El hallazgo de 19 cuerpos calcinados de migrantes centroamericanos en Tamaulipas vuelve a poner sobre la mesa los riesgos para esta población y la necesidad de revisar la política migratoria entre México y Estados Unidos, con la llegada del nuevo presidente Joe Biden.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) informó el hallazgo de los cuerpos en varios vehículos en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo, el 23 de enero pasado.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron encontrados en un vehículo incendiado, por lo que elementos de la policía estatal se trasladaron al lugar.

Información de medios locales refirió que se trataba de personas originarias de Centroamérica, la mayoría de origen guatemalteco y que pretendían llegar a Estados Unidos.


Ante el suceso, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH México, expresó que la falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes o rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos

“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares”, declaró Fernández.

Además, agregó que se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos, al considerar que es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), comenta que a pesar de que el tema de la migración ya fue mencionado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún falta atender las medidas para disminuir la migración de países como Honduras, El Salvador y Guatemala.

“Se ha dicho que ambos gobiernos (México y EU), quieren combatir las causas de la migración, si es así, tendría que trabajarse en una estrategia basada en la economía y en el aspecto social, saber cómo bajar los niveles de violencia en los tres países, pues ésta es parecida a la que se vive en México. Además, el sistema de procuración de justicia (mexicano) no es fuerte, es decir, si ocurre el delito no hay confianza en las instituciones porque hay mucha corrupción e impunidad y, por ende, la violencia aumenta”, explica.

De acuerdo con Kuhner, otro factor que orilla a los centroamericanos a optar por la migración son los estragos que dejaron los huracanes Eta y Lota.

Pasos pendientes para proteger a los migrantes

Entre las primeras acciones del presidente Biden se encuentra el regular la estancia migratoria en su país, no obstante, todavía existen pendientes para proteger a las personas que transitan por México y cuyo objetivo es llegar a la nación estadounidense.

“A su llegada, Biden anunció una propuesta de apoyar a Centroamérica con 4 mil millones de dólares a través de cuatro años, esa iniciativa y la de revisar los controles migratorios así como dar residencia permanente a más de 600 mil mexicanos que viven y trabajan allá y detener la construcción del muro son acciones positivas, sin embargo, puede que sean aún insuficientes para dar apoyo humanitario a los migrantes”, apunta Kuhner.

Al referirse sobre el trato del gobierno mexicano para atender la crisis migratoria, la directora considera que aún hay aspectos que son de terror para los centroamericanos.

“La política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prometió distinta, primero tenían un análisis para hacer un sistema migratorio regional, se quería ampliar el sistema de visas, porque si estás en Centroamérica resulta casi imposible poder ir a México a trabajar pero ya no se concretó.


Necesitan ser más accesibles en ese punto, darle la opción de trabajo a personas vulnerables que necesitan protección porque sus vidas corren peligro en sus países de origen

Gretchen Kuhner

Directora del IMUMI

Si las autoridades mexicanas no dan más opciones o involucran a la Guardia Nacional y militarizan el control migratorio en el país, generan una situación imposible para que las personas emigren; además, al no atenderlas en condiciones dignas, se les expone cada vez más a ser víctimas del crimen organizado, comenta Kuhner.

La experta señala que el Programa de Quédate en México no ha sido un acierto de la administración, sino que se ha tratado de un ambiente peligroso para las personas migrantes pues obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano mientras sus casos son atendidos por la autoridad en condiciones de precariedad, en poblaciones con presencia del crimen organizado y sin acceso a la seguridad personal. “Se dejó de lado la opción de recibirlos con protección humanitaria”, apunta.

En el contexto de la pandemia y ante el anuncio de una nueva caravana con aproximadamente 3 mil personas de origen centroamericano y su disolución en Guatemala, organizaciones civiles expusieron su preocupación sobre el actuar de las instituciones para detener el nuevo arribo de migrantes a México.

Exigieron al gobierno mexicano garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito y manifestaron la necesidad de brindar apoyo legal de “condición de refugiados” para las personas. Además, reiteraron que las Fuerzas Armadas no cuentan con la capacitación en atención para este grupo vulnerable.

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