer en la propia Ley el formato que debían presentar los funcionarios.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo decidió dejar intocado este artículo, por lo que ahora queda dispuesto que habrá solo la versión pública de las declaraciones y que será el Comité de Participación Ciudadana el que defina los formatos que deberán llenar los servidores públicos.
 

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