Desarrollo, ¿a qué precio?
En México, a causa de diversos factores como la corrupción, entes fiscalizadores débiles y una legislación laxa, no se ha podido empatar el desarrollo económico con el respeto a los derechos humanos de los grupos más vulnerables.
J. Jesús Lemus
Algunas empresas mineras han hecho de las policías su principal fuerza de seguridad contra las manifestaciones
La intención es que se modifiquen las conductas y programas de desarrollo
Un grupo de organizaciones civiles solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU documentar las agresiones de algunas empresas a los grupos más vulnerables
En México, a causa de diversos factores como la corrupción, entes fiscalizadores débiles y una legislación laxa, no se ha podido empatar el desarrollo económico con el respeto a los derechos humanos de los grupos más vulnerables.
En todo el país saltan casos donde la constante son los patrones de violaciones y abusos por parte del Estado y de las empresas impulsoras del desarrollo.
El energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria y la maquila son los sectores económicos en donde se registran los mayores abusos a las comunidades, en aras de un desarrollo que no sólo no llega a los más necesitados, sino que sume más en el abandono a los que menos tienen.
Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado de manera conjunta por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.
Estas ONGs han solicitado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU –que realiza una visita oficial a México– que documente ese tipo de agresiones.
Fernanda Hopenhaym, subdirectora de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), detalló que la petición se hace con base en 67 casos documentados de violaciones y de abusos a los derechos humanos, para que desde esa instancia se haga a su vez una recomendación a las autoridades y empresas globales de México.
La intención, dijo Hopenhaym, es que se modifiquen las conductas y programas de desarrollo.
El estudio, que ya fue entregado a la ONU, tiene por objetivo dar una perspectiva de la situación real en la que operan las empresas y el mismo Estado sobre la afectación a los derechos humanos en las comunidades más marginadas a nivel nacional.
Este es el primer análisis en ese sentido que se realiza en México.
En él, se contrastan los avances legislativos y las políticas públicas que promueve el gobierno mexicano frente a la realidad que viven decenas de comunidades marginadas.
Además, expone la crisis que en materia de derechos humanos se vive en México, en donde resalta la marginación a la distribución de la riqueza.
Esto, explicó Hopenhaym, convierte a México en un país desigual, como resultado de la falta de congruencia entre el marco legislativo y la operatividad de las empresas generadoras de desarrollo.
La desigualdad
De acuerdo a un informe reciente de la organización Oxfam México, cerca de 4 millones de los mexicanos concentran cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que más de la mitad de los habitantes del país permanece en la pobreza.
En la mayoría de los casos, la forma en la que esa minoría se ha hecho de la riqueza del país no es clara, revela el estudio “México: Empresas y Derechos Humanos”, realizado por la Coalición de
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ahí, refiere que muchas empresas que operan en México actúan en un entorno de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad.
“En algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”, refiere el documento llegado a la ONU.
Los abusos de las empresas
De todos los casos de violación de derechos humanos que cometen las empresas desarrolladoras frente a las comunidades naturales en donde se asientan, es el de la minería e industria cementera el que más se agudiza en el territorio nacional.
El estudio entregado a la ONU revela que en ese sector se han documentado 11 agresiones graves en lo que va de este año.
En el renglón de Energía (hidroeléctricas y energía eólica) hay 8 agresiones a los derechos humanos de comunidades completas. Otros 9 casos se atribuyen a empresas de hidrocarburos; 8, son responsabilidad de empresas de construcción e infraestructura (acueductos, carreteras, puertos y aeropuertos); 6, a empresas del sector agroindustria y forestal; 5, a inmobiliarias; 4 a empresas del ramo electrónico, y otros 10 a otros sectores.
Las principales agresiones que se han documentado de las empresas contra el derecho de las comunidades son en relación al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), falta de acceso a la información (28), abusos al derecho al medio ambiente sano (22 casos), impactos negativos a la salud (17) y falta de cumplimiento de los derechos indígenas (17 casos).
De esas agresiones, en el 52 por ciento de los casos hubo de por medio diversas formas de intimidación y amenazas contra los opositores a los proyectos empresariales.
El caso más destacable es el de los asesinatos de Ismael Solorio y Manuela Martha Solís Contreras, y se responsabilizó a la Minera Cascabel y/o Minera Pozo Seco y/o Minera los Lagartos, subsidiarias de minera canadiense Mag Silver.
Policías municipales,guardias blancas
De acuerdo al análisis presentado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, una de las razones por las que crece el abuso de las empresas privadas y el Estado sobre las comunidades que reclaman la defensa de la tierra, el agua y su medio ambiente, es la influencia corporativa en todos los niveles de gobierno.
En ese sentido, refiere el análisis, se han documentado casos en donde con la finalidad de proteger los proyectos empresariales o para resguardar la maquinaria de dichas empresas, los gobiernos locales lanzan a la fuerza pública contra la ciudadanía.
Juan Manuel Gutiérrez, integrante del grupo Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray
Juan de Larios”, detalla que hay casos, como el de Chiapas, en donde empresas como Black Fire Exploration no sólo se han valido de la fuerza pública municipal para sofocar manifestaciones en contra de proyectos mineros, sino que las policías municipales han sido emisarios para amenazar a los líderes de los movimientos inconformes.
De la misma forma ha ocurrido en Sonora, con la empresa Mineras del Desierto que usan a las policías locales para cometer detenciones arbitrarias contra los que se oponen a sus proyectos extractivos y a la desviación de los cauces acuíferos para utilizarlos en actividades industriales.
El uso de la fuerza pública municipal se replica por todo el territorio nacional, dijo Ludmila Gallegos, integrante de Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), lo que ha hecho que las policías sean las principales entidades sobre las que pesan denuncias por violación de derechos humanos.
Infraestructura dañina
En el ramo de la infraestructura y la construcción, las empresas más señaladas son Foster & Partners; FR-EE y constructora Cypsa Vise, las que están encargadas del proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de la México, donde líderes comunales han denunciado intimidación y amenazas, muertes, lesiones, detenciones arbitrarias y violencia sexual, contra trabajadores.
En el estado de Jalisco, por el caso de la Presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo-León, se ha señalado a las empresas FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y ABENGOA, La Peninsular y Grupo Hermes, de afectar a toda una comunidad al alejarla de la posibilidad de un medio ambiente sano, el agua, la alimentación, la vivienda, la participación, la seguridad personal, la cultura y el al acceso a la justicia.
Un caso similar es de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, frente a la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, donde se responsabiliza a las empresas Grupo Higa, operada por Constructora Teya y Autopistas de Vanguardia, de intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias a los opositores a la obra.
El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, en San Lorenzo Huitzizilapan, Estado de México, han referido que las empresas Zimbra y Autovan, esta última filial de Grupo Higa, han violentado los derechos elementales de la comunidad indígena al desarrollar un macro proyecto de construcción e infraestructura para el sector inmobiliario.
La paraestatal Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), ha sido señalada de afectar el medio ambiente en su intención de ampliar la infraestructura portuaria, en donde no solo se ha registrado la falta de acceso a la información, sino también se atenta contra la vida digna al realizar trabajos en áreas ecológicas protegidas.
A las empresas Grupo Desarrollador Caseoli, Ingeniería Gestoría y Supervisión, y Consultora
Mexicana de Ingeniería, se les atribuyen responsabilidades sociales por parte de los habitantes del Valle Tuxpango, que se oponen a la ejecución del Proyecto Periférico Córdoba-Orizaba, donde refieren intimidación y amenazas, además de acceso a la información de la obra.
Lo mismo se ha señalado de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, encargada de la obra Supervía Poniente de la ciudad de México, y de los consorcios PROCDMX, Artha capital y Marcella, promotores del Mega Proyecto de coinversión Ciudad Futuro o Parque de la Innovación, donde se ha atentado contra la propiedad privada y el medio ambiente.
Abusos a indígenas
En el Estado de México, los defensores del bosque en San Francisco Magú han denunciado a la inmobiliaria Merket Construcciones, por abuso a los derechos indígenas, a la autonomía y al agua, de la misma forma en que las inmobiliarias Vivienda Leo y Grupo HIR han hecho en la Ciudad de México con el proyecto del Parque Reforma Social.
En Morelia, Michoacán, también se han denunciado agresiones sociales por parte de las empresas Tradeco Infraestructura, RYMSA Infraestructura Carretera, Proacom México y Constructora FELUXA, las que tienen a su cargo la construcción del libramiento sur de Morelia “Loma de Santa Maria”, en donde se han registrado agresiones, amenazas e intimidación contra los oponentes a la obra que afectara una parte ecológica de la ciudad.
Contra los ríos
De acuerdo al estudio en referencia, otro de los renglones en donde las ansias de desarrollo económico han pasado sobre los derechos de la colectividad, es el que se refiere a la operatividad de los parques industriales, los que tienen su principal impacto negativo en la contaminación de ríos y cuencas acuíferas.
Empresas del ramo alimenticio, textil, químico, petroquímico, automotriz, papelero, farmacéutico, metalmecánico y siderúrgico, son las que se mencionan con el mayor grado de desafío para regular su actividad, a fin de que no dañen los derechos las comunidades al acceso a un entorno saludable.
Los ejemplos de contaminación más alarmantes que ha encontrado el grupo de la sociedad civil que pide la intervención de la ONU, se ubican en Puebla y Tlaxcala, donde la operatividad de las plantas de Pemex ha ocasionado una devastación socio ambiental en el rio Atoyac.
También el Rio Santiago, en Jalisco, se encuentra por demás dañado como resultado de la operatividad de más de 300 industrias que se ubican sobre el corredor industrial Ocotlán-El Salto, donde los agravios van desde la afectación a la salud, la vida y el medio ambiente, hasta la intimidación y amenazas contra los defensores de la ecología.