Los abusos y la falta de protección contra los migrantes que transita por México son una realidad.

En el discurso por los primeros dos años de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se han violado los derechos humanos de los migrantes. “Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar nuestro país sobre el cumplimiento de los derechos humanos”, dijo.


En la recomendación 50/2020, la CNDH documentó que personal del INM y la GN agredió a migrantes que intentaban ingresar al país por Chiapas

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentaron a lo largo de la actual administración desde agresiones físicas por parte de elementos de seguridad hasta falta de atención médica en medio de la pandemia de COVID-19.

Con base en la recomendación 50/2020, la CNDH reveló que entre el 20 y el 23 de enero de 2020 personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) agredió físicamente a migrantes que intentaban ingresar al país por Chiapas.

En el documento se establece que las víctimas refirieron que al cruzar el cauce del Río Suchiate o al caminar en compañía de sus hijos por la carretera federal a Tapachula, Chiapas, elementos del INM y la GN les arrojaron piedras y los golpearon con los toletes y escudos con el propósito de impedir su ingreso o avance por territorio mexicano, para ser detenidos y trasladados a una estación migratoria.

Aunque la CNDH resalta que la Ley de Migración otorga al INM facultades para verificar el ingreso y estancia regular de las personas extranjeras, mencionó la urgente necesidad de que los objetivos de dichas políticas así como en el actuar de las autoridades tengan presente el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en territorio mexicano sin importar su situación migratoria.

El segundo acontecimiento que denunció la CNDH fue el 22 de abril cuando registró que un migrante salvadoreño falleció en el hospital Enrique Cabrera de la Ciudad de México, con síntomas de COVID-19 debido a negligencia y omisión del INM, por no atender de manera temprana al hombre que una semana antes se encontraba en la estación migratoria de Tijuana, Baja California.

En la recomendación 34/2020 se expone que la unidad médica no contaba con un protocolo específico para la identificación de los probables casos de SARS-CoV-2 por lo que el reconocimiento de los mismos se realizó bajo el criterio de cada uno de los médicos adscritos a la estación migratoria.

En entrevista, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explica que decir que los migrantes en México tienen garantía de sus derechos humanos es una declaración sin matices en la que no se describe la realidad de más de 65 mil personas con solicitudes de asilo pendientes. Agrega que también se ignoran los delitos de los que son víctimas como extorsiones y secuestros.


Para las personas que esperan resolución en sus casos de asilo, las suspensiones del INM como de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados durante la pandemia hizo que fuera más largo y se dejó a las personas atrapadas en el sur esperando hasta un año si tener forma de movilizarse para buscar trabajo o seguridad social

Gretchen Kuhner

Directora del IMUMI

Migrantes durante una pandemia

El Informe sobre los efectos de la pandemia en las personas migrantes y refugiadas, realizada por varias organizaciones entre ellas el IMUMI, se califican como hechos graves y con consecuencias para la salud física y mental de los migrantes las acciones de detención y privación de libertad implementadas por el INM.

Estos efectos, muestra el estudio, se presentan en personas que al estar retenidas en las estaciones migratorias –sin posibilidad de salida– se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad ante la alarmante propagación del COVID-19.

“El riesgo de contagio en los lugares de detención migratoria se magnifica por las condiciones de inhabitabilidad que resultan inadecuadas para implementar medidas de prevención al contagio como el distanciamiento social, adecuada higiene y atención médica”, se lee en el informe.

“En el contexto de una pandemia mundial se debe poner en primer lugar salvaguardar la salud pública ante cualquier otra consideración. Para la población migrante se recomendó desde instancias internacionales no tener en condiciones de hacinamiento a las personas y en su lugar se hizo un llamado a promover el acceso a la salud sin miedo a correr el riesgo de ser rechazados porque no tienen una identificación”, agrega Kuhner.

Además, el análisis informa que desde 2019 alrededor de 66 mil personas fueron deportadas por Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” situación en la que miles de personas solicitantes de protección internacional se concentran en la frontera norte de México, específicamente en ciudades que reportan un alto índice de delitos y condiciones de pobreza.

Para proteger la vida, salud e integridad de la población migrante, las organizaciones enfatizan en la opción de liberar a las personas que aún se encuentran detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales a través de un mecanismo coordinado de alternativas a la detención así como suspender lo antes posible las detenciones para evitar riesgos de contagio por COVID-19.


Para proteger la salud de la población migrante, las organizaciones enfatizan en la opción de liberar a las personas que se encuentran en estaciones migratorias

En cuanto al abuso físico por elementos de seguridad, se llamó a garantizar que el personal conozca y respete los protocolos sobre el uso de la fuerza y sobre todo iniciar procedimientos sancionatorios a quienes cometieron abusos contra personas migrantes.

También puedes leer: Sueño incluyente, personas con discapacidad migrantes